El conflicto más extenso y con mayor cantidad de puestos de trabajo en juego es el de Granja Tres Arroyos, que supo ser la mayor empresa avícola del país y que mantenía en Concepción del Uruguay su planta «La China». La crisis de la compañía no es reciente: ya en diciembre de 2024 había solicitado ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis, el mecanismo legal que habilita a una empresa a negociar suspensiones o reducciones de personal antes de avanzar con despidos masivos.
El cuadro se agravó con sucesivos brotes de gripe aviar. En agosto de 2025 un nuevo foco provocó el cierre del mercado europeo para la carne aviar fresca argentina, lo que golpeó de lleno a la planta entrerriana; a comienzos de 2026 se sumaron nuevos episodios en otras provincias, lo que mantuvo bloqueadas las exportaciones durante meses y agravó la situación financiera de la empresa en Concepción del Uruguay. Recién el 28 de julio de 2026 la Comisión Europea formalizó la reapertura del mercado a través del Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1813, que permitió a la Argentina retomar los envíos de carne aviar fresca desde el 17 de agosto, tras reconocer la recuperación del estatus sanitario del país como libre de Influenza Aviar Altamente Patógena.
Pero la normalización comercial llegó después de un largo derrotero de ajustes en la planta entrerriana. El 27 de mayo de 2026 la empresa había anunciado el cierre por tiempo indeterminado de «La China», una decisión que sorprendió a los trabajadores de Concepción del Uruguay y dejó en vilo unos 950 puestos de trabajo, en un contexto de crisis financiera, recortes operativos y una caída drástica en la faena diaria, que pasó de 700.000 a apenas 200.000 pollos. Menos de tres meses después, el 11 de agosto de 2026, la compañía despidió a 250 trabajadores más de esa misma planta industrial, atribuyendo la medida al desempeño exportador, la sobreoferta en el mercado interno y los costos operativos.
La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) repudió públicamente la decisión y calificó el accionar de la empresa como «artero e insensible» frente a la situación económica de los trabajadores entrerrianos, denunciando que la compañía avanzaba con despidos masivos que «no aportan soluciones y profundizan aún más la crisis». El gremio remarcó, además, que entre los despedidos había también delegados de personal, un dato que en el mundo sindical suele leerse como un intento de debilitar la representación gremial dentro de la planta en momentos de conflicto.
Unionbat y el costo humano
Si el caso de Tres Arroyos es el de mayor escala, el de Unionbat S.A., en Gualeguaychú, es el que con mayor nitidez retrató el costo humano del cierre de una planta industrial en el interior entrerriano. La empresa, una histórica fabricante de baterías que en 1981 había presentado la primera batería intercelda termosellada y de bajo mantenimiento producida en Sudamérica, y que en 2005 había sido la primera fábrica del país en producir baterías con aleación calcio-plata, decidió en junio de 2026 discontinuar su actividad productiva en la planta del Parque Industrial de Gualeguaychú para concentrar toda la producción en su establecimiento de San Martín, provincia de Buenos Aires.
La compañía comunicó que la medida formaba parte de «una adecuación de su estructura industrial, orientada a una operación más concentrada y eficiente», y que en Gualeguaychú permanecería únicamente una dotación mínima afectada a tareas de seguridad, custodia y mantenimiento del establecimiento. El resultado concreto fue el despido de 101 operarios entrerrianos, según precisó posteriormente el sindicato del sector.
El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas denunció que las cesantías se comunicaron de manera sorpresiva, durante el cambio de turno y, en algunos casos, mediante simples mensajes de WhatsApp. Los trabajadores despedidos montaron un acampe frente a la planta por tiempo indeterminado para impedir el retiro de maquinaria, que interpretaron como un intento de vaciamiento de las instalaciones, y reclamaron la intervención de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos.
Uno de los aspectos que más preocupación generó entre los propios trabajadores de Gualeguaychú fue el perfil de los afectados: el promedio de antigüedad rondaba los veinte años, con operarios de entre 45 y 50 años que además estaban próximos a acceder al régimen de jubilación anticipada previsto para actividades insalubres, debido a la exposición permanente al plomo durante el proceso de fabricación de baterías. «¿Dónde va a conseguir trabajo hoy toda esta gente?», planteó un dirigente sindical, al advertir sobre las escasas posibilidades de reinserción laboral de un grupo etario que, además, perdía de manera abrupta el beneficio previsional que estaba a punto de alcanzar.