Nacido el 3 de julio de 1931 –cumpliría el próximo invierno 85 años–, en Embajador Martini, provincia de La Pampa, el ex general de caballería tenía que salir jinete. Los juegos de Melbourne 1956, en los mismos en que la denominada Revolución Libertadora les prohibió competir a atletas peronistas o sospechados de serlo, fueron el puente hacia su carrera deportiva internacional. La equitación se anticipó unos meses en Estocolmo a la cita de Melbourne y allí fue el joven Naldo Dasso a competir con el caballo Ramito. Entre el 10 y el 17 de junio obtuvo uno de los dos diplomas olímpicos con que se volvió a Buenos Aires el deporte ecuestre. El equipo integrado por D’Elía, Dasso y Pedro Mayorga salió cuarto en salto por equipos. Y el de Juan Martín Merbilhaá, Eduardo Cano y Carlos De la Serna se clasificó sexto en la prueba completa por equipos. En aquellos mismos días de junio del ’56, se producía el levantamiento del general Juan José Valle que terminó con civiles y militares peronistas fusilados.
Roma sería la siguiente escala olímpica de Dasso. Con otra monta, Final (curioso nombre para un caballo), consiguió la séptima colocación en saltos individuales, pero no el diploma que, hasta los juegos de Los Angeles ’84, se entregaba del cuarto al sexto clasificado. Después de este desempeño del militar, se pierde su rastro en el deporte hípico. A no ser porque figura en la página web de la Federación Ecuestre Argentina como uno los jinetes que obtuvo el Distintivo de Honor Dorado. En la nómina que integran varios deportistas de uniforme aparece Carlos Moratorio, el ganador de la única medalla (de plata) que logró la equitación argentina en la historia de los juegos, en México ’68.
Instalado en Concordia, y ya con el rango de teniente coronel, asumió como jefe del Área de Defensa 225. Permaneció en esa localidad de Entre Ríos hasta 1977. El ex gobernador de la provincia, Jorge Busti –sometido a una detención ilegal entre el 10 de febrero y el 31 de marzo del 77–, declaró en la causa Harguindeguy (Albano) donde fue imputado Dasso. Recordó que la máxima autoridad de la represión en Concordia era Naldo Miguel Dasso, quien un día lo recibió en su despacho con el arma reglamentaria sobre el escritorio. “Yo soy el dueño de la vida y de la muerte en el área 225”, contó Busti que le dijo el hombre que estuvo acusado de delitos imprescriptibles que se ventilaron en Concordia en un juicio oral: las desapariciones de los militantes Sixto Zalazar y Julio Alberto Solaga. Además, al jinete represor se lo investiga por el caso del conscripto Papetti en la Justicia Federal de Paraná. Subordinados suyos declararon que ordenó su detención cuando el joven prestaba servicios en Concordia antes de que fuera torturado hasta la muerte y desapareciera su cuerpo.
Quienes defienden la obra de Dasso en su paso por el Regimiento de Caballería Blindado siempre fueron las mismas entidades y personajes locales. En 1984, cuando el Ejército propuso su ascenso, en una carta enviada al Senado, lo respaldaron la Iglesia, representada por el obispo Adolfo Gerstner y monseñor Daniel Zavala Bigorrio, la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio, la Asociación Israelita y el Rotary Club, entre otros. En el juicio oral al que se lo sometió, testigos de su defensa como el presidente de la Sociedad Rural de Concordia, Eduardo Caminal, (hoy re ubicado por el frigerismo) destacaron su Plan de Acciones Cívicas (PAC) durante la dictadura por su “gran obra civil”. Además, el ruralista evocó que ambos compartían la actividad ecuestre en la cancha de polo del regimiento durante aquellos años.
Una vez retirado, el ex general se transformó en un hombre de confianza del empresario Alfredo Yabrán y trabajó en compañías de su grupo como Juncadella, Ocasa y Proservicios S.A., igual que otros represores a los que hacía rotar en sus directorios. La equitación ya era un grato y lejano recuerdo para Dasso, ese deporte que en su juventud le permitió asistir a dos juegos consecutivos y quedar registrado en la historia del Comité Olímpico Argentino (COA) como uno de sus representantes de a caballo. Una vez de a pie, le quedaba esperar el veredicto de la Justicia como a cualquier militar acusado de violar los derechos humanos. Un derecho que la dictadura no les concedió a sus víctimas. Encima, la muerte burló a todos porque se llevó a Dasso.
El represor Naldo Miguel Dasso, dos veces condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, falleció el sábado 2 de septiembre de 2023 a los 92 años. Estaba siendo investigado en otras causas, una de las cuales involucraba crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, pero no llegó a ser sentenciado. Familiares de víctimas de la dictadura y sobrevivientes lo llamaban “el dueño de la vida y la muerte” en Concordia durante la época del terrorismo de Estado. Nunca aportó información sobre el destino de las personas desaparecidas.
