En Federación hace mucho que se habla de pleno empleo y que no hay gurises pidiendo, sin embargo el secretario de Desarrollo Humano y Salud, Jaime González, afirmó en el programa LA MAÑANA DE UNO que el deterioro social local es cada vez mayor. El titular del merendero «Caritas Felices», el empleado municipal José Galván, recorrió no hace mucho las radios para pedir por favor una ayuda. Desde los aserraderos, se trabaja salteado y poco. El principal aserradero de Federación, Maringa Maderas demoró en pagar sueldos hasta el punto que algunos pocos trabajadores de la autodenominada pyme maderera protestaron para poder cobrar. Facebook está lleno de currículums de jóvenes sin trabajo. En el turismo la situación no es mejor, con la caída de visitantes y turistas a termas y hoteles, se hace difícil trabajar toda la semana.
El panorama federaense no escapa a las generales de la ley. Se podría resumir que los negocios de comidas rápidas son quienes mejor sobreviven.
LO QUE PUBLICÓ ANÁLISIS DIGITAL TOMANDO DATOS DE VARIAS FUENTES
El Día del Trabajador llega a la Argentina con una doble paradoja estadística: el INDEC informó que la pobreza bajó al 28,2 por ciento en el segundo semestre de 2025 —el nivel más bajo desde principios de 2018—, pero al mismo tiempo el desempleo trepó al 7,5 por ciento en el cuarto trimestre y se destruyeron, en dos años de gestión libertaria, 290 mil puestos de trabajo formales en todo el país. La economía creció (4,4 por ciento en 2025), pero por primera vez en la historia reciente argentina ese crecimiento convivió con un aumento de la desocupación. En Entre Ríos el cuadro es más grave: cerraron alrededor de 870 empresas, se perdieron más de 6.400 empleos registrados y Concordia volvió a quedar al frente del ranking nacional de pobreza. Y mientras el debate público se concentra en los aglomerados de Paraná y Concordia, hay una provincia entera —Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Santa Elena, La Paz, Feliciano, Rosario del Tala, Gualeguay, Victoria— donde la pobreza y la desocupación crecen sin que ningún índice oficial las recoja.
El cuadro nacional: pobreza que baja, desempleo que sube
El INDEC informó el 31 de marzo de 2026 que la pobreza en el segundo semestre de 2025 alcanzó al 28,2 por ciento de las personas y al 21 por ciento de los hogares en los 31 aglomerados urbanos relevados. La indigencia, que había trepado al 18,1 por ciento en el primer semestre de 2024, cerró 2025 en el 6,3 por ciento. En cifras absolutas, el organismo identificó 8,47 millones de personas pobres y 1,88 millones de indigentes. Proyectado al total del país, la cifra ronda los 13,2 millones de pobres y 2,9 millones de indigentes. Es el dato más bajo desde el primer semestre de 2018.
La caída se explica, según el propio organismo, porque el ingreso total familiar promedio subió 18,3 por ciento en el semestre, mientras que la canasta básica alimentaria avanzó 11,9 por ciento y la canasta básica total, 11,3 por ciento. Sin embargo, esta lectura optimista convive con advertencias técnicas serias. El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), que dirige el sociólogo Agustín Salvia en la Universidad Católica Argentina, sostiene que hasta tres cuartas partes de la baja oficial podrían explicarse por mejoras en la captación de ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y no por una recuperación efectiva. Para el ODSA, la pobreza al cierre del tercer trimestre de 2025 fue del 36,3 por ciento y la indigencia del 6,8 por ciento.
El propio procesamiento que la UCA hizo sobre los microdatos del INDEC mostró que la pobreza pasó del 26,9 por ciento en el tercer trimestre al 29,9 por ciento en el cuarto —1,2 millones de nuevos pobres en sólo tres meses—, lo que rompió una racha de seis trimestres consecutivos a la baja. La pobreza infantil, según el ODSA, fue del 53,6 por ciento en 2025, y el 28,8 por ciento de los niños y adolescentes atravesó algún grado de inseguridad alimentaria, con un 13,2 por ciento de inseguridad severa.
Entre Ríos: dos aglomerados que el INDEC mide, una provincia entera que ignora
Lo que el INDEC mide en Entre Ríos cabe en dos puntos del mapa: el Gran Paraná —que incluye Paraná, Colonia Avellaneda, Oro Verde, San Benito y Sauce Montrull— y Concordia. Sobre esos dos aglomerados se construyen los datos provinciales de pobreza, indigencia y empleo. El resto del territorio, sencillamente, no aparece. Esa limitación —que es metodológica pero también política— condiciona todo lo que sigue.
