LEVANTARON EL BOZAL LEGAL A LA VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL.

La resolución se dio a conocer este viernes al mediodía. El vocal de la Sala Penal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, Edwin Ives Bastian, decidió revocar el bozal legal impuesto a una joven sobreviviente de abuso sexual en la infancia, en Federación. La medida se dictó en el marco de la causa caratulada “Marote, José Armando/Abuso Sexual con acceso carnal agravado y reiterado”.

El juez del tribunal concordiense declaró “admisible el recurso de queja interpuesto contra la resolución del juez de Garantías de Federación, Sergio Rondoni Caffa, de fecha 5 de febrero de 2020”. En segundo lugar, el magistrado dispuso la nulidad de la “resolución de fecha 16 de diciembre de 2019 del juez de Garantías de Federación y, como consecuencia de ello, de todos los actos y resoluciones judiciales que de ella dependen”.

El recurso de queja contra la mordaza que le impuso Rondoni Caffa a la joven fue promovido por la fiscal de Federación, María José Penón Busaniche. “Todo ocurrió en diciembre pasado, por un incumplimiento del imputado (José Marote) sobre una orden judicial que le prohibía tener contacto con la chica. Por eso solicitamos una audiencia al juez, para que lo intime a Marote a cumplir con la manda. En esa audiencia, el juez hizo lugar al pedido de Fiscalía, lo intimó e incluso el propio imputado reconoció que se había acercado a la denunciante, con sus razones. Después de eso, el juez restringió a la denunciante y a su familia para hablar de la causa, igual que a los medios de prensa. Tomó esa decisión sin que ninguna de las partes se lo pida. Argumentó que el imputado es inocente hasta que la condena quede firme”, recordó la fiscal en diálogo con ANÁLISIS.

Las fiscales pidieron al juez rever esa medida pero no lo consiguieron. Apelaron la resolución y también les negó ese camino. Por eso encararon una queja en la Sala Penal de Concordia. “El juez no nos escucha. La chica que denunció también pidió una audiencia y a ella tampoco se la dio”, marcó. “Por eso, cuando tuve la oportunidad le dije al vocal que se estaban conculcando todos los derechos de una víctima, derechos reconocidos por la legislación nacional y tratados internacionales como Belem Do Pará para erradicar la violencia contra la mujer. Si se desconocen estos tratados se revictimiza a las personas que se animan a denunciar, justamente el Poder Judicial que integra el Estado que firmó estos tratados. O sea, el mismo Estado va en contra de lo que firma”.

Cabe señalar que José Marote fue sobreseído por el propio Rondoni Caffa por el instituto de la prescripción, tal como lo dio a conocer este medio en una nota publicada el 31 de enero pasado.

Además, en la misma resolución del bozal legal para la joven denunciante y su familia, Rondoni Caffa tuvo apreciaciones respecto de los medios de comunicación. Dispuso hablar de la causa con ciertos recaudos, para no contaminar a futuros testigos que podrían ser influenciados por notas periodísticas.

Investigación y sobreseimiento

El proceso judicial inició con una denuncia penal, interpuesta por la joven en enero de 2019. Durante varios meses del año pasado, las fiscales Fanny Kern y Penón Busaniche desarrollaron la Investigación Penal Preparatoria (IPP), hasta que consideraron suficiente la cantidad de prueba para pedir la elevación a juicio de la causa.

En agosto pasado, las integrantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitaron una audiencia ante Rondoni Caffa para hacer el control de prueba y requerir la elevación a juicio oral. En esa instancia, el defensor de José Marote, el abogado Hugo Ariel Monzón, pidió el sobreseimiento de su pupilo por prescripción. El actual juez de Garantías de Federación (ex fiscal de Gualeguaychú que llevó adelante la investigación contra Nahir Galarza por el crimen de Fernando Paztorizo), decidió sobreseer a Marote por el tiempo que había transcurrido desde los abusos.

“Nosotros sabíamos que corríamos este riesgo cuando le dimos trámite a esta denuncia, pero tenemos expresas instrucciones de la Procuración General (a cargo de Jorge García) y de nuestro fiscal coordinador para que estas causas se investiguen y se lleven a juicio”, marcó la fiscal Penón Busaniche.

En la provincia ya existen precedentes en cuanto al curso de investigaciones a abusadores de niños que, según una interpretación cerrada del Código Procesal Penal, los delitos ya están prescriptos. Sin ir más lejos, la discusión madre entorno a la prescripción de este tipo de delitos fue en la causa Ilarraz. En ese caso, la disputa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rechazó el argumento defensivo y valoró el relato de víctimas que pudieron contar lo que les pasó después de mucho tiempo. Es que las víctimas de abuso sexual en la infancia no denuncian cuando quieren, sino cuando pueden.

“Tenemos varios revés judiciales por la prescripción de causas de abuso sexual, pero la Procuración va a fondo con esto y trata de revertirlo, porque las víctimas lo cuentan cuando pueden. En esta causa puntual, el juez sobreseyó al imputado. La fiscal Kern, que fue quien llevó adelante casi toda la investigación, presentó una apelación y confirmaron el sobreseimiento. Ahora la causa está en Casación, en Concordia, donde se está esperando la audiencia”, sintetizó Penón Busaniche. Si las fiscales no consiguen un dictamen favorable en esa instancia, en la provincia queda la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).