La madre de un desaparecido federaense contó que el ex capellán de la Armada, Emilio Graselli, tenía una lista con nombres de desaparecidos: «Me dijo que sabía que estaba en una comisaría, pero no me dijo cuál». Y señaló que luego la hizo echar de la iglesia con los militares.
Briozzi: «Graselli tenía una lista de nombres y estaba mi hijo. Me hizo sacar con los milicos, porque le dije tantas cosas…». (Foto: F. Martínez)
LA PLATA.- La madre de un desaparecido aseguró hoy en el Juicio por la Verdad que el ex capellán de la Armada, Emilio Teodoro Graselli, tenía una lista con nombres de personas desaparecidas, entre las que estaba su hijo, y que le dijo que lo buscara «en una comisaría».
La vinculación de Graselli con la represión ilegal no es nueva. La Cámara Federal de esta ciudad ya lo interrogó dos veces y secuestró el fichero con más de dos mil piezas que el sacerdote había elaborado con datos propios y de los familiares que iban a consultarlo a la capilla Stella Maris, en la Capital Federal, sobre el destino de los seres queridos.
La declaración que brindó hoy Nilda Briozzi, (foto de arriba, a la izquierda), de 73 años, aporta aún más datos contra el clérigo: la existencia en su poder de una lista de desaparecidos y el conocimiento que tenía sobre el lugar de detención de cada uno de ellos, dos circunstancias que negó rotundamente las dos veces que fue citado por el Tribunal.
Briozzi es la madre de Eduardo Roberto Bonín, un obrero de Astilleros Río Santiago que fue secuestrado en La Plata el 23 de febrero de 1977 en el consultorio odontológico de Norma Campano, en la calle 33, entre 24 y 25. En esa oportunidad los represores se también llevaron a Elena de la Cuadra y a su esposo, Héctor Baratti; a la odontóloga y a su marido, Pedro Campano, y a Humberto Fraccaroli. Todos permanecen desaparecidos.
La familia Bonín, oriunda de Federación, provincia de Entre Ríos, se movilizó entonces a La Plata para realizar gestiones por la búsqueda de Eduardo. «Vine, e hice un montón de habeas corpus —la Cámara cuenta con tres en el expediente— y hasta me dijeron que pudo haber estado en la Unidad 9 de La Plata», aseguró Briozzi.
Y luego mencionó al secretario del ex vicario castrense Adolfo Tortolo. «Graselli me dijo que sabía que (Eduardo) estaba en una comisaría, pero no me dijo cuál. Fui después y me dijo que no estaba más ahí», contó. Y luego añadió: «Graselli tenía una lista de nombres y estaba mi hijo. Me hizo sacar con los milicos, porque le dije tantas cosas…», recordó. El juez Leopoldo Schiffrin acotó: «Graselli negó lo de las listas. Vamos a ver si hacemos una confrontación», aunque no aclaró si se refería a un careo.
Briozzi indicó que, tras visitar al cura, fue hasta el Destacamento de Arana, sede de un centro clandestino de detención, en las afueras de La Plata: «Me dijeron que ahí no estaba». Según el libro Memoria Debida, el joven Eduardo Bonín fue visto allí.
Siete sobrevivientes que declararon en el Juicio por la Verdad lo ubicaron a mediados de 1977 en los centros clandestinos que funcionaron en las comisaría 5° y 8° de esta ciudad.
La mujer también dijo que su otro hijo, Alcides Ernesto Bonín, estuvo secuestrado durante la última dictadura. Alcides, narró, fue interceptado cuando viajaba a Buenos Aires y pasó quince días detenido ilegalmente en un lugar cercano a un aeropuerto. Después de su liberación, vivió un tiempo en Florencio Varela y después se exilió en Suecia, donde hoy reside.
En esta misma causa declaró el primo de los Bonín, Néstor Petrauzkas. Contó que los hermanos vinieron de Federación a vivir a la casa de su tío Héctor Gómez, que reside en Berisso, al este de La Plata, y también era obrero de Astilleros Río Santiago.
Petrauzkas aseguró que, tras la desaparición de Eduardo, Alcides se fue a vivir con él a su casa de Monte Chingolo, en el Gran Buenos Aires. A esa altura, el sobreviviente trabajaba en «una empresa de gas». Según contó el testigo, los hermanos dejaron Astilleros antes del golpe de Estado porque se sentían perseguidos.
También señaló que, cuando lo liberaron, Alcides se presentó en la casa de su tío Héctor Gómez: «Apareció semidesnudo, golpeado, herido. No podía hablar bien, no podía comer. Contó que lo dieron por muerto y lo tiraron en un camino», señaló Petrauzkas.
¿QUIÉN ERA «EL NEGRO» BONÍN?
Eduardo tenía 28 años y trabajaba en Astilleros y era delegado. Estaba casado con Zulema. Militaba en el partido comunista.
Fue secuestrado el 24 de febrero de 1977 a eso de las 20:30, cuando se encontraba con otros compañeros en el consultorio odontológico de la doctora Norma Estela Campano, ubicado en la calle 33 entre 24 y 25, en La Plata. Hubo un inmenso operativo donde se rodeó a toda la manzana, se ocuparon las azoteas de las casas vecinas y las casas en frente del consultorio. La policía intimó a que salgan los que estaban en el consultorio, y así lo hicieron. Fueron inmediatamente subidos a los patrulleros, que tenían identidad de la Policía de la provincia de Buenos Aires algunos, y que partieron con rumbo desconocido. Entre los secuestrados estuvieron Elena De La Cuadra, Héctor Baratti, Eduardo Bonín y Humberto Fraccaroli. Los cuatro fueron llevados a la Comisaría 5a de La Plata. Eduardo permaneció con Héctor y Humberto hasta el final.
