Ante el dolor que genera tener un hijo, hija, padre, madre, un hermano, un amigo y por qué no nosotras o nosotros mismos, con alguna condición de insalubridad mental, la respuesta oficial es la crueldad. Continúan registrándose muertes por suicidios y entre personas neuro divergentes y muerte entre ciudadanos que tratan de cuidar sus bienes (a quienes no hacemos responsables por su accionar), y personas que padecen un trastorno psicológico; la crisis económica agrava la criminalización del padecimiento psíquico y la falta de abordajes basados en derechos humanos. Los presupuestos nacionales y provinciales y municipales son mínimos, garantizan el colapso del sistema y perpetúan el desfinanciamiento. A su vez, se registra una explosión de la demanda: las emergencias y las demandas de internaciones se han incrementado exponencialmente, desbordando los servicios públicos de salud mental.
El Estado no solo se muestra indiferente sino que muestra su rostro más barbárico e, impúdicamente, nos dice que para quienes padecen trastornos de salud mental y/o consumos problemáticos, al no proveerles atención psicológica y/o psiquiátrica ni suministrarle medicamento, son seres descartables, invisibilizados, desechables, prescindibles .
Estas prácticas que son crueles, inhumanas se constituyen en la máxima expresión de la degradación, tratando a las personas como objetos que deben ser confinados y controlados, y no como sujetos de derecho. La red de salud mental en la actualidad enfrenta una carencia crítica de dispositivos y equipos adecuados, lo que imposibilita una atención integral, acompañamiento efectivo y prevención oportuna de las problemáticas de salud mental. Esta deficiencia estructural conduce a que individuos en situación de vulnerabilidad experimenten crisis agudas que, paradójicamente, terminan siendo abordadas por las fuerzas de seguridad en lugar de recibir la asistencia especializada que debería proveer el sistema sanitario. La persistente falta de recursos en el ámbito de la salud mental no solo genera un profundo dolor y sufrimiento en las personas afectadas y sus entornos, sino que, en un número preocupante de casos, derivan en desenlaces fatales. Es imperativo, en este contexto, rememorar aquellas vidas que se han perdido como consecuencia directa de estas falencias. En este sentido, honramos la memoria de los y las 250 personas que se quitaron la vida en Entre Ríos durante el 2025 (según datos del Ministerio de Salud), cuyas historias trágicas subrayan la urgencia de una reforma y una inversión significativas. Su recuerdo debe servir como un llamado ineludible a la acción para garantizar que ninguna persona más deba enfrentar la crisis de salud mental en soledad y sin el soporte adecuado del sistema de salud.
Como dijo Patria Benítez, madre de Lucio: ¡No somos desechos: tenemos derechos!
Margarita Zerda.