Seis de cada diez alumnos y alumnas de tercer grado del nivel primario tienen un teléfono celular propio en Argentina. El dato se desprende de un informe de Argentinos por la Educación (AxE), que advierte que el porcentaje aumenta todavía más si se incluye a los chicos y chicas que no tienen teléfono propio, pero acceden al dispositivo de su madre, padre o algún otro familiar. Por lo que la cantidad de estudiantes de esa edad que no tienen ningún acceso a celulares ni siquiera llega al 20 por ciento.
El informe indica, además, que las jurisdicciones provinciales del país todavía se debaten entre prohibir o no prohibir los aparatos en el aula, con evidencia científica que aún no es concluyente sobre su impacto en los aprendizajes.
El informe “Celulares: ¿prohibir o no prohibir?” fue elaborado la investigadora del Conicet y de la Universidad Torcuato Di Tella, Andrea Goldin, y por Martín Nistal y Tomás Besada, investigadores de AxE.
El documento final releva, en primer lugar, la expansión del acceso a los celulares a partir de los datos del Operativo Aprender 2024, en el que participaron estudiantes de tercer grado, es decir, de 8 años de edad. Los datos indican que, a nivel nacional, el 59 por ciento de esos chicos y chicas tienen celular propio, mientras que el 23 por ciento utiliza el de su madre, padre o algún familiar. Así, sólo el 18 por ciento de los estudiantes de 8 años continúa sin acceso a un teléfono celular.
Los porcentajes están elaborados en base al promedio de las provincias en conjunto, que por separado muestran mayores o menos números que la media total. La Ciudad y la Provincia de Buenos Aires se encuentran apenas por encima de ese 59 por ciento, mientras que Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego superan el 65 por ciento de los alumnos de ese grado con celular propio. En provincias como Chaco, Misiones y Formosa, en cambio, la proporción ronda el 40 por ciento.
La diferencia respondería a cuestiones socioeconómicas, que también se verifican en el desagregado de los datos a partir del poder adquisitivo de las familias: el 63 por ciento de los estudiantes del quintil más alto de la población cuenta con un dispositivo propio frente al 52 por ciento de los pertenecientes al quintil más bajo.
A su vez, el 61 por ciento de los estudiantes de 8 años de escuelas urbanas tiene un celular propio, cifra que baja al 48 por ciento en los estudiantes de escuelas rurales.
La brecha entre los colegios de gestión privada y de gestión estatal es más reducida, pero también marca una mayor cantidad de celulares en los primeros que en los segundos, con un 63 por ciento frente a un 58 por ciento.
En base a esos datos, los investigadores sostienen que “Argentina presenta un escenario de alta disponibilidad de dispositivos desde edades tempranas, lo que plantea desafíos relevantes para la regulación de su uso en el ámbito escolar y para el desarrollo de estrategias pedagógicas que orienten su utilización”.
La especialista en educación y cuidados digitales, Lucía Fainboim, fundadora de Bienestar Digital, expresó sobre el informe que es preocupante “que hayamos naturalizado que un niño de ocho años tenga un celular propio”, aunque sostiene que “esa naturalización no ocurre por casualidad: es consecuencia de un ecosistema digital pensado para incorporar usuarios cada vez más temprano“.
“El problema es que esas lógicas de mercado no coinciden, sino que contradicen lo que sabemos que necesita una infancia saludable: tiempo para jugar, moverse, aburrirse, desarrollar autonomía y construir vínculos. Las plataformas piensan al niño como posible usuario y consumidor, pero los adultos tenemos que pensarlos como niños que merecen una infancia plena”, agregó.
En cuanto al impacto del uso de los teléfonos en las aulas, el informe asegura que “si bien las investigaciones muestran que la prohibición reduce las distracciones y el uso de los dispositivos en clase, los resultados sobre mejoras en el rendimiento académico son dispares”.
La segunda parte del informe se adentra, así, en el debate entre prohibir y no prohibir, indicando en primera instancia que, en Argentina, “el 45 por ciento de las provincias implementa algún tipo de ley y/o resolución al respecto, mientras que el 55 por ciento restante no cuenta con leyes vigentes que prohíban o regulen el uso de celulares en las aulas”.
Sobre las características de las regulaciones existentes, los especialistas señalan que se observa un “patrón común”. “Mayores niveles de prohibición en los niveles inicial y primario, y regulaciones más flexibles en secundaria, donde el uso suele permitirse exclusivamente con fines pedagógicos y bajo supervisión docente”, argumentaron.