Ayer, martes 2, a media mañana la ciudad de Chajarí se vio sorprendida al observar móviles de Gendarmería en un aparente allanamiento en la escribanía de la actual diputada radical-libertaria, Gabriela Lena.
El fiscal federal Francisco Bernhardt fue quien ordenó lo que se calificó no como «allanamiento» sino como una «orden de presentación de protocolo» que, en rigor, tiene el mismo objeto que el allanamiento. Vale señalar que se trata de la causa penal federal en la que se investiga el comportamiento de Lena en relación a dos niñas dominicanas de 11 y 13 años que ingresaran irregularmente al país con su padre cuya intención era “darlas en guarda” (pero sin el consentimiento de la madre de ambas), a una familia de Villa del Rosario.
Consultado al respecto, el fiscal federal Francisco Bernhardt dijo que sí, que efectivamente él había ordenado esta «orden de presentación de protocolo» con el objeto de obtener información calificada como valiosa.
En rigor lo que el fiscal buscaba era el Libro de Protocolos 2023 (o sea, la fecha en la que tuvieron lugar los hechos que apuntan contra la escribana-diputada), pero esa documentación no se encontraba en el estudio allanado ubicado en calle Mitre entre Urquiza y San Martín de Chajarí.
Según el fiscal ese libro no se encontraba en el despacho de la diputada. El libro está en Concordia y lo presentarán en el juzgado federal con asiento en Concordia.
BREVE REFERENCIA DEL SUPUESTO DELITO IMPUTADO A LENA
Una familia de Villa del Rosario se proponía adoptar a esas dos niñas extranjeras por fuera del circuito legal para lo cual recurrieron a la escribana diputada a efectos de dar visos legales a un delito como es la apropiación indebida de dos niñas extranjeras, una forma de evitar los engorrosos trámites de adopción.
Aunque resulte extravagante, la diputada Lena, en su carácter de escribana, redactó dos escrituras por medio de las cuales el padre de ambas, ofrecía en guarda a sus dos hijas.
Una diputada de la Nación no solo quebrantó su deber de informar a Migraciones el ingreso ilegal al país de tres extranjeros (un mayor y dos menores), sino que “celebró un acto jurídico prohibido por el Código Civil y Comercial por el cual se pretendió consolidar una guarda de hecho aprovechándose de la vulnerabilidad de esta familia dominicana”, tal lo que rezan los expedientes que denuncian este caso.
El caso fue a parar justo en manos del juez José María Lena, hermano de la diputada, lo que le valió la recusación.