Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Valim, Javier Borrego y Carlos Beraldi, brindaron una conferencia de prensa en la que explicaron los pasos a seguir para presentar el caso de la expresidenta frente al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los letrados explicaron que presentaron también una medida cautelar para pedir la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que permitiría que CFK vuelva a competir en una elección.
“Hay una cautelar que pide la suspensión de esta sanción que contradice y vulnera precedentes clarísimos del Comité. El Comité no permite inhabilitaciones perpetuas. Pero pediremos la revisión total de la sentencia”, detalló Valim, abogado brasileño que participó de la defensa del presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva en el caso Lava Jato.
Este miércoles temprano, la expresidenta publicó una carta en la que recordó que es víctima de una persecución político-judicial y anunció la incorporación de Valim y Borrego al equipo de Beraldi para encabezar la presentación de la comunicación frente al Comité de la ONU. Esperan que el documento sea tratado en octubre, cuando se reúna el organismo que tiene sede en Ginebra y Nueva York.
Los abogados explicaron que decidieron hacer su presentación frente a la ONU porque “en el Comité hay un acceso directo y todo ciudadano que tiene sus derechos violados puede acceder directamente”, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos requiere el paso previo por comisiones.
“Las decisiones del Comité son vinculantes, son parte del compromiso del Estado argentino ante las Naciones Unidas”, precisó Valim.
Y añadió: “El dictámen del Comité es una decisión que debe ser respetada por el Estado argentino. El comité puede condenar al Estado argentino a que revise las decisiones, que reconozca las violaciones (de derechos humanos) y que cumpla las cautelares que pedimos”.
Por su parte, Borrego señaló que acudir al Comité de Naciones Unidas es posible porque “Argentina ratificó el pacto de derechos civiles y políticos, que según la reforma (de la Constitución Nacional) del ‘94 tiene jerarquía constitucional”. “Es la democracia, es el estado de derecho”, afirmó.
Valim aclaró que “no es un acto de agresión a la Argentina ni a su sistema judicial”. “Estamos planteando que se respeten los derechos de una ciudadana argentina, no queremos un tratamiento excepcional -aseguró-. Por eso ponemos bajo escrutinio de un organismo internacional cuyas decisiones son vinculantes en Argentina para que evalúen lo que han hecho los fiscales y autoridades argentinas en este caso”.
Y añadió: “Es necesario reconocer que en el Caso Vialidad tuvimos gravísimas violaciones a los dichos y garantías de Cristina Kirchner. Estamos aquí como abogados, no como militantes políticos, estamos para defender los derechos de una ciudadana”.