Un soldado voluntario de 19 años hacía la guardia nocturna en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan. Eso y su muerte son los últimos datos certeros que trascendieron públicamente durante la mañana del 30 de septiembre. El Ejército no dio ningún dato suyo ni del motivo del deceso.
Luego de “lamentar informar el fallecimiento” sin otra precisión que la del momento en que habría ocurrido (el martes 29 a las 20.30), el Ejército informó que “ante lo sucedido, se dio inmediata intervención al Juzgado Federal 5 de San Juan y se iniciaron actuaciones administrativas. El Ejército Argentino acompaña a los familiares, camaradas y seres queridos del soldado en este momento de dolor y las autoridades del regimiento mantienen contacto con la justicia para colaborar en todo aquello que resulte necesario”.
Mucho contacto judicial no tienen, habida cuenta de que citan un juzgado inexistente, aunque en efecto será el fuero federal el que deberá determinar lo ocurrido antes de la muerte y las circunstancias en que se produjo.
Ante semejante orfandad de información pública, hubo que esperar a que el Diario de Cuyo obtuviera el nombre de la víctima, Brian Oyola, y que el local Del Sur Diario detallara que “el hallazgo se produjo cuando llegó el relevo y un compañero fue hasta el lugar. Ahí se topó con el soldado tendido en el suelo, sin signos vitales”.
Otros medios provinciales y hasta porteños se limitaron a reproducir el comunicado oficial sin reparar en la falsedad contenida en ese documento. En la TV porteña apelaron a especulaciones respecto de que se hubiese suicidado como otros uniformados, aunque ninguna hipótesis podía ser alentada ni descartada debido a la carencia de información; de ahí que se preguntaran si “¿se mató o lo mataron?”.
Antecedentes no faltan
A más de 30 años del crimen contra Omar Carrasco, otro soldado asesinado en el mismo cuartel de Zapala es víctima de la desmemoria. Sus familiares, quienes reclaman el esclarecimiento, son objeto del destrato. Se trata de Pablo Córdoba, a quien hicieron aparecer como “suicidado” cuando había recibido dos balazos de fusil, como El Cohete detalló aquí.
Si bien se han incrementado los casos de uniformados de distintas fuerzas que se han quitado la vida, en un contexto de apremios económicos como El Cohete enumerara, cada uno merece una investigación adecuada. Así, por ejemplo, el guardia de la residencia presidencial Rodrigo Andrés Gómez, que se mató en Olivos a fin de año, era víctima de una extorsión sexual basada en una mentira, lo que pudo esclarecerse cuando trascendieron los audios de su celular.
El Poder Judicial
Si bien el Ejército comunicó que dio “inmediata intervención al Juzgado Federal 5”, la provincia sólo tiene dos sedes.
El Juzgado Federal 1 de San Juan, con competencia electoral, que está vacante desde la jubilación del juez Miguel Gálvez, en noviembre de 2022. Recién en diciembre de 2024, el Consejo de la Magistratura definió una terna con dos sanjuaninos y un mendocino, Gonzalo Gassull, quien quedó noveno en orden de mérito, diez puntos abajo del tercero contra quien competía. El gobierno nacional se decidió por este último y envió el pliego al Senado hace dos semanas.
El Juzgado Federal 2 tiene como titular a Leopoldo Jorge Rago Gallo, nombrado en 1992, a quien, tras alcanzar el límite de edad, el nuevo gobierno nacional revalidó por decreto para continuar por cinco años más. El medio Tiempo de San Juan explicitó que “Rago Gallo es una figura conocida. Expresó posiciones sobre políticas de seguridad y mostró afinidad con la gestión nacional. Protagonizó fallos de repercusión y episodios que marcaron su trayectoria, como la investigación que afrontó en el Consejo de la Magistratura tras la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi en 2013, proceso del que fue sobreseído en 2016”.
La historia militar
El Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22) tiene asiento en Marquesado, departamento sanjuanino de Rivadavia. Su nombre, Teniente coronel Juan Manuel Cabot, recuerda al militar que peleó contra las dos invasiones inglesas, aliado de Mariano Moreno y Nicolás Rodríguez Peña, reclutado por Domingo French para dar instrucción militar, hasta que en 1813 se unió a la segunda expedición al Alto Perú, aunque no llegó a combatir.
El RIM 22, que toma su nombre, sí combatió, pero fronteras adentro, en Tucumán, el 8 de noviembre de 1975, cuando en combate contra la guerrilla rural fueron muertos el jefe al mando, cabo primero Wilfredo Méndez, y el soldado Benito Pérez (sendas escuelas en Córdoba llevan sus nombres). Ambos fueron homenajeados hace 11 meses.
Cuando la información se difundió, los lectores afines que recordaban aquel combate de Las Higueritas reprochaban: “El RIM 22 parece que se ha olvidado del subteniente médico (Juan) Toledo Pimentel, el sargento (Alberto) Lai y el soldado (Carlos) Cajal, caídos en cumplimiento del deber al detonar un explosivo a control remoto por terroristas del ERP cuando cruzaban un puente con una ambulancia”. No, no se olvidaron; es que el testimonio de otro soldado denunció que el explosivo fue detonado por el servicio de inteligencia propio, como se relatara aquí.
