Sergio Daniel Urribarri, de 67 años, fue condenado en 2022 por un esquema de desvío de fondos públicos hacia empresas vinculadas a su cuñado, mediante contratos de publicidad oficial simulados entre 2010 y 2015. La causa acreditó 143 operaciones irregulares que generaron un perjuicio económico para la provincia. Con el fallo firme, la Justicia dispuso que el exmandatario cumpla la pena en prisión efectiva
La defensa del exgobernador intentó evitar la detención mediante un pedido de prisión domiciliaria, alegando un cuadro de salud mental y físico que incluiría trastorno de estrés postraumático, hipertensión y problemas cardíacos. Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo al considerar que no se acreditaron razones suficientes para suspender la ejecución de la pena ni para otorgar el beneficio.
Nació en Arroyo Barú, un poblado de no más de 500 almas, el 7 de octubre de 1958, hijo de una maestra rural, Miriam Teresita Luchessi, y de un jefe de estación, Jorge Enrique Urribarri, que perdió una elección a presidente comunal por el peronismo. Fue el segundo de tres hermanos: Guillermo, médico; Armando, veterinario, que en 2016 se rindió después de pelear años contra el cáncer. Vivieron de chicos en la estación de trenes de General Campos, adonde el ferrocarril trasladó al padre cuando Sergio tenía 18 años, a 60 kilómetros de Concordia. No fue peronista de cuna. Le gustaba Raúl Alfonsín, escuchaba al victoriense César Jaroslavsky prometer una ambulancia para el pueblo, y a un amigo que quiso llevarlo a la Juventud Radical le respondió con una frase que ya anunciaba al político: “Si hacemos un partido vecinal, nuevo, te acompaño”.
Entró de cajero al Banco Mesopotámico a principios de los ochenta. Hay una foto de los carnavales de 1982, arriba de una carroza: él y Ana Lía Aguilera, ella con una malla turquesa y, según dicen, el primer hijo ya en camino. La chica tenía 17 o 18 años y una familia muy de Iglesia. Su padre, Nepomuceno Aguilar, el de la librería chiquita, lo corrió con un cuchillo por las calles del pueblo; el sargento Rubén Espinosa lo escondió en su casa hasta que se le pasara la furia al suegro. La pareja terminó en una vivienda social de los años setenta que el tiempo se encargaría de derrumbar. De esa familia salieron también dos cuñados que lo acompañarían toda la vida: Aníbal, el cura de las motos importadas, capaz de comparar desde el púlpito de Chajarí a los productores del campo con los que gritaban “crucifíquenlo”; y Juan Pablo, el apañado de Ana Lía, a quien nadie le conoció un trabajo hasta que el marido de su hermana llegó al poder.
La causa
Urribarri había sido condenado el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, que le impuso ocho años de prisión por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. En ese proceso también fueron condenados el ex ministro de Cultura y Comunicación entrerriano Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador, ambos a seis años de prisión.
Según la investigación, Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares y en las maniobras resultó favorecido Aguilera, señalado como responsable de un esquema de testaferros y cartelización destinado a captar fondos de la pauta oficial en vía pública.
La acusación comprendió cinco hechos principales, entre ellos el otorgamiento de pauta estatal a la empresa Global Means antes de que tuviera existencia efectiva; el manejo durante cinco años del negocio de cartelería oficial a través de las firmas Tep SRL y Next SRL; y la denominada megacausa del “Sueño Entrerriano”.
También se investigaron la instalación de un parador en Mar del Plata, que tuvo un costo de $14 millones de entonces, y el pago a la productora Nelly Entertainment para la difusión de tres spots vinculados formalmente con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.
El fallo de primera instancia había sido confirmado en 2023 por el Tribunal de Casación de Entre Ríos y posteriormente el Superior Tribunal de Justicia provincial rechazó los recursos de las defensas, que acudieron entonces ante el máximo tribunal nacional.
Urribarri estuvo detenido durante 50 días luego de que en noviembre de 2024 la Casación provincial ordenara su prisión preventiva ante el riesgo de fuga. Esa medida fue revocada en enero de 2025 por la Sala de feria del Superior Tribunal de Justicia entrerriano.
El dirigente peronista gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015, fue posteriormente legislador provincial y en 2020 asumió como embajador argentino en Israel, cargo al que renunció en 2022 tras conocerse la condena.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario de la defensa del exgobernador por considerarlo inadmisible. La misma suerte corrieron los planteos de los otros condenados en el expediente.