CASO MALDONADO: POR QUÉ EL ESTADO ES RESPONSABLE.

A casi un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el Estado volvió a negar los hechos a través las declaraciones del jefe de gabinete Marcos Peña y del secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj. La fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, cuestionó a la comunidad por no colaborar con la investigación pese a que la causa penal está en secreto de sumario. En el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, lavaca habló con la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, quien replica que ese accionar es parte del andamiaje estatal que se pone en marcha ante cada caso de una desaparición forzada: “Lo que ocurrió el 1 de agosto forma parte de una práctica sistemática de represión por parte de Gendarmería al pueblo mapuche. Esto es una desaparición forzada anunciada: se da por una sistemática violación de derechos por las fuerzas policiales, con apoyo del poder político y el silencio del Poder Judicial”. La posibilidad de la conformación de un equipo de expertos independientes y la expectativa ante el secreto de sumario.

POR: lavaca.org

A 29 días de que Santiago Maldonado fuera visto por última vez, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, sostuvo que “no hay elementos que comprueben con veracidad que Gendarmería está involucrada en el hecho”, pese a los testimonios de la comunidad, la familia, los organismos querellantes y la Defensoría Federal de Esquel. También puso en duda que Santiago haya estado en “la zona de conflicto”, pese al testimonio de la persona declaró haber llevado al joven a la Pu Lof durante la mañana del 31 de julio y los videos aportados por la familia que serán pericidiados por la Justicia. A su vez, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo en su informe mensual en la Cámara de Diputados que “no hay elementos firmes en la causa que pueden confirmar una desaparición forzada”.

En tanto, la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, que el jueves recaratuló el expediente penal que investiga los hechos del 1 de agosto como “desaparición forzada de persona”, presentó un reporte que el Estado enviará a la ONU en el que sostiene algunos cuestionamientos que, a su entender, surgieron durante la investigación:

• “No puedo soslayar que, el factor tiempo ha sido una variable que ha atravesado toda la pesquisa y los esfuerzos no han generado las respuestas inmediatas que necesita el Señor Maldonado en pos de asegurar su integridad física, determinar su paradero y/o dar una expedita respuesta a la causa”.
• Subraya que “no ha sido fácil recolectar” indicios.
• Los relatos de la comunidad “no arrojaban un hilo conductor” para determinar “qué había acontecido y en qué circunstancias”.
• “Los múltiples testimonios que se realizaron mediáticamente bajo el anonimato nunca pudieron ser judicializados fundados en un supuesto temor a ser incriminados u hostigados por autoridades judiciales”.
• Señala que las prendas con las que se hicieron los rastrillajes (cuello, gorro y buzo) están “contaminadas” y que presentaron “inconsistencias”. Por eso se avanzó en el allanamiento de la casa de Santiago en El Bolsón.
• Sostiene que el rastrillaje a la comunidad del 5 de agosto tuvo que ser suspendida por la “férrea oposición” de la comunidad mapuche que no dejó avanzar hacia el otro lado del río. Si bien este punto fue desmentido por los actores veedores (APDH y Defensoría Federal), resulta contradictorio ya que la propia Ávila remarca en su escrito que los buzos de Prefectura “explicaron las razones por las cuales el cuerpo del joven Maldonado no pudo haber realizado un largo recorrido” del río por sus caractéristicas: porca profundidad y una zona llena de ramas y malezas. Un segundo rastrillaje con 400 efectivos se realizó el 16 de agosto: los organismos querellantes sostuvieron a lavacaque fue el propio juez Otranto quien decidió no continuar del otro lado del río. Nada dice Ávila de esta medida.
• Recordó los rastrillajes en los Escuadrones 35 (El Bolsón), 36 (Esquel) y 37 (José de San Martín). Los elementos encontrados en el escuadrón de El Bolsón (soga con una supesta mancha de sangre, pelos y un cono de señalización vial) fueron sometidos a peritaje, “a la fecha sin el resultado y/o conclusiones”.
• Ávila instistió en destacar la “gravedad” del caso por tratarse de la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por una fuerza federal”.

El reporte está dirigido a Ramiro Badía, coordinador de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de derechos humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. “Lo primero que uno advierte es la preocupación de la fiscal de resguardar al juez en su accionar”, dice a lavaca Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado. Dato: la secretaria de la fiscal, Rafaella Riccono, es la esposa del juez federal que lleva la causa, Guido Otranto. “Se procuró más en avalar lo que hizo el juez que en informar qué se hizo durante 15 días de tener el expediente en secreto de sumario. No me sorprende precisamente por haber transitado ámbitos internacionales con la desaparición forzada de Iván Torres (desaparecido en 2003 en Comodoro Rivadavia) y haber observado durante años cómo jueces y el Ministerio Público Fiscal hacían un relato del expediente que nada tenía que ver con la realidad”.

-¿Y sobre los testimonios de la comunidad?

-Tampoco me sorprende. La causa de la desaparición forzada de Iván Torres comenzó con el testimonio de dos chicos de la calle: obvio que se pasaron todo el tiempo tratando de desvirtuar y de victimizar a esos jóvenes, que fueron los que estaban con Iván. ¿Con qué se sostuvo esa causa que se la fueron pasando año tras año? Negando y cuestionando los testimonios de esos chicos. De nuevo el centro de la cuestión era no sólo dudar en Iván, sino que se había fugado. Ahora pasa exactamente lo mismo: estamos hablando de cuestionamientos a testimonios que están en el lugar de la represión de la violencia institucional. Lo que ocurrió el 1 de agosto forma parte de una práctica sistemática de represión por parte de Gendarmería al pueblo mapuche. Esto es una desaparición forzada anunciada: se da por una sistemática violación de derechos por las fuerzas policiales con apoyo del poder político y el silencio del Poder Judicial. En un momento iba a suceder esto. Sólo hay que investigar la relación de hostigamiento de Gendarmería hacia el pueblo mapuche, como la represión de enero. Cuando realmente se pongan a investigar y dejen de mirar a Santiago, vamos a entender qué sucede.

Por qué el Estado es responsable

La familia de Santiago Maldonado dejó en claro a través de diversos comunicados qué significa la desaparición forzada:

• “La desaparición forzada es un delito que comienza con la privación de la libertad de Santiago por personas del Estado –Gendarmería- seguida de la falta de información de su paradero y la negativa a reconocer su privación de la libertad por parte de las autoridades;
• La desaparición forzada es un delito que solo lo comete el Estado;
• Es un delito continuado: todos los días se comete desaparición forzada hasta que aparezca Santiago”.