EL ESTADO, O SEA TODOS, LE DARÁ 177 MILLONES A LA IGLESIA CATÓLICA.

El Presupuesto 2018 prevé un gasto de 177 millones de pesos destinados a la Iglesia Católica. A esto hay que sumarle los fondos que se destinen a obras de la institución religiosa que van por fuera de lo previsto en la ley de leyes para este año. La decisión del oficialismo gubernamental se basa en la Ley 21.950, sancionada durante la dictadura cívico militar, donde figura que el Estado debe hacerse cargo de los salarios de obispos y arzobispos. Además, hay otras dos leyes que aumentan el presupuesto ya que el Estado debe también financiar a sacerdotes que estén en zonas de frontera y a seminaristas. La cifra volvió a poner en agenda la polémica sobre la necesidad de un Estado Laico que represente a la totalidad de los ciudadanos.Un total de 177 millones de pesos serán destinados por el Estado nacional este año al sostenimiento del culto católico para ayudar al mantenimiento de 140 obispos y arzobispos, 640 sacerdotes y 1.200 seminaristas, de acuerdo con los datos del sitio Presupuesto Abierto, lanzado recientemente por el Ministerio de Hacienda de la Nación, que muestra además una ejecución del 88 por ciento a diciembre del año 2017 (167 millones de pesos). En 2016 se destinaron 136 millones de pesos a este fin y para 2018 están previstos 177 millones de pesos. Esto significa una caída real (o sea, teniendo en cuenta la inflación) de aproximadamente el 10 por ciento desde la asunción de Cambiemos, de acuerdo con la inflación informada en el Presupuesto 2018.

Estos fondos responden a la obligación del Gobierno nacional de sostener el culto católico, como está estipulado en el segundo artículo de la Constitución de la Nación. Estas transferencias se regulan a través de diferentes leyes. Una de ellas, la Ley 21.950, establece que el Estado debe hacerse cargo del salario de arzobispos y obispos, que corresponden al 80 por ciento del salario de un juez nacional de primera instancia. La Ley 22.162, por otra parte, dispone la obligación de subsidiar a los sacerdotes que se encuentren en zonas de frontera o muy desfavorecidas, y la Ley 22.950, a seminaristas.

Hay otras transferencias que el Estado hace a instituciones religiosas, aunque con fines específicos. Por ejemplo, los fondos para refaccionar sus edificios. En diciembre último, se conoció la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de reasignar fondos del presupuesto nacional, por la cual se quitaron casi 140 millones de pesos de fondos a la refacción de una serie de iglesias, entre ellas la Basílica de Luján (100 millones de pesos).

Existen más transferencias que el Estado hace a la Iglesia, como los subsidios a escuelas religiosas. Por último, la Iglesia cuenta además con ciertas exenciones impositivas, como el caso del impuesto a las Ganancias o el Impuesto al Valor Agregado (IVA), un beneficio que se extiende a otras entidades religiosas.

Fuente: Chequeado.com