La cantidad de personas privadas de su libertad en las cárceles federales creció un 9 por ciento en los últimos dos años. Así se desprende del informe anual realizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que marca que el número de detenidos muestra una tendencia creciente desde la asunción de Javier Milei en línea con los índices de sobrepoblación carcelaria. La misma situación se refleja en las comisarías y alcaidías porteñas, que deberían funcionar solo como centros de detención transitorios y que “no cumplen con los estándares internacionales mínimos de condiciones de encierro”.
El documento oficial, compuesto por más de 400 páginas, muestra los principales datos obtenidos por la PPN para el año pasado y ya fue ingresado formalmente ante el Congreso de la Nación en el marco de la presentación que todos los años debe realizar el organismo ante los diputados y senadores. El documento titulado “La situación de los derechos humanos en las cárceles federales de la Argentina” detalla que, a diciembre de 2025, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) reportaba un total de 12.152 personas detenidas en cárceles federales: 11.164 eran varones y 954 mujeres. De todos ellos, el 63 por ciento contaba con condena firme, mientras que el 37 por ciento se encontraba con prisión preventiva.
La cifra total representa un aumento del 3,6 por ciento con respecto al mes de diciembre de 2024, cuando se habían registrado 11.731 personas detenidas. La PPN agrega que en 2024 la población en prisión ya había crecido un 5,4 por ciento con respecto a 2023, cuando el año había terminado con 11.247 detenidos, una cifra que marcaba una tendencia relativamente estable desde finales de la pandemia. El aumento de los últimos dos años constituye así una suba total del 9 por ciento.
El crecimiento en la cantidad de personas privadas de su libertad se corresponde con la tendencia a la sobrepoblación en las cárceles, una situación que se mantiene incluso aunque, durante 2025, “el SPF declaró un aumento de 516 plazas”. Ese aumento permitió que la capacidad declarada actual alcance las 11.536 plazas en el SPF, por lo que a diciembre del año pasado había más de 600 personas detenidas por encima de lo habilitado con una sobrepoblación del 5,5 por ciento, según marca el informe de la Procuración. Sobre el aumento de plazas, advierte la PPN, “no se dispone de información actualizada y desagregada por establecimiento penitenciario, debido a que se dejaron de publicar esos datos”.
Durante 2025 la Procuración recibió 19.539 reclamos en materia de derechos humanos en las cárceles, principalmente vinculados a problemas de salud, trabajo, comunicación con la defensa, hacinamiento y acceso a la justicia. En ese marco, el organismo llegó a intervenir en 45 hábeas corpus colectivos para reclamar mejores condiciones de detención, entre los que se destaca el proceso que terminó en la impugnación de la Resolución 372/2025 del Ministerio de Seguridad de la Nación que buscaba restringir el acceso a la educación superior de las personas detenidas en cárceles federales al prohibir el funcionamiento de centros de estudiantes y limitar el acceso a los espacios de estudio fuera del horario de cursada.