COMPRA DE MEDICAMENTOS: UNA MECÁNICA FRAUDULENTA…

POR: Alejandro Bahler. (Diputado provincial del Frente Renovador -massista-. Publicado en Análisis Digital)

 

Estamos en presencia de un hecho deplorable, anti jurídico, que traerá aparejado un sinnúmero de consecuencias económicas que no se pueden soslayar y un perjuicio directo para ciertos efectores privados, acarreando consecuentemente innumerables despidos para el personal de ciertas entidades, caso específico de las droguerías provinciales, que mal que le pese al señor ministro han sostenido hasta hoy la provisión de medicamentos y a las que, a la sazón, el Estado les adeuda cuantiosos montos.

Nuestra Constitución Provincial establece que el Estado debe reconocer a la salud como derecho humano fundamental y debe desarrollar políticas de atención primaria. La asistencia sanitaria será gratuita, universal, igualitaria, integral, adecuada y oportuna. Será prioritaria la inversión en salud, garantizando el primer nivel de atención, así como la formación y capacitación.

Es preciso resaltar que primero se debió implementar un seguro provincial de salud para toda la población y una progresiva descentralización hospitalaria, incumplido hasta la fecha, demostrativo de la manifiesta improvisación de la cartera de salud, reuniendo un sinnúmero de recaudos imprescindibles para conocer acabadamente la real situación provincial, acompañado de elementos que dejaré plasmado más adelante.

A renglón seguido nuestra carta magna nos indica que el “medicamento es un bien social básico”. Entiendo que el Ministerio de Salud regula y fiscaliza el circuito de producción, comercialización y consumo de estos.

Efectuada una somera descripción del plexo normativo, es necesario destacar que el sector salud es quizás el más complejo en las sociedades modernas, el que ofrece más diversidad entre los diferentes países y desafíos tan difíciles como apasionantes para políticos y población asistida. En la especificidad y complejidad del sector salud se incluyen aspectos tan diversos como las cuestiones éticas y morales ligadas a la vida, la salud y la enfermedad, valores sociales y políticos sobre la igualdad, la justicia y el papel del Estado en la sociedad, el impacto de los avances científicos, la asimetría de información entre población y médicos, la cultura profesional médica, la importancia económica de los recursos sanitarios, etc. Cualquier aproximación al sector salud que pretenda reformarlo en una u otra dirección debe tener en cuenta el impacto e interrelación de estos y otros factores.

Cabe advertir a la población que con el llamado a licitación que prepara el Ministerio de Salud, estamos en presencia de un hecho deplorable, anti jurídico, que traerá aparejado un sinnúmero de consecuencias económicas que no se pueden soslayar y un perjuicio directo para ciertos efectores privados, acarreando consecuentemente innumerables despidos para el personal de ciertas entidades, caso específico de las droguerías provinciales, que mal que le pese al señor ministro han sostenido hasta hoy la provisión de medicamentos y a las que, a la sazón, el Estado les adeuda cuantiosos montos.

En materia de medicamentos no se puede cometer siquiera un error accidental y de aprobarse la licitación se producirán enormes detrimentos para el erario público y para quienes los consuman, por tan desacertada y desatinada ocurrencia.

Con pretexto de ajustarse a la Constitución, esta licitación lleva implícito un tremendo negocio para personajes conocidos, que aún desde las sombras siguen enriqueciéndose escandalosamente, valiéndose de los fondos públicos, cuando en todo momento debieron ser celosos custodios del patrimonio del Estado y especialmente de los individuos destinatarios de los mismos.

Se ha formalizado un llamado a licitación público de gran envergadura, sin tener en la provincia un padrón fidedigno o informatización certera que le permita conocer de una manera cabal a la cartera de Salud de la cantidad de personas que concurren y/o concurrirán a los nosocomios públicos en busca de la asistencia medicamentosa. Este dispositivo -conocer fehacientemente la población asistida- indica que la compra será al voleo y con fines de lucro, especialmente para algunos funcionarios de turno y otros que desde la función han efectuado pingües negocios, enriqueciéndose ilícitamente. Se llega al extremo de que no se consigna de que medicamentos se trata.

El ministerio competente no cuenta con este resorte -padrón o informatización adecuada-, ni tampoco conoce, al menos, cuántos son los afiliados a las distintas obras sociales sindicales, las que hoy posiblemente no reciben una prestación universal. Solo a ojo de buen cubero podrían conocer aproximadamente el número de afiliados al Iosper y al PAMI, que tampoco es inequívoco y varía mes a mes en forma sustancial. Mal, en consecuencia, podrían comprar sin conocer el universo de beneficiarios.

El hecho de no contar la provincia con este importante soporte -gran falencia por parte del Estado desde hace muchos años- nos permite afirmar que la compra se transforma en direccionada y muestra propósitos espurios. No se conoce tampoco cuántos son los segmentos etarios, en relación a la cantidad y/o sectores de niños, adultos y mayores futuros “beneficiarios”, dado que, por ejemplo, estos últimos incrementan ostensiblemente las tasas de uso o de prestaciones que recibirán, con relación a los primeros. Todos datos imprescindibles en salud, para tener un panorama real a la cual ajustarse.

No saben al dedillo las autoridades de esta cartera, ni siquiera por acercamiento, el costo prestacional de los asistidos entrerrianos por cada uno de los departamentos que componen la provincia. Además, es normal y frecuente que se realicen prestaciones a personas de otras provincias (lo que es común en nuestro norte provincial) que serán también beneficiadas, como en el caso usual de correntinos por cuya atención la provincia no recibe un solo centavo, por no existir convenio interprovincial. Esta compra fraudulenta encubre un negociado que provocará un serio y grave perjuicio para los fondos públicos y la salud entrerriana.