Concordia volvió a quedar al frente del ranking nacional. Es la ciudad con mayor pobreza del país y, simultáneamente, la de mayor indigencia. Mientras la pobreza nacional bajaba 3,4 puntos en el semestre, Concordia se movió en sentido inverso: pasó del 49,2 por ciento en el primer semestre de 2025 al 49,9 por ciento en el segundo. La indigencia saltó del 12,3 al 13,6 por ciento. La distancia con el segundo aglomerado más pobre del país —Gran Resistencia, en Chaco, con 42,2 por ciento— supera los siete puntos.
Concordia – evolución de los principales indicadores
El cuadro laboral concordiense es elocuente: el desempleo subió de 3,4 a 5,6 por ciento en el último año, mientras el empleo cayó del 41,5 al 40,7 por ciento, ubicándose entre los más bajos del país. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA), conducido por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, mostró que en el primer trimestre de 2025 el 24 por ciento de los trabajadores concordienses vivía en hogares pobres. La proporción trepa al 42 por ciento entre los trabajadores informales y al 63 por ciento entre los jóvenes de 16 a 24 años. El problema, para los autores, no es solamente la falta de empleo: es la calidad del empleo disponible, dominado por la informalidad estacional de la actividad citrícola.
Gran Paraná: bajo el promedio, pero con deterioro silencioso
El Gran Paraná mostró una pobreza del 31,1 por ciento de las personas (21,7 por ciento de los hogares) y una indigencia del 8,8 por ciento (6,2 por ciento de los hogares). En cifras absolutas, son 89.902 personas pobres distribuidas en 22.194 hogares y 25.500 indigentes. Casi una de cada tres personas en la capital provincial vive bajo la línea de pobreza. El número está por debajo del promedio nacional, pero la indigencia creció respecto del semestre anterior.
En el frente laboral, el Gran Paraná mostró señales mixtas. La desocupación bajó del 5 al 4,1 por ciento en la comparación interanual del cuarto trimestre, y el empleo subió levemente del 43,7 al 44,4 por ciento. Pero los datos del primer trimestre de 2025 ya habían mostrado un deterioro significativo: el empleo había caído del 44 al 41,9 por ciento, una baja de 2,1 puntos en un solo año, mientras la subocupación trepaba al 15,5 por ciento de las personas. Es decir, en Paraná el problema central no es tanto el desempleo abierto como la insuficiencia de horas trabajadas y la calidad de los puestos disponibles.
La realidad puede comprobarse caminando el microcentro paranaense. El Centro Comercial e Industrial de Paraná documentó dos relevamientos en 2025: en total, 76 comercios cerraron o se mudaron en la zona céntrica de la ciudad. En marzo de ese año cerró el centro de distribución de La Serenísima, golpeando toda la cadena láctea local. La fábrica Longvie aplicó suspensiones que afectaron al 50 por ciento de sus 230 trabajadores. Hasta julio se contabilizaban seis hoteles cerrados sobre la costa del Paraná. Incluso el sector público acompañó el ajuste: en las oficinas paranaenses de ARCA (ex AFIP) hubo 25 retiros voluntarios.
El mapa laboral entrerriano: 870 empresas menos en dos años
Si la pobreza por ingresos solo se mide en Paraná y Concordia, el empleo registrado se puede rastrear en toda la provincia. Y allí los números son demoledores. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicado en febrero de 2026 con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, comparó la situación de Entre Ríos entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025.
Entre Ríos – Pérdida de empleo formal y empresas (Noviembre 2023 – Noviembre 2025)
El 98,2 por ciento de los puestos perdidos —6.301 empleos— se concentró en empleadores de hasta 500 trabajadores, es decir, en el universo PyME. Las grandes empresas casi no recortaron personal (-115 puestos, -0,1 por ciento) y hasta sumaron cuatro firmas. La caída fue casi exclusivamente de la pequeña y mediana empresa, la que sostiene la mayor parte del empleo en el interior provincial.
Otra medición complementaria proviene del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Según los registros del Ministerio de Capital Humano, los trabajadores asalariados privados registrados en Entre Ríos pasaron de 141.600 en noviembre de 2023 a 137.800 en noviembre de 2024 (-2,7 por ciento) y a 136.600 en septiembre de 2025 (-0,3 por ciento adicional). En tres años perdió aproximadamente 5.000 puestos formales en el sector privado registrado, sin contar la administración pública. Otros relevamientos elevan la caída combinada por encima de los 10.500 puestos hasta septiembre de 2025.
Hasta aquí, los datos disponibles. El problema central de cualquier análisis serio sobre la pobreza y el trabajo en Entre Ríos es que el INDEC solo releva el Gran Paraná y Concordia. El resto de las ciudades —Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Santa Elena, La Paz, Feliciano, Rosario del Tala, Gualeguay, Victoria, San José de Feliciano, Federación, Federal, Villaguay, Diamante, Nogoyá, San Salvador, entre muchas otras— quedan fuera de la Encuesta Permanente de Hogares. Sus indicadores de pobreza por ingresos, de desempleo abierto, de subocupación y de informalidad no existen como serie estadística oficial.
