La dirigente de la izquierda entrerriana y trabajadora de salud mental Nadia Burgos cuestionó las modificaciones incorporadas al régimen jubilatorio especial para el sector dentro de la reforma previsional sancionada en Entre Ríos y reclamó que se reviertan los cambios. Afirmó que las nuevas disposiciones implican «un retroceso» en el reconocimiento de las condiciones laborales de quienes se desempeñan en establecimientos y servicios destinados a la atención de personas con padecimientos mentales.
Según planteó, el régimen especial vigente respondía al reconocimiento de las características propias del trabajo en salud mental, marcado por la exposición permanente a situaciones de alta complejidad, el desgaste emocional y la responsabilidad sobre la integridad de pacientes y trabajadores. En ese sentido, consideró que la reforma desconoce esas particularidades y prioriza criterios económicos por sobre las condiciones laborales del sector.
«La reforma jubilatoria en Entre Ríos es alarmante», afirmó la dirigente, quien sostuvo que el Estado «reconoce desde hace años que el trabajo en salud mental implica una exposición permanente a situaciones de alta complejidad», aunque señaló que esa realidad «queda desdibujada» con las modificaciones aprobadas.
En ese marco, también cuestionó el discurso oficial sobre la política sanitaria. «En el marco de una campaña discursiva y mediática donde Rogelio Frigerio y, en particular, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, mienten al decir que la salud mental es una prioridad de la gestión, la reforma jubilatoria lo demuestra claramente», expresó.
Cuestionamientos al nuevo régimen
Burgos sostuvo que los regímenes jubilatorios especiales «no constituyen privilegios», sino que representan «un reconocimiento a tareas que presentan mayores niveles de desgaste y exigencias particulares». En esa línea, indicó que la reforma incorpora mayores requisitos de edad y años de servicio para acceder al beneficio y, además, incluye a estos trabajadores en el esquema de continuidad del aporte personal solidario una vez obtenida la jubilación especial.
A su entender, esa decisión implica que quienes ya cumplieron con las condiciones para retirarse «continúen realizando aportes obligatorios destinados al sostenimiento del sistema», trasladando a los propios trabajadores una responsabilidad que, afirmó, debería resolverse mediante «políticas previsionales integrales».
Pedido para revisar la reforma
La dirigente llamó a organizarse para defender el régimen especial de salud mental y reclamó que las modificaciones sean dejadas sin efecto. También pidió que el Gobierno convoque a los trabajadores del sector para discutir eventuales cambios al sistema previsional.
Finalmente, sostuvo que el déficit previsional podría abordarse mediante otras herramientas de financiamiento. En ese sentido, propuso analizar medidas tributarias vinculadas a la publicidad, comercialización y distribución de «drogas legales como el alcohol o el juego», en lugar de avanzar sobre «el salario y la vida de los trabajadores».
«Tenemos que organizarnos para defender el derecho de los trabajadores de salud mental a contar con un régimen jubilatorio que contemple las características reales de su labor. La salud mental también se sostiene cuidando a quienes cuidan», concluyó.