«FEDERACIÓN AL DÍA» SE SUMA AL PEDIDO DE LOS ORGANISMOS DE DD.HH.

La jurisprudencia local e internacional ha calificado a los delitos de lesa humanidad (desaparición forzada de personas, robo de bebés, torturas) como «imprescriptibles». Además de ésto, alguien que ejecutó un plan sistemático de exterminio no es un delincuente común, por lo que no puede acogerse al beneficio del 2×1. Ante esto, que no es más que una nueva avanzada del gobierno encabezado por Mauricio Macri (y que no tiene  que ver con ser de derecha porque no toda la derecha justifica la Dictadura eclesiástico-cívico-militar-empresarial) «Federación al Día» hace suyas las banderas de los organismos de derechos humanos que no han sido cooptados por la intolerancia partidario-sectorial, entre otros, del kirchnerismo.

PUBLICÓ LA AGENCIA PERIODÍSTICA FEDERAL DE ENTRE RÍOS: “Este veredicto del máximo tribunal de nuestro país se suma a otras decisiones de un sector del Poder Judicial que venimos denunciando y que adquirieron mayor fuerza desde que el 10 de diciembre de 2015 la alianza Cambiemos asumió la conducción del Estado nacional, como son las prisiones domiciliarias a los represores, la extrema dilación de las causas y fallos que retoman la teoría de los dos demonios y aplican penas bajísimas a los acusados como los del juez Federal de Paraná Leandro Ríos, entre otros beneficios para los autores de estos crímenes aberrantes”, señalaron los organismos en un documento enviado a esta Agencia.

“Estos fallos persiguen un claro objetivo, que es lograr la liberación de los genocidas y, con ello, consagrar la impunidad. Se inscriben en un cambio de paradigma que el gobierno nacional y sus aliados judiciales, mediáticos, religiosos y empresariales pretenden implementar a través de múltiples estrategias. Así, por un lado vacían programas de apoyo a las investigaciones o instruyen a abogados del Estado para no apelar fallos y no presentarse como querellantes, y por otro lado atacan a los y las principales referentes de los organismos de derechos humanos, cuestionan la legitimidad de nuestras luchas, habilitan el accionar de los grupos que reivindican el terrorismo de Estado, ofenden la memoria de los 30.000 desaparecidos y niegan el genocidio”, advirtieron. “Como expresamos el último 24 de marzo, esta embestida en el plano simbólico persigue el fin de lograr el consenso necesario para ejecutar la represión con la que en estos días buscan doblegar la resistencia popular a las medidas económicas de hoy, el mismo plan económico de Martínez de Hoz. Es, a su vez, una demostración más de que la complicidad civil que sostuvo al genocidio sigue vigente y funcionando en la actualidad”, señalaron además.

“Tampoco es casual que pocos días antes de este fallo, la cúpula de la Iglesia Católica haya convocado a la “reconciliación” y “pacificación”, sin haber brindado información sobre el destino de los desaparecidos ni haber hecho una autocrítica sobre su rol durante la dictadura. Vuelve así la Iglesia a desempeñar un papel cómplice del terrorismo de Estado”.

“En esta ocasión, el golpe es de una gravedad inédita, ya que proviene del máximo órgano judicial de la Nación. Hoy, el fallo de la Corte –con los votos de Elena Highton de Nolasco y los jueces que Macri pretendió nombrar por decreto Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti– le abre las rejas a los genocidas. Los asesinos, torturadores, apropiadores de bebés y desaparecedores de nuestros compañeros y compañeras podrán volver a caminar por las mismas calles que los sobrevivientes y nuestras Madres, Abuelas, Hijos y Familiares. Y esto es exactamente lo que puede suceder en nuestra provincia, donde la mayoría de los genocidas que han sido condenados podrán volver a quedar en libertad más temprano que tarde”, indicaron.

Señalaron que “para hacer esto posible la Corte resolvió en contra de lo que hasta ahora era jurisprudencia indiscutida, haciendo uso de una ley derogada hace años, ignorando que la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los hermanos y hermanas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desconocer”.

“Ante esta situación, los organismos de derechos humanos de Entre Ríos convocamos a la inmensa mayoría del pueblo que no está dispuesta a regresar a los años de impunidad, a seguir levantando las banderas de memoria, verdad y justicia y resistir desde cada lugar de lucha para frenar estos atropellos de quienes quieren que vuelvan a reinar en la Argentina el oscurantismo y la injusticia. La impunidad sólo genera más impunidad. 30.000 compañeros desaparecidos, ¡presentes, ahora y siempre!”, finaliza el documento, que lleva las firmas de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos) Regional Paraná; Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos entrerrianos y en Entre Ríos (Afader); Asociación de Ex Presos, Presas y Exiliados Políticos “La Solapa”; Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Asociación de Familiares y Amigos de Detenidos – Desaparecidos y ex Presos Políticos de Concordia; Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos) Regional Concordia; Familiares y Amigos de Desaparecidos de Nogoyá (Faden); Mesa de Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay; Grupo de Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Gualeguay.

(APFDigital)