En las principales maternidades de Argentina crece la proporción de nacimientos con dosaje positivo para sustancias psicoactivas. En el Hospital Fernández de Buenos Aires, los casos aumentaron 185% en tres años: pasaron de 13 en 2023 a 25 en 2024 y a 37 en 2025. La tendencia se repite en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires: la Maternidad Provincial cordobesa registró un aumento del 142% de embarazadas expuestas a drogas entre 2022 y 2024, y en el Hospital José María Cullen de Santa Fe los casos positivos crecieron 128% en solo un año.
Las sustancias más detectadas son cocaína y marihuana, aunque persiste un fuerte subregistro del consumo de alcohol durante el embarazo. Así lo confirma un relevamiento de Ruido y Chequeado, que además advierte que no existe un protocolo unificado a nivel nacional ni un sistema de seguimiento a largo plazo para evaluar secuelas en el aprendizaje y el neurodesarrollo.
¿Por qué suben los números? El fenómeno puede responder a dos factores combinados: un aumento del consumo en la población gestante y una mayor disposición de los equipos médicos a buscar estos casos de manera activa. No está claro cuánto del salto se explica por más consumo y cuánto por una mirada menos indiferente en los controles de salud. Lo que sí coincide entre las distintas voces consultadas en el relevamiento es que el subregistro es la regla: no todos los centros de salud hacen búsqueda activa de casos ni los agentes de salud preguntan con la profundidad necesaria durante los controles obstétricos.
En Argentina, estos casos no son de notificación obligatoria. Por eso no existen datos centralizados en el Ministerio de Salud de la Nación. Tampoco hay un protocolo único: cada maternidad actúa según sus propios criterios y recursos. La falta de consenso tiene motivos concretos, más allá de la burocracia: existe temor entre los equipos de salud a que se inicien acciones legales que terminen en la separación de la madre y su hijo, y por evitar estigmatizar, muchas veces se deja pasar la situación sin intervenir.
El costo de esa desidia institucional lo pagan los cuerpos más pequeños. Las secuelas van desde el bajo peso —la más frecuente— hasta malformaciones, partos prematuros y alteraciones neurocognitivas que muchas veces recién se detectan en la escuela primaria. Y ahí aparece otra falla estructural: no hay seguimiento a largo plazo. Nadie certifica, en el sistema público, cómo llegan estos les pibis al aprendizaje.
Detrás de cada dosaje positivo hay, casi siempre, una mujer sola. La pobreza en los hogares monoparentales con jefatura femenina en Argentina alcanza al 52,8%, según el último informe de UNICEF sobre pobreza infantil, muy por encima del promedio general. Son mujeres que además duplican su tiempo de cuidado diario cuando hay hijos e hijas en el hogar, lo que las empuja a empleos precarios, part-time o al pluriempleo. Consumir, parir y criar en soledad, con controles insuficientes, no es un dato aislado: es la fotografía de una feminización de la pobreza que la política pública, lejos de compensar, profundiza.
Mientras el problema crece, las herramientas para prevenirlo se achican. La distribución de anticonceptivos orales e inyectables cayó 53,9% entre 2023 y 2024, y otros relevamientos privados marcan una caída de hasta el 81% en la entrega de anticonceptivos, anticoncepción de emergencia y test de embarazo en el mismo período.
El desguace también golpeó a la Educación Sexual Integral: desde agosto de 2025 el Estado nacional dejó de asignarle presupuesto específico y delegó toda la responsabilidad en las provincias, justo la herramienta que permite hablar de consumos, cuerpos y decisiones reproductivas antes de que un embarazo llegue sin red de contención.