La Cámara Nacional Electoral (CNE) de Argentina lanzó una dura crítica al Gobierno de Mauricio Macri por mantener el recuento provisorio de los votos de las próximas elecciones bajo su control, sin permitir la intervención de este tribunal, responsable de supervisar los comicios.
La Cámara propuso en enero la implementación de «una serie de medidas para el fortalecimiento del proceso electoral» que incluían un escrutinio provisorio «alejado de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional» ante la falta de sanción en el Congreso de un proyecto de ley, impulsado por el oficialismo, para reformar los procesos electorales.
Una de las sugerencias proponía un mecanismo de escrutinio provisorio distinto al que realiza el Poder Ejecutivo, que este año convocó un concurso privado a través de la empresa estatal Correo Argentino, cuando lo habitual es que sea el Ministerio del Interior el que lance una licitación pública.
El recuento de votos de las próximas elecciones primarias del 13 de agosto, así como los de los comicios legislativos del 22 de octubre, fueron asignados finalmente a la empresa española Indra, que desde 1997, sin excepción, gana todos los contratos que se realizan para el escrutinio de las elecciones nacionales que se celebran en este país.
Las propuestas de la CNE no requerían «un presupuesto significativo en relación al total asignado», ni conllevaban «la intervención de ninguna empresa privada», dijo el tribunal este martes.
En su acordada 2-2017 presentada en enero, la Cámara Electoral también propuso «un sistema de trazabilidad en tiempo real del material electoral» sin que el Gobierno de Macri acogiera el pedido, «lo que aún se aguarda desde el tribunal».
En consecuencia, «la justicia electoral seguirá sin intervenir en el escrutinio provisorio» de las elecciones de este año, aun cuando tiene a su cargo «las operaciones atinentes a su diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión de los resultados» y la «contratación de prestadores de servicios a tales efectos».
La justicia electoral tiene un juzgado en cada una de las 24 jurisdicciones del país (23 provincias y el distrito capital), y la Cámara Nacional Electoral es la máxima autoridad en esta materia.
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