Una investigación publicada por La Nación vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los fondos fiduciarios durante el gobierno de Javier Milei. Según el informe, durante los primeros dos años de la gestión los fondos fiduciarios que continúan en funcionamiento o con remanentes acumularon un superávit cercano a los US$3.000 millones, mientras una parte importante de esos recursos fue colocada en letras y títulos públicos para sostener las cuentas del Tesoro.
Pero detrás de esos números hay una realidad mucho más concreta, obras que quedaron paralizadas y familias que siguen esperando.
Uno de los casos que permite dimensionar el impacto de esta política está en Federación, donde la obra de 165 viviendas destinadas al barrio RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares, o sea el traslado de los vecinos de «la vieja» ciudad) permanece paralizada. Así lo reconoció oficialmente el IAPV, que informó que las viviendas fueron proyectadas mediante un convenio nacional y que la obra actualmente se encuentra detenida.
El punto central es el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado justamente para financiar obras destinadas a la integración de los barrios populares incluidos en el RENABAP. El Gobierno de Milei avanzó primero sobre su financiamiento y posteriormente dispuso su disolución mediante el Decreto 312/2025.
La modificación del esquema de financiamiento tuvo un impacto profundo. Documentación parlamentaria señala que el Decreto 193/2024 redujo del 9% al 0,3% la participación del FISU en el impuesto PAÍS, provocando una caída del 96,7% en los recursos disponibles para continuar obras o iniciar nuevos proyectos.
Y acá es donde los números nacionales dejan de ser una discusión abstracta.
En Federación hay 165 familias que tienen nombre, historia y una expectativa concreta de acceder a su vivienda. Hay una obra que comenzó y que hoy está paralizada.
Mientras tanto, el debate nacional muestra que existen miles de millones de dólares acumulados en fondos fiduciarios y recursos que fueron utilizados para sostener el resultado fiscal.
¿Déficit cero para quién?
Porque cuando el ajuste se traduce en una obra paralizada, en una vivienda que no se termina y en una familia que sigue esperando, el costo del ajuste también tiene un rostro.
En Federación, ese rostro tiene el número de 165 viviendas.
El FISU no era solamente una cuenta presupuestaria. Era una herramienta destinada a transformar barrios populares, generar infraestructura y construir soluciones habitacionales.
Y hoy, en nuestra ciudad, la paralización de estas viviendas es una muestra concreta de lo que significa cortar el financiamiento de esas políticas.
No se trata solamente de cuánto dinero tiene el Estado. La discusión es para qué decide utilizarlo.