Dasso había sido condenado a prisión perpetua en 2012, en la causa denominada “Harguindeguy”, donde se lo halló culpable por dos desapariciones, las de los militantes Julio Solaga y Sixto Francisco Zalasar, ambos secuestrados en Concordia. Además se acreditó su responsabilidad en otros delitos que cometió mientras fue jefe del Regimiento 6 Blandengues.
En 2020 recibió otra pena de prisión perpetua, en este caso por Jorge Emilio Papetti (causa Área Paraná II), quien fue secuestrado cuando realizaba el Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento que él comandaba; luego fue trasladado a Paraná y asesinado durante una sesión de tortura en la cárcel de la capital entrerriana. Papetti también permanece desaparecido.
Para los organismos de derechos humanos, Dasso era el “dueño de la vida y la muerte”, es decir, quien tenía la potestad de decidir quién sobrevivía y quien no en las épocas del terrorismo de Estado. Bajo el área a su mando –Subzona 22 – Área 225, dependiente de la Zona 2 y del Comando del Cuerpo de Ejército II– numerosos trabajadores, estudiantes, profesionales y militantes políticos fueron secuestrados y torturados desde el mismo 24 de marzo de 1976, día del golpe de Estado cívico militar.
Margarita Alegre, la madre del soldado y militante peronista Jorge Papetti, fallecida en 2016, fue todos los días a reclamarle respuestas a Dasso luego de la detención del joven ejecutada el 16 de marzo de 1977. En todo momento recibió como respuestas evasivas, explicaciones ridículas como que se había escapado cuando lo trasladaban a Paraná y amenazas.
Durante el juicio de 2012 tuvo mucha repercusión la declaración testimonial del exgobernador Jorge Busti, quien relató el secuestro y torturas que sufrió durante la dictadura. Dijo en esa oportunidad que a fines de 1977 fue convocado por Dasso, quien lo atendió con un arma sobre el escritorio y una pila de cartas de familiares de detenidos. “Me dijo que él era dueño de la vida y la muerte de todos los que se encontraban bajo el Área 225”, remarcó el fallecido exmandatario.
Dasso falleció sin recibir sentencia por muchos otros crímenes por los que fue denunciado. Alcanzó a ser indagado por el Poder Judicial en una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos contra personas de nacionalidad uruguaya en Concordia, en el marco de la coordinación represiva sudamericana conocida como Plan Cóndor. En el expediente se investiga la responsabilidad de miembros de la policía local, a integrantes del Ejército argentino y militares de Uruguay por secuestros, privaciones ilegales de la libertad, violencia sexual y torturas. Las víctimas fueron siete ciudadanos y ciudadanas uruguayas que residían en la ciudad entrerriana, entre ellas un niño de 3 años.
Por otro lado, la fiscal federal Josefina Minatta se encuentra realizando una investigación preliminar a partir de una denuncia realizada por el coordinador del Registro Único de la Verdad, Marcelo Boeykens, por alrededor de 80 detenciones ilegales a partir del 24 de marzo de 1976 en Concordia. En este expediente, Dasso se encontraba en la mira como el principal responsable por su rol jerárquico en el Ejército durante la época de los hechos.
Naldo Dasso prestó declaración en el juicio por la causa Harguindeguy en noviembre de 2012, ante el Tribunal Oral Federal de Paraná. Además de negar su responsabilidad en las desapariciones de Zalasar y Solaga, por las que era juzgado. El primero había sido detenido en su casa y el segundo en la vía pública. “Recibí a los familiares de ambos y fui frontal; nunca fue mi intención alentar falsas expectativas. No sé qué pasó en aquellas circunstancias. Creo haber hecho todo lo que estaba a mi alcance”, dijo en aquella oportunidad. “Nunca supe ni sé qué pasó con Solaga y Zalasar. Si lo supiera, ya a esta altura del partido lo diría”, agregó, provocando la indignación de los familiares presentes en la sala.
Por otro lado, admitió que hubo presos políticos alojados en el Regimiento. Dijo que fueron 40 los detenidos la madrugada del 24 de marzo de 1976; siempre sin orden judicial, solo del Comando de Paraná, lo que le daba supuesta “legitimidad” por tratarse de un contexto de estado de sitio. Él “ni siquiera sospechaba” que esas órdenes no eran legítimas y se excusó diciendo que, como aquello era “una guerra”, le podría corresponder hasta la pena de muerte si no las cumplía.
Otras de las frases que causaron indignación fueron: “Como en toda guerra hubo heridos y muertos; errores y horrores; acciones injustificadas de ambos lados. Me declaro inocente de los delitos que se me imputan. No he sido ni soy represor, no he sido ni soy genocida, delincuente o corrupto. He sido un soldado que acató las órdenes de sus superiores”.