Un sistema de salud segmentado y fragmentado, con gastos ineficientes y con un acceso desigual a la atención primaria de la salud, no permite este llamado a licitación, sin antes cumplir previamente con proyectar un sistema de seguro provincial, como lo indica nuestra Constitución. En vez de gastar tremenda suma en medicamentos, debería el ministro y quienes lo llevaron a la función, plantearse la estrategia de gastar bien, lo que redundaría en beneficio de los asistidos.

Básico resultaría intentar al menos que los habitantes tengan una cobertura de salud como los establece la Constitución Provincial, totalmente clara, y que al mismo tiempo esté debidamente registrada en bancos de datos fehacientes, que permitan en el futuro alcanzar un cobertura integral y eficaz.

¿Qué organismo público provincial está en condiciones de garantizar la calidad del medicamento para que exista equidad? ¿De qué sirve un medicamento que no produce efectos por ser ineficiente e infructuoso? En el proyecto no se establece que los medicamentos deben estar aprobados por Anmat y si así se consignara en el mismo, serviría en la primera entrega. No existiendo siquiera un padrón, ¿qué estamento estatal garantiza el control en futuras provisiones?; ¿quién certifica que en vez de proveer lo establecido en la licitación, sean medicamentos inocuos o que no causan efecto alguno, produciendo daño a la salud por no contar con una base científica que sirva a los usuarios?

Han ocurrido en la provincia casos de laboratorios de medicamentos no autorizados, otros clausurados, proveedores que no contaban con la autorización de la Anmat, incluidos en formularios terapéuticos, lo que conlleva una gravedad inusitada. Basta ver la causa “Rossi Angel Carmelo c/ Estado Provincial e Iosper. Medida Cautelar de Prueba Anticipada” que se tramitó ante el Superior de Justicia de nuestra provincia.

Las correctas observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas a fojas 257/ 265 en las actuaciones del expediente 843/ 2016 caratulado “Ministerio de Salud solicita Intervención Acordada N° 284 – Llamado a Licitación Provisión de Medicamentos y Material Biométrico para los Hospitales” me relevan de mayores comentarios. Se acompaña el informe número 32.978 de noviembre de 2016, producido por el Área de Auditores de la Administración Central y de la fiscal competente.

La cuantía de la licitación rondaría una cifra de 600 millones por año, con un objeto simulado o aparente, dado que la provincia no cuenta siquiera con farmacéuticos en la totalidad de los hospitales, lo que a la postre tampoco permite establecer si es correcta la dispensa de lo prescripto en cuanto a la dosis, duración del tratamiento, formula farmacéutica, etcétera.

Los medicamentos genéricos y de presentación hospitalaria son de un notorio menor precio, extremo inadvertido grotescamente. Igual consideración se formula al plazo de provisión que alcanza a los tres años, excesivo si le adicionamos las observaciones precedentemente efectuadas y no conformes con tal desatino se establece una prórroga automática ante el silencio de la administración, clausula antijurídica e ilícita si lo analizamos desde el punto del derecho administrativo, doctrina y jurisprudencia, que no avalan tal preceder por ilegítimo. Idéntica consideración se debe observar a las solicitudes de actualización de precios, donde se observa un escandaloso e ilegítimo criterio.

La licitación apunta a grandes laboratorios o consorcio de ellos, sin admisión de ofertas parciales, reduce el número de oferentes y va dirigido ilícitamente a razones sociales concentradas, multinacionales, centralizando el sistema y excluyendo a otros posibles oferentes. El dirigismo es plausible y la discrecionalidad que se arroga el ministro denota una peligrosidad severa, fraudulenta y anti jurídica, al permitirse la facultad de contratar grotescamente. Ello conlleva a un incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Desconoce incomprensiblemente el eximio doctor De la Rosa de la existencia del Instituto Provincial de Medicamentos de la Provincia de Santa Fe, modelo en la materia, monitoreado permanentemente por la Anmat, con capacidad de abastecer a todos los centros asistenciales y hospitales provinciales, informatizado de manera tal que permite conocer qué prescribe cada profesional de la medicina de Santa Fe. Si el facultativo excede las tasas de uso, recibe un severo llamado de atención y es pasible de ser sancionado administrativamente. También muestra cuánto se gasta por cada nosocomio y tiene capacidad para proporcionar la provisión medicamentosa a todo el Litoral, con precios menores hasta en un 70 %. Cabe preguntarse, entonces, cuáles son las razones extraordinarias para hacer semejante llamado a licitación y, en caso de faltantes, acudir a las droguerías y laboratorios, mediante compra directa en casos excepcionales.

La provisión de medicamentos se resolvería con un simple convenio entre los ministerios de ambas provincias y con un decreto del Poder Ejecutivo que apruebe el mismo.

Debido a la dimensión de ilicitud y severo tenor de las expresas observaciones formuladas a este llamado a licitación para la provisión de medicamentos y material biomédico, tanto por el suscripto, como por el Tribunal de Cuentas, ya no cabe duda de que se han quebrantado expresas normas constitucionales y quienes lleven adelante este espurio procedimiento, adoptado con los fines expresado, quedaran atrapados por numerosos tipos penales, por lo que acudiré de ser necesario a los fiscales en turno y/o estrados judiciales competentes de persistir con la porfía incoando las pertinentes acciones legales.

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