LA IZQUIERDA POLÍTICA INTENTA LIMITAR EL PODER DE LAS GRANDES EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES.

El Partido Socialista (PS), con la firma de Libres de Sur (LdS), presentó un anteproyecto de ley. Se trata del primero que apunta a regular las comunicaciones convergentes en la Argentina y tiene como objetivo –entre muchos otros- federalizar las distintas instancias de comunicación en el país y limitar el ingreso de las empresas de telecomunicaciones a la hora de entrar a localidades de menos de un millón de habitantes para dar servicio de TV por cable para proteger a Pyme y cooperativas.

Martín Becerra (UBA, UNQ, Conicet) es uno de los especialistas en TIC del PS llamados para realizar la redacción de esta propuesta (junto a Danilo Lujambio y Guillermo Mastrini) y cuenta que la idea surgió de una promesa incumplida del gobierno nacional, la de presentar un proyecto de comunicaciones convergentes para reemplazar a la denostada y parcialmente modificada ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (conocida vulgarmente como “ley de Medios”, fue promulgada durante el mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2009). “El gobierno no cumplió su promesa de que iba a haber un debate en el Congreso y mientras tanto sigue decretando modificaciones a regulaciones de telecomunicaciones”, puntualiza el docente universitario.

 

En la presentación estuvieron presentes la jefa del bloque del PS, Alicia Ciciliani, junto a los diputados Hermes Binner, Lucila Duré y Gabriela Troiano (por el PS); Federico Masso (LdS) y la senadora Magdalena Odarda (CC), así como los especialistas Becerra, Lujambio, la escritora Beatriz Sarlo y Héctor Polino, de la ONG Consumidores Libres.

Entre los 10 puntos presentados están la regulación audiovisual, la de las telecomunicaciones, de conectividad a Internet y de la empresa Arsat. En este sentido, la propuesta incluye a los servicios de TV abierta y de pago (por cable y vía satélite); la radio AM y FM; la telefonía fija y móvil; las comunicaciones de Internet y los servicios audiovisuales Así, legisla sobre los servicios de televisión abierta y de pago (cable y satélite); la radio (AM y FM); la telefonía fija y móvil; las conexiones a Internet y los servicios audiovisuales conocidos como OTT (como Netflix).

“Queríamos salir del debate de 2009, que quedó empañado y reducido al enfrentamiento entre el Gobierno y un grupo de medios”, explicó Ciciliani al abrir la conferencia, de acuerdo a lo consignado por el portal El Parlamentario.

En este sentido, la diputada mendocina Graciela Cousinet (LdS), parte de la Comisión de Comunicación e Informática, menciona que “teníamos críticas a la ley anterior porque estaba dirigida a atacar un medio y además no se ejecuto, pero rescatamos que fue debatida por amplios sectores de la sociedad y quisimos retomar su espíritu antimonopolio”. “La comunicación es un derecho humano y no puede estar regido solo por el mercado”, agrega.

Desde el PS destacan además el carácter federal del anteproyecto. Por un lado proponen que el 48% de la empresa satelital estatal Arsat pase a ser propiedad de las provincias (algo que no fue definido en la ley de Desarrollo de la Industria Satelital Argentina aprobada en 2015). Es vital para el desarrollo territorial para un país tan asimétrico, las provincias no pueden quedar supeditadas a lo que decida un funcionario del poder ejecutivo de turno sobre cuestiones sobre la conectividad de localidades argentinas”, argumenta Becerra.

Que las empresas públicas de telecomunicaciones puedan brindar servicios de comunicación audiovisual fue uno de los puntos más debatidos: tanto así que en la LSCA se convirtió en condición para conseguir votos (Pino Solanas y Cladio Lozano) y finalmente se prohibió, mientras que un decreto del presidente Macri de fines del año pasado le dio luz verde (para 2018). El anteproyecto socialista propone regular de acuerdo a la cantidad de habitantes de las localidades: se prohíbe que lo hagan por aire (vía espectro radioeléctrico) pero permite que sea por “vinculo físico” (cable) en localidades de más de un millón de habitantes, y pone un compas de espera de tres años en las de más de 400.000 y de cinco en las de más de 80.000. ¿El motivo? Proteger la industria local y permitir que empresas Pyme y cooperativas puedan comenzar a brindar estos servicios que estuvieron prohibidos por mucho tiempo, desarrolla el especialista consultado.  “Sería abrir el juego a un nucleo muy dinámico de cooperativas y empresas que son fuente de empleos y jugadores sociales y culturales fundamentales en pequeños centros geográficos del país”, dice. La idea, sigue, es evitar que “el proceso de convergencia tecnológica regulado por ley no considere la asimetría del país”. Se inspira, en parte, en leyes como la mexicana, en donde se aplica “una ley bastante convergente”, al decir de Becerra.

Además, la ley exige a los proveedores de contenidos audiovisuales OTT, como Netflix y Amazon, que el 1% de lo que ofrecen sea de producción nacional.

Según todos los consultados, el objetivo detrás de la presentación de este proyecto es “ponerlo en la agenda” y que “se discuta en la Cámara de Diputados”. “Creemos que es un proyecto perfectible”, dice Cousinet. “Es un proyecto respetuoso de estándares americanos de libertad de expresión que no regula la línea editorial de los medios, se trata una propuesta muy garantista de la diversidad de opiniones”, resalta Martín Becerra.

El documento está publicado en el sitio web del CEMUPRO (Centro de Estudios Municipales y Provinciales), donde puede leerse completo.