El 18 de diciembre de 2024 el Poder Ejecutivo dictó el decreto Nº 3.810 que refrendó una petición de la Jefatura de Policía de Entre Ríos tendiente a efectuar relevos y designaciones en las funciones de oficiales jefes superiores. Uno de los relevados de su función fue el comisario mayor Edgardo Andrés Montenotte, que ejercía como jefe departamental de Policía de Federación.
Montenotte se sintió “discriminado” por esa medida y presentó un recurso de revocatoria de los términos de aquel decreto que lo removió de su cargo. Pero tanto el área jurídica de la Policía como la Fiscalía de Estado opinaron que el planteo del exjefe policial debía rechazarse.
El funcionario policial había pedido la revocatoria del decreto que lo relevó de su cargo, que se lo restituya al cargo y se le pague el adicional por responsabilidad funcional “desde la supresión hasta el efectivo pago, y daños y perjuicios por la discriminación manifiesta que debe hacerse cesar de inmediato e indemnizar”.
El jefe policial atacó en su escrito el decreto que dispuso su remoción de jefe departamental Federación porque, aseguró, se trató de una “decisión reñida con la garantía de estabilidad del artículo 42º de la Constitución Provincial”.
El decreto que rechaza el planteo ante el Ejecutivo del jefe policial reseña que en su presentación procura la “invalidez del acto administrativo” por cuanto “padece vicios que afectan su legitimidad. Luego, habla de “discriminación manifiesta” y pidió que “se haga cesar de inmediato y se ordene indemnizar”.
Entendió que hubo “discriminación en su contra” y cita el caso de un jefe policial con proceso judicial y que aún así continúa cobran el adicional por responsabilidad funcional. “Es evidente la arbitrariedad y la discriminación”, entendió. Más aún, denuncia violencia en los derechos de su familia, en particular contra sus hijos menores de edad.
Luego, pidió “el derecho al ascenso al grado inmediato superior” y atribuye “responsabilidad al Estado en la causación de daño moral y material en su perjuicio”.
Pero nada de sus reproches prosperaron. El Poder Ejecutivo rechazó el recurso de revocatoria.