La Obra Social de Entre Ríos, conocida ahora como OSER (antes IOSPER), continúa en el centro de la polémica debido a reiterados incumplimientos que obligan a sus afiliados a recurrir a la justicia para garantizar sus derechos. Una reciente resolución judicial ordenó a OSER aceptar como adherente a la pareja conviviente de una afiliada que solicitó cobertura médica, luego de que la obra social se negara inicialmente a incorporarlo.
La decisión fue tomada por la jueza Fabiola Bogado Ibarra, de la Cámara Laboral de Paraná, que resolvió que la obra social incorpore a la pareja en un plazo de cinco días y asuma las costas del proceso, incluyendo los honorarios legales, pagados por la propia OSER debido a su incumplimiento.
INCUMPLIMIENTOS QUE SE REPITEN
Este caso refleja que, a pesar de las promesas del ministro Frigerio de que los problemas terminarían, los afiliados siguen enfrentando obstáculos similares a los de años anteriores, solo que bajo el nuevo nombre de OSER. La obra social continúa negando cobertura bajo argumentos cuestionables, obligando a los usuarios a acudir a la justicia para garantizar derechos que deberían ser automáticos.
En este caso, OSER justificó su rechazo en la actividad económica del conviviente, un argumento que ya ha sido cuestionado por la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. La jueza subrayó que la necesidad de afiliación no puede depender de la situación laboral del adherente y que la ley protege el derecho del grupo familiar primario del afiliado titular.
EL COSTO DEL INCUMPLIMIENTO
Más allá del amparo judicial favorable a los afiliados, el patrón de repetidos incumplimientos de OSER genera un costo adicional: los honorarios legales de los abogados son cubiertos por la obra social, lo que evidencia que los litigios podrían haberse evitado con una correcta atención administrativa.
Especialistas en derecho previsional y salud advierten que esta dinámica daña la confianza de los afiliados, quienes ven que sus derechos dependen más de la intervención judicial que de la voluntad de la institución. La ciudadanía reclama una reforma real que garantice cobertura efectiva sin necesidad de acudir permanentemente a los tribunales.
UNA OBRA SOCIAL CON PROBLEMAS ESTRUCTURALES
El caso evidencia que el cambio de nombre de IOSPER a OSER no resolvió los problemas de fondo: afiliaciones bloqueadas, justificaciones cuestionables y litigios continuos siguen afectando a los afiliados. La resolución judicial reciente es un nuevo ejemplo de cómo los problemas históricos persisten y dejan a los usuarios a merced de procesos judiciales para hacer valer sus derechos.
Por ahora, la obra social sigue enfrentando cuestionamientos y la pregunta central permanece ¿Cuándo OSER logrará brindar cobertura sin que los afiliados tengan que recurrir a la justicia?