La consecuencia es doble. Por un lado, cuando se discute la situación social y laboral de Entre Ríos, el debate público se construye sobre dos puntos del mapa que cubren a menos de la mitad de la población provincial. Por otro lado, las ciudades que no son medidas no aparecen en los rankings nacionales, no son objeto de comparaciones, no movilizan a la opinión pública y, sobre todo, no exigen políticas focalizadas. La estadística, así, opera como un mecanismo de invisibilización.
Lo que sí se sabe: la pobreza estructural por departamento
La única información oficial disponible sobre estas ciudades proviene del Censo Nacional —especialmente del relevamiento de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), del Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH) y de mediciones derivadas de pobreza estructural o crónica. Esos datos no se actualizan cada seis meses como la EPH, pero permiten reconstruir un panorama por departamento que el INDEC no ofrece para los aglomerados intermedios.
Cuatro departamentos del norte y centro-norte de la provincia presentan niveles de pobreza crónica clasificados como “Muy Altos”, con porcentajes superiores al 17 por ciento de su población:
Cuatro departamentos
El dato es decisivo para entender lo que ocurre en las ciudades del norte entrerriano. Santa Elena pertenece al departamento La Paz —con un 22,11 por ciento de pobreza crónica—; Feliciano y San José de Feliciano integran el departamento de mayor pobreza estructural de toda la provincia, con casi un cuarto de su población en esa condición. La Paz, ciudad cabecera, comparte ese mismo entorno departamental. Las características que se repiten en estos territorios son contundentes: entre el 5 y el 10 por ciento de los hogares con hacinamiento crítico, más del 30 por ciento de las viviendas deficitarias, hasta el 80 por ciento de las familias sin acceso a la red cloacal, hasta el 70 por ciento de los jefes de familia con estudios primarios completos o incompletos como máximo nivel educativo. En Feliciano, casi la mitad de la población no tiene cobertura de salud.
El Sur y el Este: otra realidad, también con grietas
El sur de la provincia muestra indicadores estructurales menos críticos. Gualeguaychú aparece como uno de los departamentos con menor pobreza crónica de Entre Ríos —7,88 por ciento—, lejos de los registros del norte. Concepción del Uruguay, en el departamento Uruguay, presenta una situación intermedia: un relevamiento de la Municipalidad correspondiente al primer trimestre de 2021 ubicó al 33,7 por ciento de la población urbana bajo la línea de pobreza y al 10,5 por ciento bajo la línea de indigencia. La cifra, aunque corresponde a un período de pandemia, permite suponer que la ciudad navega habitualmente en valores cercanos al promedio nacional, con tendencia a empeorar en momentos de crisis.
Pero en el plano laboral, las ciudades del sur y el este no escaparon al deterioro general. En Concepción del Uruguay, el conflicto de Granja Tres Arroyos —entre 270 y 400 trabajadores en riesgo— amenaza con tener un impacto social desproporcionado en un mercado laboral donde la industria avícola cumple un rol estratégico. En Gualeguaychú, los cierres de Metalúrgica Futura, los retiros de Unilever y el cierre de Diarco se sumaron a la pérdida sostenida de comercios. En Victoria, Gualeguay y Rosario del Tala faltan mediciones específicas, pero las cámaras empresariales locales y el propio sindicalismo regional documentaron cierres y suspensiones a lo largo de 2025.
El argumento técnico para que la EPH releve únicamente Gran Paraná y Concordia es que la metodología exige aglomerados de cierto tamaño y costos elevados de relevamiento. El argumento es comprensible, pero las consecuencias son políticas. Cuando la única foto disponible es la del Gran Paraná —la capital, sede del poder político y administrativo, con más empleo público y comercio— y la de Concordia, el debate público sobre Entre Ríos termina oscilando entre una mirada moderadamente optimista (Paraná está por debajo del promedio nacional) y otra catastrófica (Concordia es la ciudad más pobre del país). El centro y el norte profundo, los pueblos del río Paraná, las ciudades del este sobre el río Uruguay, el centro agrícola del departamento Tala, el sur isleño, ven cómo sus realidades se promedian o, directamente, se evaporan.
Los relevamientos provinciales que existen —los de la Dirección General de Estadística y Censos (DGEC) de Entre Ríos— se nutren mayoritariamente de la propia EPH, replican esa misma limitación territorial y no producen series alternativas para el resto de la provincia. La consecuencia es que ciudades como Santa Elena, donde el cierre del frigorífico en los años noventa dejó una herida social que nunca terminó de cerrar, o como San José de Feliciano, donde la vida productiva se reduce a un puñado de actividades primarias y empleo público, no tienen ningún número que las represente en la discusión federal sobre pobreza ni sobre desempleo.