A casi un año de su entrada en vigencia, el nuevo Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe despachó su primera imputación penal de un menor de edad, en un juicio que concluyó en los tribunales de San Lorenzo. El fallo recayó en un adolescente de 17 años, a quien una jueza del fuero Menores, Fabiola Piemonte, lo declaró culpable del homicidio de su hermano mayor, ocurrido en julio de 2025, como desenlace de una pelea intrafamiliar en la casa que compartían, en Capitán Bermúdez.
El fallo ya sienta un precedente en la aplicación del sistema, pero la condena se definirá en una audiencia posterior. Lo trascendente ha sido la conclusión del primer juicio en la provincia contra un menor de edad bajo un régimen penal similar al que aplica para los adultos.
La jueza sanlorencina Fabiola Piemonte consideró al adolescente autor de homicidio simple, en línea con la acusación sostenida por el fiscal Maximiliano Nicosia. El hecho se produjo el 8 de julio del año pasado, en una vivienda de Yapeyú al 400, un barrio humilde de aquella ciudad del cordón, en medio de una disputa familiar que terminó con la agresión con arma blanca.
El adolescente, que tenía 16 años al momento del hecho, fue detenido poco después por el Comando Radioeléctrico y puesto a disposición del Ministerio Público de la Acusación. Tras su paso por la seccional 2ª de Bermúdez, pasó al Centro de Admisión o Derivación (CAD) y luego fue alojado en un centro del Servicio Penitenciario, por orden judicial y a instancias de la fiscal Romina Cocomazzi.
El proceso judicial avanzó bajo el nuevo esquema procesal juvenil de la ley 14.228, sancionada en 2023 pero promulgada finalmente en junio del año pasado. Este sistema para menores reemplazó el viejo sistema tutelar por un modelo acusatorio similar al de adultos, en el que los fiscales del Ministerio Público de la Acusación conducen las investigaciones, los jueces garantizan el proceso y las defensas actúan en igualdad de condiciones. Así prevé audiencias orales donde si bien se deberían priorizar medidas socioeducativas por sobre la privación de la libertad, hay quienes desconfían de que todo redunde en mayor sanción punitiva para con menores de 18 años contemplados por la Convención Internacional de Derechos del Niño.
En el caso ventilado en los tribunales de San Lorenzo, el juicio oral comenzó el 21 de abril y se desarrolló en tres jornadas consecutivas, durante las cuales se produjeron las pruebas, los testimonios y los alegatos. Finalmente, esta semana se conoció el veredicto de culpabilidad.
La jueza Piemonte subrayó que uno de los ejes centrales de la reforma es la reducción de los tiempos judiciales. “El proceso comenzó en julio de 2025 y en menos de un año ya tenemos un fallo. Antes, esto podía demorar entre uno y dos años”, explicó al portal SL24. En ese sentido, consideró que el nuevo modelo permite respuestas más ágiles tanto para las víctimas como para los imputados.
En relación a la pena, la magistrada indicó que, al tratarse de un menor de edad, corresponde aplicar una reducción de la escala prevista para adultos. Según estimaciones preliminares, el mínimo podría ubicarse en torno a los cuatro años de prisión, aunque la cifra definitiva se conocerá en la próxima audiencia.
Más allá del caso, Piemonte también abordó el contexto social en el que se desarrollan estos hechos. Señaló que los jóvenes están cada vez más expuestos a entornos digitales donde circulan contenidos violentos o delictivos, y destacó el crecimiento de la evidencia informática en las investigaciones. A esto sumó problemáticas como la fragilidad de los vínculos familiares, la falta de espacios de contención y la naturalización de la violencia.
“Los jóvenes no son ajenos a lo que pasa en la sociedad. Muchas veces replican esas conductas”, afirmó. En ese marco, también relativizó el foco puesto exclusivamente en la edad de imputabilidad y sostuvo que el problema es más amplio y estructural, vinculado a la necesidad de actualizar marcos normativos y políticas públicas.
La jueza remarcó que el sistema penal juvenil tiene como objetivo central la reintegración social. “La pena debe ser el último recurso y aplicarse por el menor tiempo posible, especialmente en casos de primer delito y contextos complejos”, señaló. También advirtió que la implementación del nuevo código podría incrementar la cantidad de causas judicializadas, aunque no necesariamente los delitos graves.