La búsqueda que hicimos en el registro del INPI respondió a una de las hipótesis que giran alrededor de la presencia de Thiel en Argentina: vino a hacer negocios. A pesar de que era esperable la inscripción de la marca, haber garantizado que nadie más utilizara su nombre en el país cuatro años atrás abrió una pregunta: ¿hubo otro antecedente?
Una búsqueda avanzada en Google con filtro de fecha arrojó un primer resultado inesperado. El 8 de septiembre de 2017, el diario Perfil publicó una nota titulada “AMIA: impulsan un contrato con una firma vinculada a la CIA que espió en el país”. El texto, firmado por Aurelio Tomás, revelaba que Palantir quería quedarse con la digitalización de los archivos secretos de esa causa. Se trataba de una iniciativa impulsada por el entonces Ministerio de Modernización del gobierno de Macri, a cargo de Andrés Ibarra, en un acuerdo con el Ministerio de Justicia de Germán Garavano.
El tema parecía estar avanzado. Según confirmó Tomás, el 13 de abril de aquel año un directivo norteamericano de la empresa de Thiel había viajado hasta Argentina para realizar, en el Ministerio de Modernización, un “demo” ante la Unidad Fiscal de Investigaciones AMIA (UFI AMIA). “Los fiscales mostraron preocupación porque están en juego archivos secretos”, contó el artículo. Además, los productos informáticos de Palantir “fueron mostrados a otras instancias sensibles del Estado, como la Unidad de Información Financiera (UIF)”.
Durante la investigación accedimos a un documento que presentó la UFI-AMIA para acompañar el reclamo de la organización y a la sentencia. La Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) llevó el caso a la Justicia. La organización pidió la inconstitucionalidad del Decreto 229/7, que había empoderado a la Unidad Especial AMIA (UEI-AMIA) en el manejo de los archivos. El organismo funcionaba en la órbita del Ministerio de Justicia y era señalado como el impulsor de las gestiones con Palantir. Los jueces de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia rechazaron el reclamo, pero establecieron que la UFI-AMIA debía conservar el control exclusivo del relevamiento, manejo y custodia de la documentación. Así, el intento de Thiel por administrar una de las bases de datos más sensibles de la historia reciente se diluyó.
Hablamos con Mario Cimadevilla, que estuvo al frente de la UEI-AMIA. En mensajes por escrito de WhatsApp, dijo que la gestión fue originada por la cartera conducida por Ibarra. También confirmó que hubo una reunión con Palantir, pero no en Buenos Aires. Aseguró que del 7 al 12 de enero de 2017 Adolfo Athos Aguiar, un abogado de su equipo que falleció en 2019, y “representantes” de Modernización y de Justicia viajaron a Londres.
Cimadevilla nos escribió: “Fueron a un evento de presentación y análisis de soluciones en materia de inteligencia, análisis de datos, procesos de discovery y documentación. Y asistieron a una demostración en las oficinas de Palantir, en Soho Square”. Ibarra, por su parte, contestó con un brevísimo mensaje de audio diciendo que no recordaba “nada” de toda esta historia ni de ningún vínculo con Palantir.
La cronología comienza a ser más clara: primero Thiel intentó quedarse con los secretos de una de las causas más oscuras de la historia de este país. Después registró formalmente su empresa. Y luego se mudó a Buenos Aires.
Los abogados de Thiel en Buenos Aires
Marcos Cardoso es un abogado recibido en la UBA, con un posgrado en derecho aduanero y un máster en derecho en Northwestern University de Chicago. El momento más destacado de su carrera profesional, según su LinkedIn, fueron los años que pasó, entre 2010 y 2018, como letrado principal y encargado de las relaciones gubernamentales para todo el cono sur de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como la iglesia mormona.
Eso cambió. “No podemos hablar de nuestros clientes”, fue la primera reacción de Cardoso cuando este medio se comunicó con el teléfono que aparece en la página del estudio MRQ Abogados. La respuesta fue llamativa: nadie había hablado de ningún cliente.
— No sabíamos que Thiel era su cliente. Nos comunicamos por Birkdale Emprendimientos, la empresa que compró la casa en la calle Dardo Rocha.
—Tampoco —dijo Cardoso luego de un silencio pronunciado—. No podemos decir nada respecto de nada. No tenemos autorización. Tampoco dije que fuera cliente. Lo que digo es que no podemos hablar de nadie, sea o no sea cliente. Es un tema del que no tengo nada para decir.
MRQ Abogados apareció en el radar de forma sencilla al buscar “Dardo Rocha 2928” en el Boletín Oficial. Birkdale Emprendimientos S.A.U. era la única empresa que aparecía radicada en ese domicilio. Había sido constituída el 2 de julio de 2025 por Martín Rodrigo Quintanar, el fundador del estudio. Su socio, Cardoso, había sido designado como síndico titular. La sociedad, según consta en el documento, tenía por objeto desarrollar actividades inmobiliarias y celebrar contratos de fideicomiso.
Existen oficinas en el microcentro porteño que funcionan como “presta-domicilios” y que pueden registrar a decenas de sociedades sin necesidad de vinculación. Sin embargo, eso no suele pasar en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Las siguientes resoluciones publicadas en el Boletín Oficial lo confirmaron.
Con el correr de los meses, Birkdale Emprendimientos hizo distintos movimientos: incrementó su capital (que comenzó en $30.000.000 y llegó a $236.275.000), se convirtió en una Sociedad Anónima y más tarde en una Sociedad de Responsabilidad Limitada e incorporó como accionistas a dos empresas estadounidenses: Birkdale Haven LLC y Ceylon Holdings LLC. La última asamblea de la firma se celebró el 29 de abril de 2026, ya con Thiel en Argentina.
En internet no hay rastros de Birkdale Emprendimientos. No existe un sitio web con ese nombre, una cuenta en redes sociales o un número de contacto. También resulta imposible rastrear a qué se dedican Birkdale Haven LLC y Ceylon Holdings LLC. Con la información pública sólo se podía saber que hay una relación entre los abogados del estudio MRQ, las empresas y la mansión, aunque sin mayores precisiones.
Un trámite regular presentado ante el Registro de la Propiedad Inmueble sirvió para ordenar el rompecabezas. A 49 días de haberse constituido, el 20 de agosto de 2025, Birkdale Emprendimientos compró la casa ubicada en Dardo Rocha 2924/28 por el valor de US$13.500.000. La operación se concretó mediante la escritura N° 167 ante la escribana Claudia Beatriz García Cortínez.
Con el documento aparecieron nuevas inquietudes. ¿Quintanar y Cardoso eran los propietarios legales de la mansión o simplemente intermediarios? A través de solicitudes de información presentadas ante la Inspección General de Justicia (IGJ) se destaparon los verdaderos personajes detrás de la operación. Son dos nombres fuertes del tecnomagnate: David Wheelock, general counsel de Thiel Capital, y Will Tipton, chief financial officer.
Según se informó ante el Registro Público de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la IGJ, Wheelock es el máximo responsable de Birkdale Haven LLC y Tipton su director financiero. La firma se constituyó en Estados Unidos en febrero de 2025 y es propiedad de Lorien Holding, una sociedad radicada en Delaware.
Para realizar gestiones en Argentina, Birkdale Haven designó a Quintanar como su representante legal. Además, para que lleven a cabo actuaciones en el ámbito nacional, provincial o local, se autorizó a otros seis abogados: Cardoso (quien atendió nuestra llamada), Sergio Darío Restivo, Mercedes Lespiau, Natalia Paola Florido, Javier Fernando Gabarain y Francisco Pablo Restivo.