Graciela Palacio de Lois estaba desesperada. El 7 de noviembre de 1976 habían secuestrado a su marido, Ricardo Lois. Durante días recorrió la ciudad como autómata. Subía y bajaba de colectivos. Mientras ella golpeaba todas las puertas, pensaba en su hijita de poco más de dos meses que la esperaba en casa. En esa búsqueda llegó a sus manos un papelito con una dirección: Corrientes 1785. Allí estaban otras personas que buscaban a sus seres queridos. Entró y nunca más salió. Esa es la organización que ella hoy preside, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el primer organismo de derechos humanos que se conformó tras el golpe de Estado y la implementación del plan criminal de la dictadura. Familiares cumple 50 años, que resumen medio siglo de búsqueda de verdad y justicia.
Familiares se creó en septiembre de 1976. En los papeles, no hay un día exacto. En la memoria, aparece el testimonio de Lilia Jons de Orfanó –conservado en el Archivo Oral de Memoria Abierta–.
Lilia, para entonces, conocía el terrorismo de Estado por dentro. El 30 de junio de 1976, un grupo de tareas había desaparecido a uno de sus hijos, Pantaleón Orfanó. El 3 de agosto de ese año, una patota había irrumpido en su casa para llevársela a ella y a su marido, Lucas Orfanó. Pasaron quince días en el centro clandestino que funcionaba en lo que era la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) –más conocida como Coordinación Federal–.
Mientras recorría cuarteles y comisarías, Lilia también recibió un papelito con la dirección de la entonces Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH). “La Liga nos ofreció un lugar para funcionar. Somos los fundadores de Familiares”, dijo en la entrevista grabada en 2001. Para ella, no era un mérito: había sido arrojada a esa tarea por la mayor desgracia que atravesó el país –la desaparición forzada de personas–.
En un primer momento, se llamaron Familiares de Secuestrados. A principios de 1977, tomaron contacto con la Vicaría de la Solidaridad de Chile y decidieron adoptar la misma denominación que se usaba allá después del golpe de Augusto Pinochet. Se denominarían Familiares de Detenidos-Desaparecidos. Para julio o agosto de ese año, en una asamblea, se decidió modificar el nombre. Iban a ser Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.
En Familiares, coincidían distintas trayectorias políticas. Había padres, madres, esposas, parejas, hermanas que buscaban a sus seres queridos. Las primeras tareas tuvieron que ver con registrar las denuncias de quienes se acercaban. Esas tareas quedaron muchas veces en manos de las integrantes más jóvenes, como Graciela. En esos primeros tiempos, desde Capital Federal partieron militantes a visitar distintos puntos del país para articular con otros familiares y propiciar la creación de distintas filiales. Mientras tanto, no dejaban carta por mandar: obispos, organismos internacionales, presidentes, escritores, actores.
En marzo de 1977, antes de que se cumpliera un año del golpe, Familiares publicó una solicitada –replicada en La Nación y La Opinión– en la que le pedía a Jorge Rafael Videla por la aparición con vida de los desaparecidos. El texto llevaba las firmas de madres cuyos hijos habían sido secuestrados.
El 30 de septiembre de ese año, Familiares le envió una nota a la Junta Militar pidiendo que una comitiva fuera recibida. Querían entregar un petitorio en el que habían estado trabajando durante largos meses. La fecha escogida para la presentación era el 14 de octubre a las 17. Era la víspera del día de la Madre.
Según publicó La Opinión, ese viernes 14 de octubre se congregaron unas 200 personas frente al Congreso. Para la organización, el número de manifestantes fue superior. Iban a acompañar la entrega del petitorio. Sin embargo, las fuerzas represivas tenían otros planes. La policía empezó a cercar a los manifestantes, lanzó granadas de gas y finalmente los empujó hacia una encerrona en Rodríguez Peña entre Sarmiento y Cangallo (actual Perón). Los detenidos fueron cargados en cuatro unidades de la Línea 60 y llevados a las comisarías de la zona. A pesar de todo, se entregó el petitorio que reunía las firmas de 23.970 personas que reclamaban saber qué hacía la dictadura con sus víctimas. En la presentación, se denunciaban los casos de 571 personas desaparecidas y de 61 presos políticos.
