La Auditoría General de la Nación reveló (ante el pedido de un medio de comunicación de Paraná) que la tarifa de Salto Grande, la deuda provincial, los programas alimentarios, las obras viales de los últimos siete años y el destino de millones de dólares de préstamos internacionales ejecutados en la provincia quedaron, a partir de 2018, fuera de cualquier verificación del máximo órgano de control externo del Estado nacional. La AGN respondió de esta manera un extenso pedido de acceso a la información pública presentado y el resultado es, en sí mismo, una radiografía del abandono del control federal sobre la provincia.
La respuesta llegó firmada por el prosecretario legal de la AGN, Emiliano Alberto Suaya, mediante la Nota 164/26-PL, fechada el 3 de julio de 2026, en el marco de la Actuación 150/26. El propio organismo admitió la demora en contestar: la atribuyó a la «diversidad de órganos consultados atento el tenor de su consulta». Es que el pedido, formulado al amparo de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, abarcaba diez puntos: el listado completo de informes de auditoría con asiento, alcance o impacto material en Entre Ríos desde el 1 de enero de 2018; las auditorías sobre la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y la aplicación de la Ley 24.954; las obras y el mantenimiento de Vialidad Nacional sobre la red vial con asiento en la provincia; los beneficios previsionales de ANSES con domicilio entrerriano; los programas alimentarios y de asistencia social ejecutados en territorio provincial; los convenios entre la Nación y Entre Ríos; las auditorías sobre deuda pública y operaciones de crédito con impacto provincial, en particular el Bono ERF25 y los procesos de reestructuración; las obras públicas nacionales financiadas con préstamos del BID, el Banco Mundial y la CAF; el régimen previsional de los Veteranos de Guerra de Malvinas; las denuncias y comunicaciones de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas vinculadas con asuntos entrerrianos; y el Plan Anual de Acción de Auditoría vigente.
El silencio más significativo es el de Salto Grande. Uno de los puntos del pedido requería expresamente las auditorías sobre el cumplimiento de la Ley 24.954 y sobre la liquidación efectiva de la tarifa diferencial de energía que esa norma prevé para Entre Ríos, además de la aplicación del Fondo de Aplicaciones. La respuesta del Departamento de Control de los Sectores de Energía y Agua, firmada por Luciano Molluso, fue lacónica: «no obra en este Departamento información que encuadre en el requerimiento de marras». Ninguna otra dependencia del organismo aportó nada sobre el punto. La conclusión es inevitable: en al menos ocho años -y todo indica que en un plazo mucho mayor- la Auditoría General de la Nación jamás verificó si la tarifa diferencial que la ley garantiza a los entrerrianos por la energía de Salto Grande se liquidó efectivamente, ni cómo se administraron los fondos que el complejo hidroeléctrico binacional genera. Un reclamo histórico de la provincia, convertido en ley nacional en 1998, nunca tuvo control externo sobre su cumplimiento.