En julio de 1977 fueron vistos en la Comisaría Quinta por Luis Velasco. Los vio con la misma ropa con que habían sido secuestrados en Febrero, unas remeras de mangas cortas, aunque para entonces era invierno y hacía frío. Ellos todavía no sabían en que comisaría estaban.
Según Velasco, estaban en una celda grande y húmeda en la que no había absolutamente nada, ni colchones ni papeles ni nada. Cada siete o nueve días abrían la puerta y tiraban un balde con agua y acaroína, cerraban la puerta y los dejaban con todo el piso lleno de agua con acaroína. Los presos tenían que secar el suelo empujando el agua hacia afuera o secándola con sus propios calzoncillos. Les daban comida, pero a veces al verlos comer les pegaban. Los sacaban al baño muy arbitrariamente, a veces cuando pedían, otras veces cada dos días. Los tres estaban seguros que los iban a matar.
Alrededor de junio de 1978 los tres fueron trasladados a la Comisaría Octava de La Plata. Allí estuvieron con Diego Barreda del 19 de septiembre al 10 de octubre de 1978. También fueron vistos en octubre de 1978 por Cecila Vázquez y por Juan Frega. Según ellos, los tres estaban muy deteriorados, en su ropa y en la flacura que tenían. Trabajaban con migas de pan y leían todo lo que podían, incluyendo los diarios del piso.
Barreda fue legalizado el 10 de octubre. Al día siguiente le preguntó a una persona que trabajaba en la comisaría por Eduardo y los otros muchachos y éste le dijo que no y bajó la cabeza. Barreda interpretó esto como queriendo decir que habían sido fusilados. Nunca más se supo de ellos.
“Soy hermana de un desaparecido y hasta el día de hoy me pregunto dónde está. No quiero pensar que no está vivo. Con la ilusión de volver a verlo me gustaría saber por alguien que fue de su vida, si alguien lo conoció por favor que me escriba”.
“Soy de Federación, Entre Ríos, Argentina. El nombre de él es Roberto Bonín, le decían «el Negro». También me gustaría saber algo de una amiga que él tenía, le decían «la Pecosa», tenía un nene que no sé si era de ella o de un amigo. En el 77 tendría unos 12 años, se llamaba Pablo, nosotros le decíamos Pablito. Si alguien sabe algo por favor que me escriban”.
¿QUÉ FUERON LOS JUICIOS POR LA VERDAD?
El 21 de abril de 1998 la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dictó la resolución 18/98, a pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata, declarando el derecho de los familiares de las víctimas de abusos del Estado ocurridos en el último gobierno de facto (1976-1983) de conocer cuáles fueron las circunstancias de desaparición y en su caso, el destino final de sus restos.
Para ello se designó a los doctores Julio Víctor Reboredo, Leopoldo Héctor Schiffrin y Alberto Ramón Durán –hoy fallecido-, como delegados del pleno, encarando el Tribunal la investigación del “derecho a la verdad”, conforme las directivas emanadas en la materia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia sentada en el caso “Velázquez Rodríguez”.
En el marco de dichas investigaciones se han recibido más de 1800 declaraciones en audiencias orales y públicas en las más de 2600 causas que tramitan en la Secretaría del Tribunal creada para esas finalidades. Entre otras medidas, se secuestraron los archivos de la Ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el único Libro de la Morgue existente, los legajos del Servicio Penitenciario Bonaerense, Actas de nacimientos y defunción, Microfilms de Prontuario Cadáveres, Libros y licencias de inhumación del Cementerio de la Plata. También se realizaron inspecciones oculares a los Centros Clandestinos de Detención de Arana – Cuatrerismo, La Armonía- inmediaciones del Vivero Ferrari, Comisaría 5ta. y 8va. de La Plata, El Banco, El Vesubio, Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell y Radio Universidad.-
De la recopilación y entrecruzamiento de todos los elementos y con el objeto de lograr la identificación de los restos de aquellos que fueran secuestrados, se dictaron medidas de no innovar y posteriores exhumaciones de sepulturas N.N. en los Cementerios de La Plata, Verónica, Magdalena, Avellaneda y Ezpeleta, que permitieron la conservación de los mismos hasta su identificación y posterior restitución.
Asimismo, toda la prueba colectada posibilitó formular hipótesis de identidad que luego fueron corroboradas mediante estudios periciales y genéticos efectuados por el Equipo Argentino de Antropología Forense con la colaboración del laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico molecular LIDMO de Córdoba.
Posteriormente surgió la posibilidad de realizar comparaciones genéticas masivas entre muestras óseas y sanguíneas, contando el Equipo Argentino de Antropología Forense, a través del “Proyecto Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas”, con la colaboración del laboratorio “The Bode Technology Group Inc.” de Estados Unidos de América, al que fueron remitidas gran cantidad de muestras.
Hasta la fecha, (año 2014) de las tareas emprendidas por el Tribunal en el marco de la “búsqueda de la verdad”, se han efectuado 55 identificaciones de personas desaparecidas, entregándose a sus familiares los restos de 41 de ellos. De los casi 1100 casos de desaparecidos que tramitan en la Secretaría del Tribunal, se encuentran identificadas otras 112 personas que fueron secuestradas y/o permanecieron en centros clandestinos de detención de la jurisdicción de esta Cámara y cuya identificación ha sido efectuada por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital.
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