Además, el ERP publicó que ese subteniente, “militante del PRT-ERP, avisó que había sido llamado por (el general Domingo) Bussi para el operativo Independencia. Obligado a aceptar, para el Partido era una buena fuente de información, infiltrado. Sin embargo, se había ganado el odio de Bussi por declaraciones sobre el asesinato de un colimba que el Ejército hizo figurar como suicidio”.
Los actuales uniformados
En diciembre pasado, el coronel Pablo José Molina sucedió a su par Rubén Gastón Patera y en enero comandó el recordatorio de la mayor tragedia del RIM 22: la muerte de 17 integrantes de su banda musical en un accidente que dejó 23 heridos hacia 1986, cuando su ómnibus cayó por un precipicio.
José Molina, oficial desde 1989, cursó la Especialización en Estrategia Operacional y Planeamiento Militar Conjunto durante 2011, y la Maestría en Ciencias Militares durante un año en la Nanjing Army Command College (2013). Pasó a ser segundo jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado en Monte Caseros, Corrientes, hasta 2015, y ejerció el mismo cargo en el RIM 20 de Jujuy hasta 2018. Dio clases en la Escuela Superior de Guerra durante 2019. Estuvo a cargo de la Compañía Policía Militar 601 hasta 2021. Fue destinado a Mendoza, primero en la VIII Brigada de Montaña hasta 2024, y como director del Hospital Militar Regional durante 2025. Esos antecedentes cuyanos constituyen la lógica que terminó con su asunción de fin de año en San Juan, donde uno de sus 500 hombres acaba de aparecer muerto.
El mismo día del hallazgo del cuerpo de Oyola, la familia de otro soldado muerto en cumplimiento de sus funciones en democracia por fin terminó un proceso judicial, con la condena a cinco integrantes del Ejército.
Hacia septiembre de 2019, el aspirante José Javier Bechis, de 19 años, fue muerto en San Luis. Durante una práctica con fusiles, el soldado Elías Muñoz se retiró de la línea con una bala en la recámara; no cumplió el procedimiento reglamentario de verificar que su FAL estuviera descargado y deambuló sin que nadie reparara en la irregularidad. Ya en una carpa con una veintena de aspirantes, limpiaba el arma cuando apretó el gatillo y un balazo impactó en el hombro izquierdo de quien estaba a su lado, Bechis, que falleció rumbo al hospital.
Hace cinco meses, Muñoz –quien tenía 18 años al momento del disparo– y su director de tiro, teniente Alejandro Agustín Díaz Garro, reconocieron su responsabilidad, arribaron a un juicio abreviado homologado por el Tribunal Oral de San Luis y recibieron tres años de prisión en suspenso.
Ahora, debido al incumplimiento de las funciones específicas durante la práctica, fueron condenados el sargento Carlos Gustavo Lebrón y el cabo primero Sergio David Winter Morán a un año de prisión en suspenso. El cabo Enrique Martín Zárate recibió dos años y diez meses de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación especial, también por negligencia e inobservancia de los reglamentos.
Ninguno irá tras las rejas por esa desidia “accidental”.
La seguridad en los cuarteles
Tras un ritual de bienvenida, en junio de 2022, le provocaron la muerte al joven Matías Chirino en el Grupo de Artillería de Monte 3, en Paso de los Libres (ver Si así tratan a los propios).
Su padre buscó justicia como pudo, hasta que, apesadumbrado, sufrió un accidente de tránsito que le dejó complicaciones que derivaron en su fallecimiento. Meses después, su familia recibió un tercer golpe: el Poder Judicial les redujo la pena a los condenados por la muerte de Matías.
Una semana antes de fin de año, la Cámara de Casación redujo condenas entre seis meses y dos años. A pesar de que el juez Juan Carlos Gemignani se pronunciara en línea con la Fiscalía y la familia Chirino por una condena de homicidio, sus pares aplicaron otro criterio. Según los jueces Mariano Borinsky y Carlos Mahiques (quien obtuvo un permiso especial para seguir en el cargo a pesar de sus 75 años y es padre del actual ministro de Justicia), este fue un caso de abuso de autoridad y abandono de persona seguido de muerte.
Días después de la muerte de Chirino, también en Corrientes, internaron de urgencia por los maltratos recibidos al soldado Marcelo De La Sota. Al mes siguiente, dejaron en sillas de ruedas al cabo Michel Natahel Verón en el regimiento de Apóstoles, Misiones.
Algunos de sus familiares se cuidan de hacer declaraciones, pero quienes hablaron con El Cohete a la Luna deslizaron cuán perturbados están en contraste con su pasada convicción de que en ningún lugar iban a estar más seguros que en una base militar.
Al menos una diferencia hay respecto de 1975: el Ejército ya no pregunta “¿Sabe usted dónde está su hijo ahora?”.