LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS ESTÁN PREOCUPADOS POR LA SITUACIÓN DE LOS PRESOS DE LA PROVINCIA.

Los organismos de derechos humanos de la provincia elevaron un petitorio a la ministra de Gobierno, Rosario Romero, con una serie de puntos dedicados a informarse respecto a la situación de las personas privadas de su libertad en el marco de la pandemia por el coronavirus.

«A raíz de distintas comunicaciones que hemos mantenido en los últimos días con PPL (personas privadas de la libertad) y sus familiares, así como las notas periodísticas que en medios de prensa referidos a los reclamos de las PPL de la Unidad Penal N° 4 de Concepción del Uruguay y de la Unidad Penal N° 1 de Paraná, nos permitimos acercar algunas inquietudes y propuestas que consideramos podrían ayudar al Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia en el tratamiento de esta emergencia sanitaria en contextos de privación de la libertad», aseguraron los organismos en un documento enviado al sitio digital ANÁLISIS. 

Se trata de una serie de cuestiones vinculadas a la salud en su perspectiva más integral que incluye las dificultades que la cuarentena y el aislamiento en materia de salud mental. Este aislamiento es más crudo dentro de las cárceles ya que se ha limitado la visita de familiares y otras medidas que suman más restricciones a las ya habituales dentro del Sistema Penitenciario.

Pidieron conocer «datos oficiales respecto de la cantidad de personas detenidas en cada establecimiento del Servicio Penitenciario en donde hay PPL y de éstas cuántas se encuentran comprendidas en los denominados ‘grupos de riesgo'». Además, solicitaron conocer «los protocolos preventivos que se han activado en los lugares de detención».

 

Como se hizo referencia anteriormente, hay una serie de restricciones respecto al habitual funcionamiento de las cárceles en lo que tiene que ver con la vinculación con sus familiares. Por ejemplo, los organismos de DDHH quieren saber como se articula el envío de distintos tipos de insumos (alimentos, elementos de higiene personal, etc.) ya que los familiares no pueden visitar a las personas privadas de su libertad.

En esa línea, pidieron que se permita la entrega de teléfonos celulares a los detenidos para poder comunicarse de manera fluida con sus familiares ya que están suspendidas las visitas a la cárcel «o en su defecto que se habiliten líneas gratuitas» de comunicación telefónica.

Por último también quisieron conocer respecto a cual es el protocolo de acción que rige a la Policía de Entre Ríos (PER) a la hora de los controles que se realizan en la calle para evitar la circulación ciudadana de aquellas personas que no están exceptuadas de cumplir la cuarentena.