En una resolución que marca un hito para las finanzas públicas argentinas, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió revocar la sentencia de primera instancia en el extenso juicio por la expropiación de la petrolera de bandera YPF. Con una votación de 2 a 1, el tribunal dictaminó que los reclamos por daños y perjuicios de los demandantes no eran reconocibles bajo los códigos civiles y el derecho público de la Argentina.
Gracias a esta determinación, la Argentina queda eximida, por el momento, de abonar una cifra superior a los u$s16.100 millones. Asimismo, el fallo de alzada ratificó que la firma YPF fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad durante el proceso de estatización llevado a cabo en el año 2012. Como consecuencia directa, el Segundo Circuito también dejó sin efecto una polémica orden dictada en junio de 2025 que obligaba al país a entregar acciones de la empresa para satisfacer parcialmente la sentencia.
Los Argumentos de la Victoria
La resolución llega luego de una intensa etapa de apelación, cuyo momento clave se dio en octubre de 2025 ante los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson. El planteo central, sostenido de forma recurrente por las administraciones de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, defendía que la jurisdicción adecuada para tratar este conflicto era la Justicia argentina y no los tribunales estadounidenses.
La sólida estrategia de la defensa nacional se basó en plantear primero un conflicto de competencia. Se argumentó que un tribunal local debía determinar la jerarquía normativa entre la ley de expropiación, que permitió estatizar el 51% de la firma, y los estatutos internos que obligaban al lanzamiento de una OPA al superar el 15% del paquete accionario. Acompañando este eje, se demostró que la jueza Loretta Preska cometió inconsistencias técnicas al interpretar la normativa de derecho societario y administrativo argentino, lo cual fue determinante para la revocación.
Por último, se presentó un escenario de contención mediante un recálculo que finalmente no fue necesario. La defensa había planteado en subsidio que, por derecho procesal estadounidense, la conversión monetaria debía realizarse al tipo de cambio de la sentencia (2023) y no de 2012. De haberse aplicado este criterio, la deuda se habría reducido de u$s16.100 millones a unos u$s4.920 millones. Sin embargo, la anulación del fallo otorgó un alivio total.
Antecedentes y el Factor Económico
El conflicto judicial, iniciado en 2015, tiene su origen en la decisión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de renacionalizar las acciones de Repsol sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a los entonces accionistas minoritarios Petersen Energía Inversora y Eton Park.
En septiembre de 2023, la jueza Preska había condenado al Estado nacional a pagar la millonaria indemnización más intereses de 8% previo al fallo, un monto que en total ya ascendía a casi u$s18.000 millones. La anulación de esta condena representa un durísimo revés para Burford Capital, el fondo con sede en Reino Unido que financiaba el litigio y que se habría quedado con la mayor parte del dinero. Aunque los demandantes aún pueden recurrir a la Corte Suprema de los Estados Unidos, los expertos legales sugieren que las probabilidades de que el máximo tribunal acepte el caso son sumamente bajas.
La Reacción del Gobierno
El presidente Javier Milei celebró el fallo con una publicación en la red social X, en la que sentenció: “Ganamos en el juicio”. El líder libertario acompañó su mensaje con una fotografía donde se lo ve rodeado de funcionarios clave: la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Casualmente, fue este último el encargado de realizar el anuncio inicial, en un contexto donde atraviesa cuestionamientos públicos vinculados a su patrimonio.