La reunión que este martes mantuvieron el gobernador Rogelio Frigerio y el ex mandatario provincial Gustavo Bordet no fue un hecho más en la agenda institucional de Entre Ríos. Por el contrario, se trató de un gesto político cargado de significados, que interpela tanto a la cultura democrática como a las formas contemporáneas de ejercer el poder en un contexto atravesado por tensiones económicas, sociales y federales. No se vieron cámaras ni comunicados rimbombantes; hubo, en cambio, una conversación a solas, en el despacho del gobernador, y una invitación formulada en un carácter preciso: Bordet fue convocado como ex gobernador, no como diputado nacional ni como referente orgánico del Partido Justicialista.
Frigerio decidió sentarse a dialogar con quien gobernó Entre Ríos durante ocho años y conoce, como pocos y desde adentro, la compleja maquinaria del Estado provincial: sus inercias, sus límites estructurales, sus urgencias sociales y sus márgenes de acción. En términos institucionales, la decisión supone reconocer un capital de experiencia que trasciende la coyuntura partidaria y que puede resultar valioso en tiempos de incertidumbre.
También es cierto que el diálogo llega demorado. El propio Bordet lo ha señalado en reiteradas oportunidades: durante los primeros dos años de la actual gestión provincial, ese canal no se había abierto. De todos modos, la reunión de este martes rompió, entonces, una lógica de compartimentos estancos que suele caracterizar a la política argentina, donde los cambios de signo partidario suelen traducirse en silencios prolongados y desconfianzas mutuas.
“El encuentro con el gobernador Rogelio Frigerio se dio en un marco de diálogo institucional que considero natural y necesario”, expresó Bordet, tras la reunión. Y agregó una definición que sintetiza su posicionamiento: “Debería ser una práctica habitual entre quienes hemos tenido responsabilidades de gestión, basada en el respeto, la madurez política y la búsqueda de soluciones concretas para los desafíos que enfrenta nuestra provincia”. La frase no sólo describe el tono del intercambio, sino que instala una vara ética para la política entrerriana: la del diálogo como método, incluso -y sobre todo- en la diferencia.
En el plano social, Bordet indicó que fue enfático al manifestar su repudio al despido de más de un centenar de trabajadores municipales en Concordia. No se trató sólo de una defensa gremial, sino de una advertencia institucional: “No sólo por lo que implica en términos laborales, sino también por la gravedad institucional que supone limitar el derecho a la protesta legítima en plena democracia”. El planteo introduce una dimensión que trasciende el caso puntual y remite a la calidad democrática, a los límites del poder y al respeto de los derechos fundamentales.
La crisis laboral y productiva también estuvo sobre la mesa. Bordet mencionó específicamente la situación de la empresa Tres Arroyos, con atrasos salariales y serias dificultades operativas que afectan a cientos de familias. En ese punto, el ex gobernador volvió a vincular la coyuntura provincial con un escenario económico más amplio, donde la falta de políticas activas golpea con dureza a las comunidades del interior.
Otro de los ejes centrales fue la obra pública. Bordet le señaló a Frigerio que “la falta de financiamiento no es un dato técnico: se siente en el empleo, en la economía local y en la vida cotidiana de la gente”. La frase resume una concepción del Estado que entiende a la inversión pública como una herramienta de desarrollo y cohesión territorial. “Es imprescindible que el Estado recupere un rol activo en el desarrollo y la integración territorial”, subrayó, marcando una diferencia clara con la lógica de retracción estatal que hoy predomina a nivel nacional.
En materia previsional, Bordet fijó una posición nítida respecto de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. Fue claro al afirmar que cualquier reforma debe contar con el acuerdo de los trabajadores, quienes sostienen el sistema con sus aportes. “Sin consenso ni participación activa, no hay reformas que puedan considerarse legítimas ni sostenibles en el tiempo”, advirtió, y renovó su compromiso de “defender un sistema digno, equilibrado y respetuoso de los aportantes y de los jubilados entrerrianos”. No es una postura improvisada: recordó que durante su gestión impulsó un debate sobre la Caja, que quedó truncado por la irrupción de la pandemia, aunque luego se avanzó en correcciones parciales para reducir asimetrías.
Finalmente, el encuentro incluyó una mirada estratégica sobre el desarrollo regional. Bordet expuso dos proyectos que impulsa en el Congreso: el incremento de las regalías de Salto Grande y la conexión vial entre Brazo Largo y Nueva Palmira, para la cual busca la declaración de interés público. Ambas iniciativas apuntan a fortalecer la infraestructura y el posicionamiento de Entre Ríos en el mapa productivo y logístico del país y de la región.
Frigerio puso sobre la mesa la reforma de la Constitución
Por su parte, desde la Casa de Gobierno se reconoció que Frigerio le planteó a Bordet la posibilidad de trabajar una agenda de asuntos a ser incluidas en una Convención Constituyente.
El objetivo del gobernador es la necesidad de reformar la Carta Magna y lo fundamentó la iniciativa en dar herramientas que permitan facilitar la gestión del Estado, aunque no se dieron mayores precisiones.
La idea de la reforma constitucional ya había sido expresada -como deseo político- por parte del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso en las dos últimas veces que fue entrevistado en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral).