Entre los detenidos del 14 de octubre de 1977 estuvo Alice Domon, la religiosa francesa que solía frecuentar la sede de Familiares. Menos de tres meses después, un operativo golpeó con fiereza al incipiente movimiento de derechos humanos. Entre el 8 y el 10 de diciembre de ese año, fueron secuestrados doce activistas que solían reunirse en la Iglesia de la Santa Cruz. Entre ellos estaban las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor de De Vincenti, María Eugenia Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga. También Domon y Leonie Duquet. El 19 de diciembre de 1977, Familiares envió una carta a la Junta Militar desmontando la versión oficial que pretendía atribuir los secuestros a Montoneros.
Por entonces, no sabían que el muchacho rubio que solía discutir con Lucas Orfanó era el teniente Alfredo Astiz y que había sido el responsable de la caída. Familiares también estuvo en la mira de la patota de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Angela “Lita” Paolín de Boitano, madre de dos desaparecidos, fue “marcada” cuando viajó a Puebla y ya no pudo regresar al país. Thelma Jara de Cabezas fue secuestrada, llevada al campo de concentración y con ella cautiva montaron una operación para desvirtuar el reclamo de Madres y Familiares antes de que llegara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país. En ese momento también Familiares sufrió allanamientos y el secuestro de la documentación que había producido desde su creación.
Los archivos muestran que en 1978 la organización se había dado la tarea de buscar reunirse con los jerarcas de la dictadura. El 23 de junio, dos días antes de que se jugara la final del Mundial, una comitiva integrada por Hilda Velazco, Orfanó y Clara Israel se entrevistó con el coronel Vicente San Román, de la Dirección Seguridad Interior del Ministerio del Interior. En ese encuentro, el militar despotricó por las “señoras de pañuelos blancos” que van a la Plaza con corresponsales extranjeros. “Eso no ayuda”, les dijo ante la incomodidad de los integrantes de Familiares.
San Román les confesó que estaban muy preocupados por el desarrollo del Mundial. “Después del Mundial, pasamos a otra etapa con soluciones para el problema que ustedes nos traen”, los esperanzó. Era una mentira más.
El 2 de agosto de 1978, otra comitiva fue a golpear la puerta de Emilio Eduardo Massera. El almirante –que estaba preparando su retiro de la Marina para dedicarse de lleno a la actividad política– dejó el asunto en manos del capitán de navío Horacio Zaratiegui, que era su secretario.
Zaratiegui no se anduvo con rodeos. “El fenómeno subversivo no encaja en nuestras leyes. Es una guerra sucia en que las Fuerzas Armadas se han visto envueltas y han respondido de la misma forma. Por eso hay muchas cosas que no se van a reconocer oficialmente”, les dijo, aunque admitió que la Armada estaba dispuesta a publicar una lista de muertos.
Familiares propició el contacto con los periodistas, tarea a la que estaba abocada Catalina Guagnini, madre de dos desaparecidos. También se acercó a las centrales obreras. El organismo invitó formalmente a Saúl Ubaldini, dirigente de la CGT Brasil, a la tercera marcha de la Resistencia en Plaza de Mayo. “Es por ello que hemos concurrido como Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas a todas las movilizaciones de las centrales obreras y a muchas protestas sindicales porque entendemos que nuestro frente de lucha coincide con el del movimiento obrero”, decía la nota enviada en septiembre de 1983.
En la transición a la democracia, Familiares integró la Comisión de Recopilación de Datos, que sistematizaba la información sobre desaparecidos, centros clandestinos y represores. También colaboró con el trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). El 20 de septiembre de 1984, mismo día que la Conadep entregó su informe final a Raúl Alfonsín sin los nombres de los perpetradores, Familiares publicó un número de su revista Testimonios. En el ejemplar, que había estado a cargo de Mabel Gutiérrez, había un listado de centros clandestinos, personas vistas en los campos de concentración y responsables.
Por aquellos años, los integrantes de Familiares solían encontrarse con anónimos con amenazas. Uno de ellos declaraba que Graciela y otros de sus compañeros estaban condenados a muerte. El papel llevaba la firma de Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión (FAMUS)-Comando Giacchino.
En democracia, Familiares siempre bregó por el juicio y castigo a todos los culpables. Una acción coordinada de Graciela Lois y Laura Bonaparte logró frenar la intención de Carlos Menem de demoler la ESMA y crear un parque para la reconciliación. Después de esa movida, la inteligencia de la Bonaerense empezó a seguir los pasos de Graciela, como lo muestran los registros que custodia la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).