Queda claro que las redes sociales afectan la salud mental y que representan un peligro para las niñas, niños y adolescentes. Basta con navegar 40 minutos para que una plataforma en México pueda recomendar a una adolescente contenido con referencias al suicidio.
Lo más preocupante es que esto no se trata de fallas excepcionales, sino de cómo están diseñados los algoritmos para enganchar a los usuarios y hacer que se queden más tiempo en las plataformas. Con el scroll infinito y la gratificación instantánea que causan, se pueden volver tan adictivas como los cigarrillos. Ante una evidencia tan contundente, la conclusión parece obvia: es urgente que el Estado prohíba las redes sociales, tal como lo hizo el gobierno australiano el año pasado.
Sin embargo, ocurre algo que, a primera vista, parece contradictorio. Muchas de las organizaciones que llevan años investigando estos riesgos y defendiendo los derechos de los menores no están apoyando la prohibición. Por el contrario, advierten que desconectar a las infancias de estos espacios podría atender síntomas, pero dejar intactas las causas del problema e incluso, generar nuevos riesgos.
Esto resulta particularmente llamativo porque la respuesta que más atención ha recibido a nivel internacional ha sido precisamente la prohibición. Australia inauguró esta nueva ola regulatoria en 2025 al restringir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, estableciendo multas de hasta 60 millones de euros para las empresas que incumplieran.
La medida fue ovacionada internacionalmente y tomada como un modelo de referencia. Sin embargo, seis meses después de su implementación, siete de cada diez padres señalaron que sus hijos continúan teniendo cuentas en Instagram, TikTok o Snapchat. No es sorprendente. No solo porque la adolescencia sea “la edad de la rebeldía,” sino porque es natural resistirse a ser excluidos de espacios donde transcurre buena parte de su vida social y la gente con la que han crecido.
Aunque su implementación ha dejado mucho que desear y su efectividad está aún por verse, la experiencia australiana está inspirando propuestas similares en países como Indonesia, España y Reino Unido, entre otros; en América Latina, esa tendencia se ha visto reflejada en Chile, México y Perú. Resulta tentador ver la prohibición como una solución milagrosa, pero los problemas complejos rara vez tienen soluciones simples.
Además, pueden brindar comunidad y un espacio para expresarse a quienes no siempre lo encuentran fuera de internet. Para adolescentes que pertenecen a grupos históricamente vulnerabilizados, como personas de la diversidad sexual, personas racializadas o con discapacidad, estos espacios también pueden representar una oportunidad para explorar y construir su identidad con mayor libertad, encontrar referentes y sentirse menos solos.
Precisamente porque las redes sociales son mucho más que entretenimiento, vale la pena preguntarnos si algunas soluciones no podrían sustituir unos daños por otros. La verificación de edad, por ejemplo, implica recopilar datos altamente sensibles, aumentando el atractivo de las plataformas para los ciberdelincuentes y poniendo en riesgo la privacidad y seguridad de menores. No se trata de un riesgo hipotético. Cuando Discord implementó su sistema de validación de edad en 2025, tuvo una filtración de más de 70,000 documentos de identidad. Esto adquiere una dimensión aún más preocupante en América Latina, la región donde más han aumentado los ciberataques en los últimos años.
La otra opción son los sistemas de verificación basados en datos biométricos, que han mostrado limitaciones en la práctica. En Australia, adolescentes han recurrido a todo, desde VPNs, fechas de nacimiento falsas, las credenciales de sus padres o hermanos mayores e incluso bigotes falsos para poder seguir con acceso.
Aquí vale la pena destacar un reto importante que se ha esbozado cuando mencionamos las particularidades de la región de América Latina: la experiencia infantil no es universal, como lo menciona Dilmar Villena, director ejecutivo de Hiperderecho en Perú y especialista en derechos digitales. “No podemos, ni debemos, ignorar que las condiciones de acceso, acompañamiento y exposición a riesgos digitales son profundamente desiguales entre países e incluso dentro de una misma región, especialmente en contextos como Latinoamérica, donde persisten brechas educativas y de acceso a servicios públicos.”
Finalmente, esta propuesta también plantea problemas de coherencia. Si se busca proteger a las infancias de los daños digitales, ¿por qué basar la prohibición en una lista específica de plataformas cuando muchos de esos daños son estructurales y atraviesan muchos espacios en línea? Quedaron fuera de la regulación aplicaciones como WhatsApp, en las que se han documentado bullying y acoso sexual, o plataformas como Roblox, en las que menores interactúan con desconocidos. Sin embargo, la lista incluye herramientas con potencial educativo como YouTube. Más aún, una regulación construida alrededor de una lista de aplicaciones parece destinada a caducar.
Las plataformas deben asumir mayor responsabilidad sobre el diseño de sus algoritmos, ya que es uno de los retos principales. Urge que las escuelas incorporen alfabetización digital como parte de la formación cotidiana y diseñen protocolos para prevenir, detectar y atender situaciones de violencia en línea. Las familias y personas cuidadoras necesitan herramientas y guías para acompañar a menores en su vida digital. Como explica Dafna Viniegra, fundadora de Infancia Libre de Abuso Sexual (ILAS), quienes acompañan y quienes navegan estos espacios necesitan apoyo para saber cómo actuar frente a situaciones de riesgo en línea. Iniciativas como el chatbot VigIA fortalecen esas capacidades y brindan orientación ante los desafíos del mundo digital para los menores. Y las propias infancias y adolescencias deben ser consideradas como sujetos de derechos, no únicamente como personas a las que hay que proteger.