Por primera vez desde que fue apartado de su cargo, el ex presidente del directorio del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), Fernando Cañete, respondió las acusaciones de la intervención del organismo. “Tengo la sensación de que la comisión fiscalizadora toma y realiza los informes conforme la necesidad que tienen de hacerle escuchar la canción que el gobernador quiere escuchar. Nos pueden buscar con el tema de prótesis, no tengo ningún inconveniente porque no hicimos ningún tipo de negociado ni tuvimos ningún tipo de connivencia; nuestra preocupación fue siempre que el afiliado tuviera la prótesis que solicitaba. Es más, en algún momento dijeron que se terminó una gestión nefata, y yo le puedo decir que gracias al equipo de trabajo que teníamos en el IOSPER, a nosotros no se nos murió ningún afiliado esperando una prótesis o esperando medicamentos que no se entregaron. Con muchos errores y aciertos, nunca le dimos la posibilidad de que ningún afiliado tuviera que cortar un tratamiento oncológico porque no había el reconocimiento de la derivación.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Cañete se refirió a los cuestionamientos por el déficit de la obra social y aseguró que “a septiembre teníamos un déficit acumulado de 19.000 millones de pesos y que lo expresamos en su momento y en todas las reuniones habidas y por haber, incluso con la sensación de estar gritando en un desierto porque nadie escuchaba, y hacía mención al grado de preocupación que teníamos en la obra social a partir de haberse modificado el 10 de diciembre la conducción de los destinos del país”.
“Con mucha honra y beneplácito le dijimos a los afiliados y a la población entrerriana que, durante cuatro años, de 2020 a 2023, tuvimos superávit financiero, y eso fue posible porque cuando todos los compañeros trabajadores tomaron la decisión de acompañar a cada uno de los directores y representantes de la obra social, lo hicieron con el convencimiento de que íbamos a manejar la obra social con total responsabilidad. Y esos cuatro años de superávit hablan claramente que estuvimos a la altura de las circunstancias. Pero el 10 de diciembre de 2023 cambió el panorama argentino y a partir de allí tuvimos la mega devaluación del 122% que, aparte de licuarnos absolutamente todos los recursos que teníamos, comenzó a transitar toda la economía a través del libre mercado y eso es sálvese quien pueda. Con muchos dirigentes gremiales y prestadores, en muchas reuniones, decíamos que era exorbitante el incremento de medicamentos que ocurrió a partir de diciembre de 2023, y hasta abril o mayo, y eso produjo un desequilibrio fenomenal, no solamente en el IOSPER sino en todas las obras sociales provinciales”, explicó.
“Venir a culparnos a nosotros de que el déficit es producto de una mala administración, es tener una mirada muy escueta, no hacerse cargo de lo que votaron y de lo que acompañan políticamente, porque no es casualidad que hoy en todos los rubros de la actividad comercial están teniendo gravísimos problemas. Pretender hacernos responsables a nosotros del déficit es una mirada muy obtusa, es no reconocer la realidad y es no hacerse cargo de las personas que pusieron en el poder y en el gobierno nacional”, apuntó.
En tal sentido, afirmó que “no fue una mala administración lo que vivimos en el 2024 sino que fue consecuencia de las malas políticas nacionales, desde el punto de vista de la economía, lo que nos impactó de manera directa” y advirtió que “teníamos previsto para 2024 un déficit económico que rondaría los 23.000 o 24.000 millones de pesos, lo que serían unos 2.000 millones por mes, y lo expresamos siempre, nunca lo ocultamos”. Al respecto, detalló: “En enero tuvimos 2.354 millones de pesos de déficit; en febrero, 412 millones de pesos; en marzo 2.262 millones de pesos; en abril 2075 millones; en mayo 2.700 millones; en junio 1.041 millones; en julio 2.400 millones; en agosto 3.600 millones y en septiembre 2.100 millones”.
En este marco, Cañete planteó que “la comisión fiscalizadora fue designada por este gobernador, y fue designada con una expectativa de sentarse a controlar y buscar cosas para elevar informe al gobernador diciendo que nosotros éramos malos administradores. Depende con los ojos que miren la información, es el informe que se va a realizar”.
Sobre los altos salarios del directorio, explicitó: “No podemos admitir que los interventores o la comisión fiscalizadora digan que cobrábamos doble sueldo, porque eso es absolutamente mentira. Mi sueldo como presidente era 7.800.000 pesos, a eso hay que agregarle la antigüedad que da 15.600.000 pesos, y a eso hay que descontarle el 35% de Ganancias y los descuentos de ley. No estoy avergonzado del sueldo que cobraba, de ninguna manera, y tampoco lo desdoblamos. Lo que hicimos fue analizar la situación en octubre y allí nos encontramos con un problema financiero, y por eso ordené al gerente que haga una liquidación para los gerentes y directores para cobrar con todos los empleados y al resto cobrarlo cuando ingresaran fondos. A raíz de eso, se ve que es mucho más fácil, más rimbombante y pega más en la sociedad decir que nosotros cobrábamos 16 millones de pesos. Y se ve que la intervención o la comisión fiscalizadora se olvidó de informarle al gobernador, que en la medida en que nosotros dispusimos establecer una división de la liquidación de nuestro salario, dispusimos la resolución 221 de fecha 12 de noviembre de 2024 para la suspensión de los incrementos salariales que pudieran corresponder a los miembros del directorio. Qué casualidad que a eso se lo olvidaron de informar; informan todo lo que tiene algún impacto de noticia en la población entrerriana y que nos dejan como el Grinch de Entre Ríos, no nos robamos la Navidad, pero sí nos robamos la salud de los entrerrianos. Es ridículo”.
Consultado por el uso de un auto oficial para trasladar a un funcionario a Corrientes, admitió: “Fue al gerente prestacional, y no lo negamos porque nuestras resoluciones estaban todas avaladas por resoluciones del directorio” y acusó: “En este momento, ¿cuántos vienen de Buenos Aires y quién les paga?”.
En ese marco, negó que hubiera empleados del IOSPER que vivían fuera del país: “La comisión fiscalizadora o la intervención eleva informes que el señor gobernador quiere escuchar. Les pido que presenten qué empleado tuvo o tiene domicilio fuera del país y que estuviera trabajando en la obra social. Yo no tengo conocimiento de que haya ninguno”. No obstante, reconoció que una empleada es pariente suya: “Hay una situación muy particular que generó la pandemia, que es el trabajo de manera on line o virtual. Si el jefe lo autoriza, en este caso el director de Cómputos, no tengo por qué tener objeción. La pandemia generó muchos trabajadores que trabajaban home office, de forma virtual, pero no solamente con esta persona que es pariente mía, que es una ingeniera informática que es sobrina mía, y que hacía trabajos home office”.
Reconoció que “ella trabajaba desde Rosario, y a veces tenía que ir a Amsterdam, Inglaterra, Nueva York donde dictaba clases y desde allí trabajaba home office, como se hace en muchas empresas”. Y agregó: “La otra sobrina que tengo trabaja en la Nasa y no tiene nada que ver con el IOSPER”.