El río Uruguay, frontera natural entre Argentina y Uruguay, atraviesa uno de sus momentos institucionales más delicados. Sobre sus aguas convergen dos conflictos ambientales de enorme gravedad, mientras el organismo binacional encargado de su protección — la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) — funciona con representantes argentinos designados sin sueldo, sin formación ambiental y con denuncias de irregularidades financieras que ya motivaron el rechazo formal de la propia delegación uruguaya.
Desde 2007, la planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM — antes Botnia — opera en Fray Bentos, a metros del puente internacional que la separa de Gualeguaychú. La lucha histórica de la Asamblea Ciudadana Ambiental logró instalar un sistema de monitoreo binacional que, sin esa presión popular, jamás hubiera existido. Pero ese sistema funciona mal, y los datos lo confirman. El juez federal Hernán Viri, a cargo de la causa penal por contaminación iniciada en 2006, denunció recientemente que la CARU no le envía información de monitoreo desde 2019. Uruguay, mientras tanto, denegó el pedido de colaboración jurídica internacional invocando razones de “interés nacional” — la misma fórmula con que el expresidente Tabaré Vázquez, en 2008, bloqueó los exhortos judiciales argentinos sobre Botnia.
Los hechos documentados son contundentes. Un informe binacional de 2016 — ocultado durante años por diferencias políticas entre los gobiernos — confirmó contaminación en el río Uruguay y en la desembocadura del Gualeguaychú, con niveles elevados de aluminio, cadmio, fenoles totales, hidrocarburos aromáticos policíclicos, níquel y PCBs. En 2011, el Comité Científico Binacional constató que UPM volcaba clandestinamente 170 litros por segundo de efluentes sin tratamiento alguno al río. Cuando se detectó, la empresa interrumpió la práctica, pero el gobierno uruguayo aprovechó la visita programada siguiente para modificar su normativa en beneficio de la empresa. Desde la inauguración de UPM 2 en Paso de los Toros, la compañía acumuló siete multas en apenas un año por derrames en afluentes uruguayos. En marzo de 2025, un derrame de ácido sulfúrico en el puerto de Fray Bentos generó una multa de 200.000 dólares, el doble del promedio histórico de sanciones ambientales en ese país. Hoy UPM solicita ampliar su producción, y el gobierno uruguayo analiza el pedido.
Investigaciones científicas independientes agregan otro elemento inquietante: según el grupo de investigación Latitud, los peces expuestos al efluente de UPM Fray Bentos producen la mitad de huevos de lo habitual, y los machos capturados aguas abajo presentan atrofia testicular. La causa penal argentina sigue abierta, caratulada por contaminación consumada, con penas de tres a diez años. Sin embargo, los directivos de UPM jamás declararon ante la Justicia. La empresa es finlandesa, opera en Uruguay y la diplomacia de ambos países ha funcionado históricamente como escudo.
A este cuadro se suma un nuevo actor: la empresa chilena HIF Global, que proyecta construir una megaplanta de combustibles sintéticos a base de hidrógeno verde en Paysandú, a apenas tres kilómetros de la costanera de Colón, Entre Ríos. La empresa ya fue multada en Uruguay por talar monte nativo sobre la costa del río sin contar con la autorización ambiental previa, mientras el proyecto seguía en evaluación. En Chile, su proyecto eólico asociado debió retirarse del sistema de evaluación ambiental ante casi 500 observaciones de organismos técnicos que cuestionaron el impacto sobre la avifauna, las geoformas glaciales patagónicas y el suministro de energía local. El gobernador Rogelio Frigerio inició trámites con funcionarios uruguayos e incluso con la Presidencia, para lograr soluciones y cierta sensatez en la situación. Los legisladores entrerrianos Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay presentaron en marzo de 2026 la demanda civil preventiva bajo el expediente 3276/2026, argumentando que Uruguay avanzó unilateralmente sin cumplir el Estatuto del Río Uruguay ni la jurisprudencia fijada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso Botnia. Algo parecido habían hecho Jorge Busti y el entonces vicegobernador Pedro Guastavino, contra Botnia, a poco de iniciado el tercer mandato del exgobernador. Esta semana, el intendente de Colón informó que Cancillería Argentina confirmó avances hacia una posible relocalización de la planta, en lo que sería un primer indicio de que el reclamo comienza a encontrar eco institucional.
El gobierno de Javier Milei había renovado en junio de 2025 la representación argentina en la CARU con tres designaciones ad honorem: Raúl Luis Montero, abogado, exfuncionario del IOMA y exasesor de Daniel Scioli como gobernador bonaerense, como presidente; Francisco Mansanta, exgerente del área legal de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, con origen en el PRO; y María Agustina Piñeiro, exfuncionaria del ministerio de Sandra Pettovello. Ninguno tiene antecedentes en gestión ambiental ni en diplomacia bilateral. El decreto fue firmado por el embajador ante Estados Unidos, Gerardo Werthein, en lugar de un canciller de rango habitual, lo que subrayó el carácter político de las designaciones.
Pese a sus cargos gratuitos, Montero intentó canalizar aproximadamente 50.000 dólares mensuales de fondos binacionales bajo el concepto de “gastos de representación”, depositados en una cuenta del Banco Nación en Montevideo. La delegación uruguaya rechazó la propuesta por incompatible con la condición ad honorem de los designados. También fue rechazada una iniciativa de usar fondos de la CARU para repavimentar la Ruta Nacional 136 entre Gualeguaychú y Fray Bentos, obra estimada en 15 millones de dólares, por exceder las competencias del organismo. Todo esto mientras los delegados gozan de oficinas, vehículos de alta gama con chofer, combustible, peajes y alojamiento all inclusive financiados por los peajes de los puentes binacionales.
El fiscal uruguayo Enrique Viana — fallecido en 2021 — fue el único magistrado oriental que intentó llevar a UPM ante los tribunales de su propio país. Denunció que el Estado uruguayo había cedido soberanía a la corporación finlandesa al firmar contratos secretos que condicionaban cualquier control ambiental. “Estamos volviendo al feudalismo”, afirmó. Murió sin lograrlo. Hoy no existe ningún proceso judicial contra UPM en Uruguay. La delegación uruguaya en la CARU rechaza filtraciones, minimiza conflictos y protege a la empresa que aporta el 8% de la energía eléctrica del país.
El río Uruguay sigue corriendo. Las empresas, también. Y el organismo que debería custodiar ese recurso estratégico compartido por millones de personas funciona, del lado argentino, con cuadros políticos sin expertise ambiental que cobran sus sueldos en otros lados y pelean por fondos que no les corresponden. Mientras tanto, el juez Viri espera datos que no llegan, la Asamblea de Gualeguaychú marcha al puente a fines de abril -este año será el domingo 26 de abril-, y la firma HIF Global ya taló el monte para estudiar el suelo donde construirá su megaplanta.
AUTOR: Daniel Enz. Periodista. Análisis Digital.-