Cuatro días después de que una oleada migratoria sin precedentes sacudiera a Ceuta -la ciudad española ubicada en el norte de África que limita por tierra con Marruecos-, el polvo de la emergencia empieza a asentarse sobre una realidad desoladora. Más de 50.000 personas cruzaron la frontera bordeando los espigones a nado, empujadas por la desesperación y rumores infundados sobre cambios legislativos. Hoy, mientras la gran mayoría de los adultos ha sido retornada al territorio marroquí, las calles de este pequeño territorio de soberanía española exhiben las heridas de un colapso humanitario y el inicio de una tormenta política que amenaza con fracturar al propio Gobierno progresista de Pedro Sánchez.
La dimensión de la tragedia se mide en pérdidas humanas y en la mirada de la infancia vulnerable. La Delegación del Gobierno calcula que al menos 72 personas murieron ahogadas o aplastadas en el intento de cruzar a suelo europeo, aunque las autoridades locales de Ceuta elevan la cifra a 88 fallecidos. En los depósitos forenses se trabaja a marchas forzadas para identificar los cadáveres. En la superficie, la emergencia tiene rostro de niño. Los centros de acogida ceutíes albergan a 862 menores no acompañados, una cifra que representa una sobreocupación del 2.872% respecto a su capacidad operativa. En la vecina Melilla, la otra ciudad autónoma española en suelo africano, la situación es similar: 344 chicos abarrotan instalaciones preparadas para albergar apenas a 84.
Organizaciones de derechos humanos como Save the Children denuncian que cientos de adolescentes vagan aún escondidos por la periferia de la ciudad o pernoctan en depósitos cerca del puerto sin acceso regular a comida. Las autoridades locales patrullan junto a las Fuerzas Armadas para localizar a estos jóvenes, mientras el Ministerio de Juventud e Infancia intenta filiarlos para habilitar traslados a la Península. El drama se profundiza ante la histórica negativa de Marruecos a cumplir los acuerdos bilaterales de repatriación segura para que los niños que desean volver con sus familias puedan hacerlo.
Esta catástrofe humanitaria ha abierto grietas dentro del Gobierno de coalición español sobre cómo vincularse con Rabat. Durante los primeros días de la crisis, tanto el presidente Pedro Sánchez como su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, optaron por eximir de toda responsabilidad al régimen del rey Mohamed VI, ensalzando la “cooperación ejemplar” de las fuerzas de seguridad marroquíes. Sin embargo, este discurso monolítico se rompió en pedazos cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, se desmarcó públicamente al exigir al reino alauita que investigue “hasta el final quién está detrás de esta tragedia”.
Robles cargó duramente contra el uso explícito de menores como moneda de cambio geopolítica y defendió enfáticamente la labor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cruzando duras indirectas con el Ministerio del Interior por la falta de previsión ante semejante flujo.
Las declaraciones de Robles reflejan un sentir amplio dentro del espectro progresista que recela de la dependencia diplomática respecto a la autocracia marroquí. Desde Rabat, las fuentes diplomáticas se apresuraron a negar cualquier chantaje o relajación del control fronterizo, culpando del “efecto llamada” a una reciente sentencia del Tribunal Supremo español que limitó las devoluciones sumarias en caliente cuando los migrantes llegan a nado sin violentar obstáculos físicos en la frontera. Según la narrativa del país norteafricano, las mafias desinformaron a la población a través de las redes sociales, prometiendo una entrada impune a la tan anhelada Unión Europea.
El frente diplomático tampoco ofrece respiro para el Ejecutivo español en el plano internacional. De cara a la reunión extraordinaria de ministros del Interior de la Unión Europea, el ministro Albares endureció sus reproches contra los socios comunitarios. Madrid acusa de falta de empatía y solidaridad a países gobernados por la extrema derecha, señalando directamente a la Italia de Giorgia Meloni por haber cerrado unilateralmente el espacio Schengen a los flujos procedentes de España. Albares llegó a espetar que “ya le gustaría al gobierno italiano gestionar sus crisis migratorias como lo ha hecho España”, recordando el descontrol persistente en lugares como la isla de Lampedusa, enclave habitual de llegada de inmigrantes procedentes de las costas libias.
Sin embargo, los llamados de Madrid a la corresponsabilidad comunitaria han chocado contra el muro burocrático de Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respondió a la carta del presidente Sánchez elogiando la rapidez de los retornos concertados con Rabat, pero aprovechó para deslizar que esta crisis demuestra la necesidad de levantar “barreras físicas” y endurecer los controles en las fronteras exteriores del bloque. Mientras las potencias europeas debaten entre muros más altos o cooperación condicional, Ceuta intenta digerir el duelo de los ahogados y buscar un techo digno para casi un millar de chicos que quedaron atrapados en tierra de nadie.
AUTOR: Héctor Barbotta. Periodista enviado a Sevilla.