En los últimos días, una vez más, hemos sido testigos de un espectáculo digno del circo romano, donde la clase política, en su infinita creatividad para el saqueo, ha vuelto a demostrar que, cuando se trata de gastar el dinero ajeno, no hay diferencias partidarias que valgan. No importa quién gobierne ni bajo qué bandera se cobijen: todos parecen estar de acuerdo en que el dinero del contribuyente —sí, el suyo, querido lector— es un recurso inagotable que debe ser administrado con la misma prudencia con la que un adolescente administra la tarjeta de crédito de sus padres.
La Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) se financia con los excedentes de la explotación del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, lo que, en términos más simples, significa que cada vez que usted enciende la luz, está contribuyendo a esta noble causa… aunque lo de «noble» es altamente discutible.
En su factura de luz llega un precio por ella que incluye la ganancia de la Represa Hidroeléctrica de Salto Grande, de donde se derivan los fondos que alimentan a CAFESG. Esa ganancia se está invirtiendo hoy en una estructura de salarios para funcionarios y empleados, principalmente, con un sobrante mínimo destinado a obras cosméticas con las que nos toman el pelo, como vecinos de una ciudad que hizo un sacrificio inmenso para dar lugar a la construcción de dicha represa.
Es mayor el gasto en la estructura de funcionamiento de CAFESG que los fondos que vuelven en forma de obras a las localidades afectadas, sumado a esto la decisión sobre cuáles obras, está muy lejos de tener un componente democrático por parte de los vecinos afectados.
Hemos visto a intendentes, legisladores y toda una fauna de dirigentes disputarse el botín como si de un festín se tratara, mientras el tan mentado «resarcimiento histórico» sigue siendo, cuatro décadas después, tan real como la dieta que siempre empieza el lunes. Lo que sí es muy real es el uso de estos fondos para sostener una estructura burocrática cuya función principal parece ser la de existir y cobrar sueldos.
Porque no nos engañemos: CAFESG ha sido, en la práctica, un generoso cajero automático para la política, con una plantilla de empleados cuya productividad es inversamente proporcional a la carga impositiva que debe soportar el ciudadano común. A cambio, los federaenses y entrerrianos reciben obras mínimas, justificadas bajo un relato de desarrollo que, curiosamente, nunca se traduce en mejoras palpables para el pueblo.
Por todo esto, y en nombre de la decencia, la ética y el sentido común (ese que los burócratas suelen considerar opcional), creemos que CAFESG debe desaparecer. No por capricho, sino porque es un monumento al despilfarro y un recordatorio constante de cómo el Estado puede convertirse en el peor enemigo del trabajador. Que sus fondos sean utilizados para pagar sueldos improductivos y financiar el gasto político es, sencillamente, una afrenta a quienes día a día sostienen con su esfuerzo este andamiaje absurdo.
La solución es clara: si la única función de CAFESG es servir de refugio para la casta y de coartada para seguir exprimiendo al contribuyente, lo más sano y correcto es su extinción. Que cada funcionario que la ha defendido busque su sustento en el sector privado y que, por primera vez en su vida, experimente lo que es generar riqueza en lugar de parasitarla.
Y, por supuesto, que el precio de la energía eléctrica que paga cada uno de nosotros se ajuste en forma acorde. No tenemos por qué continuar soportando los sueldos de la casta de entenados, avivados y buscavidas de la política a quienes CAFESG da un sustento que no se ganan con el sudor de su frente. Es hora de que esos seres de luz dejen de estar enganchados de nuestro esfuerzo.
Queremos ser libres, y no seguir siendo saqueados por la cafesg
Viva la libertad, carajo.