El debate sobre el trabajo sexual virtual —considerado por algunas personas como simple “creación de contenido”— ha escalado en los últimos meses. Quienes rechazan esta última denominación argumentan que llamarlo así funciona como una forma de camuflar la actividad para quitarle el peso de la discriminación y el estigma que aún persisten en la sociedad. Sin embargo, cuando el trabajo sexual se traslada a las pantallas, las fronteras parecen difuminarse. Lejos de la romantización construida por los medios de comunicación, la realidad revela una actividad profundamente precarizada, sin derechos, sin protección legal y desprovista del reconocimiento que merece como cualquier otra tarea laboral.
Mica ejerce el trabajo sexual virtual desde hace seis años de manera intermitente, pero desde hace un año se convirtió en su principal ingreso económico. Antes era mesera en un bar, de donde la echaron tras el cierre del local. Actualmente trabaja en una plataforma de videollamadas con una dinámica similar a la de Tinder, pero orientada a citas virtuales donde se cobra por el tiempo de duración de la llamada. La mayoría de las comunicaciones se basan en conversar; como Mica habla inglés, sus clientes suelen ser extranjeros, aunque la página cuenta con un traductor en tiempo real.
“Puedo manejar mis horarios, trabajar el tiempo que quiera, me conecto a la hora que se me antoja y gano más de lo que ganaba en el bar”, cuenta Mica. “En el boliche tenía que cumplir horarios fijos, me quemaba la cabeza la música fuerte y los clientes pasados de copas. Acá trabajo desde mi casa, súper tranquila, mientras me pongo música de fondo”.
El “Informe exploratorio sobre trabajo sexual y plataformas digitales”, realizado por AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, un sindicato de prostitutas) junto a las investigadoras del Conicet Débora Daich y Estefania Martinowskyj, advierte que el trabajo sexual mediado por tecnologías es una actividad fuertemente estigmatizada. Al igual que sucede en la presencialidad, esto empuja a las personas involucradas a una serie de ocultamientos para resguardar su integridad.
El estudio señala, además, que el trabajo sexual virtual forma parte de las denominadas economías gig (o economías de plataformas), caracterizadas por el trabajo temporal, flexible y a destajo. Ya sea que se trate de aplicaciones de reparto, de movilidad o de servicios sexuales, el modelo corporativo ofrece inserciones precarias donde la inestabilidad de los ingresos y la falta de derechos laborales o protección social son la regla.
“La preocupación respecto de estas inserciones laborales precarias ha hecho que plataformas como Uber, Rappi, Glovo, Cabify, PedidosYa o DiDi estén muy presentes en las conversaciones públicas sobre la regulación de este tipo de empleos. Quienes siguen ausentes en esta conversación son las trabajadoras sexuales, ya que OnlyFans, Chaturbate, ManyVids, Fansly y otras plataformas similares quedan siempre excluidas del debate. Así, por ejemplo, la regresiva reforma laboral del 2026 ha planteado un ‘régimen de los servicios privados de movilidad de personas y/o reparto a través de plataformas’ que no está pensado para las apps de trabajo sexual. Estas plataformas parecieran no existir”, señala el informe.
El nudo del problema persiste: quienes ofrecen contenidos o servicios sexuales a través de aplicaciones se encuentran en una situación de vulnerabilidad aún mayor en comparación con otrxs trabajadores de plataformas. Esto se debe, principalmente, a que la sociedad y el Estado se niegan a reconocer su actividad como un trabajo legítimo, a diferencia de lo que ocurre con unx repartidorx o unx choferx.