VINAGRE ASPIRA A QUE EL TRIBUNAL DE CUENTAS TENGA UN ROL PROACTIVO EN EL CONTROL DEL ESTADO.

El primer concurso para definir la presidencia del TdeC tuvo un desenlace cerrado: los tres primeros de la terna, Diego Lara; Federico Tomas y Vinagre, quedaron apretado margen menor a tres puntos. Por eso, la actual asesora legal se considera elegible para el cargo más importante del organismo de contralor. “La elección de cualquiera de los tres de la terna es una potestad discrecional del Gobernador y esa es la razón constitucional de que en todos los procedimientos de selección se le eleven ternas, lo que permite que el Poder Ejecutivo ejerza esa facultad”, señaló.

“Además, en la reglamentación de este concurso en particular también se previó que la terna sea elevada sin puntaje, para que fuera horizontal y permitiese un real ejercicio de la discrecionalidad”, agregó.

Vinagre consideró que para definir la conducción del Tribunal de Cuentas, al que rescató como “un organismo de control técnico de la inversión del gasto”, debería ser prioridad “la independencia y la transparencia y, en particular, los conocimientos técnicos que garantizan la independencia. Hay que establecer criterios técnicos objetivos para utilizar la misma vara del control para todo el universo controlable y para todos los funcionarios” lo que actuaría también como “un límite ético para el propio controlador”, señaló.

Asimismo, dijo que no debería estar fuera de foco “la perspectiva de género como modo de cumplir las políticas públicas de género, introducirlas y concretarlas en los organismos y en la gestión”. Por eso, ofreció sus proyectos sobre la materia para que, en caso de no ser elegida para la presidencia, cualquiera que sea seleccionado “pueda cumplirlos, porque es algo muy importante”.

Con respecto a esto dijo que si la elección para la presidencia del Tribunal de Cuentas la favorece, el mejor aporte que puede hacer  como mujer es “desde la experiencia” para “romper las barreras que han existido para el ejercicio de la profesión por el sólo hecho de ser mujer y por la falta de acompañamiento estatal en alguno de los roles en que me he venido desempeñando desde que la ejerzo”, es decir desde los 21 años. Al Tribunal llegó antes de tener a su primer hijo hace 14 años.

“Las mujeres podemos evaluar un poco más la cuestión de cómo ayudar a mejorar. Como dicen las normas internacionales, la maternidad y la paternidad son roles sociales. Mi experiencia me permitiría ver cómo el Estado podría acompañar”, señaló, lo que podría ponerse en práctica en “cuestiones muy sencillas: cuando me tocó el período de amamantamiento, tuve que hacerlo en un baño público, con mínimo espacio físico e incompatible con la higiene”. También comentó que entre mujeres del organismo se acompañaron en el cuidado de los niños para que cada una pueda formarse y hasta cumplir “con las comisiones de servicio” que hace el Tribunal en otras localidades de Entre Ríos

Vinagre ingresó al organismo como personal administrativo en el escalafón más bajo. Luego comenzó a desarrollarse como profesional del derecho en el Tribunal, pasando por varios lugares hasta llegar a ser asesora jurídica del organismo “lo que me ha permitido tener muchos conocimientos desde la experiencia”, afirmó.

· A futuro

La profesional proyecta que el Tribunal de Cuentas pueda lograr que t se cumplan anto los fines que establece el legislador al sancionar el presupuesto como el Ejecutivo al dictar los actos administrativos de ejecución. “El Tribunal de Cuentas no puede gestionar, no podemos decir cómo se hace”, definió, “controlamos la juridicidad y debemos lograr que se cumpla de la mejor manera para el Estado y para que las políticas públicas den sus frutos”, consignó.

“Los procedimientos para los gastos son reglados ¿A qué van destinadas esas reglas? A la transparencia. El rol del Tribunal de Cuentas es muy importante porque rendir cuentas es transparentar el uso de los fondos públicos que hace el funcionario, mostrar documentalmente cómo los utilizó y que en esa utilización se haya respetado la ley”, remarcó.

“Los controladores – añadió – somos agentes públicos, nos debemos al pueblo estemos en el lugar que estemos en el escalafón”.

En orden a esto, indicó: “Muchas veces se cree que el funcionario público no quiere ser controlado y esto no es así. Muchas veces agradecen el control, porque cuando es eficiente y oportuno mejora y economiza la gestión. Por eso, el TdeC debería colaborar en que el control sea inmediato para que la administración pueda ir corrigiendo irregularidades y comportamientos que tienen los agentes públicos en todos los niveles, desde la máxima autoridad hasta el último eslabón”.

“También colaboraría si hiciéramos estadísticas. Para medir un sobreprecio, tenemos que determinar el precio testigo y para eso debemos obtener el precio ideal o de mercado. Esto lo hacemos de manera casi cotidiana por lo que podríamos ayudar con estadísticas donde establezcamos valores de referencia desde el Tribunal de Cuentas. Serían criterios más claro que luego ayudarían al Estado en sus contrataciones”, consideró. Vinagre quedó también en el primer lugar del concurso a Fiscal del TdeC, por lo que podría recaer también en ese puesto si no alcanza la presidencia

La letrada remarcó que cuando el organismo encuentra una irregularidad “también está colaborando con la gestión pública porque permite corregir”. Sobre este punto, mencionó que el TdeC hace un control selectivo y muchas veces puede advertir cuáles son las cuestiones más graves que se necesitan enmendar. De este modo, tanto quienes ocupan ministerios o el propio Gobernador pueden conocerlos, dado que suelen tener bajo su órbita un universo grande de contrataciones.

Asimismo, puso de realce que el control que ejercería de los gastos del Estado tendría como criterio esencial si tienen un destino meramente burocrático o si tiene un fin social, es decir si está ligado al funcionamiento de la Administración o si se refiere a una política pública. El Tribunal “debe observar los fines cuando hace el control, ayudando al cumplimiento de los fines de la gestión pública”, sentenció.

· Alta significación

Con respecto a cómo ejecutar el mandato constitucional que ordena el control previo del Tribunal de Cuentas en contrataciones de alta significación económica, Vinagre recordó que el artículo 42° de la ley orgánica ya se establece “y de hecho lo hemos realizado, pero no es obligatorio  y se ha concretado a pedido de las partes”.

Del análisis de esas experiencias, concluyó: “Creo que hay momentos donde el Tribunal debe colaborar con la gestión, como durante el análisis de los pliegos y en la previa durante su redacción trabajando en conjunto con la administración para que sean más abiertos y el Estado reciba ofertas más convenientes; en el control del presupuesto para la obra para que sea lo más cercano al valor testigo posible y antes en que ese valor de referencia esté”.

Vinagre dijo que es necesario considerar que conveniente no es sinónimo de más barato y abogó para que las compras del Estado sean “más amigables con el ambiente con contrataciones ‘verdes’ o ‘sustentables’. El Tribunal podría aportar sus conocimientos técnicos para incorporarlos a los pliegos, y que se pueda meritura los tratamientos de residuos, si tienen un programa para el destino final de los materiales que no se reutilizan”, concluyó. (APFDigital)