El Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos expresó “profunda preocupación y enérgico rechazo” ante las declaraciones públicas realizadas por el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia. El funcionario acusó ante la prensa a profesionales del derecho de proveer teléfonos celulares a personas presas.
“Roncaglia ha afirmado que profesionales del derecho, en el marco de visitas a establecimientos penitenciarios, estarían involucrados en el ingreso ilícito de teléfonos celulares a personas privadas de libertad. Tales declaraciones, carentes de sustento fáctico y prueba alguna, resultan infundadas y temerarias, y constituyen un agravio al ejercicio digno y ético de la abogacía. Afectan la imagen pública de nuestra profesión y siembran sospechas injustificadas sobre quienes desempeñan un rol esencial en el sistema de justicia penal”, expusieron los profesionales en un comunicado.
El ministro formuló las declaraciones en cuestión durante un procedimiento que se llevó a cabo en la Dirección de Vías Navegables, en el Puerto Nuevo de Paraná, donde se compactaron 4.300 teléfonos celulares incautados en unidades penales. Dijo que no solo los familiares les llevan teléfonos a los presos, sino también “los mismos abogados que van a ver a sus clientes”.
“Recordamos que el ministro, en su carácter de funcionario público, tiene el deber legal de formular la correspondiente denuncia cuando toma conocimiento de hechos presuntamente delictivos, y no recurrir a medios de comunicación o redes sociales para realizar imputaciones generalizadas que comprometen principios elementales del estado de derecho”, sostuvieron desde el Instituto de Derecho Penal.
“El acceso de los abogados y abogadas a sus defendidos es una garantía constitucional que no puede ser limitada ni puesta en duda a través de declaraciones públicas sin sustento. Cualquier conducta contraria a la ley debe ser individualizada, denunciada y probada ante las autoridades judiciales competentes”, añadieron.
Finalmente, los abogados solicitaron a Roncaglia que “con el mismo alcance y difusión con que formuló sus afirmaciones, reflexione públicamente sobre sus dichos y reafirme el respeto al trabajo de los profesionales del derecho, cuya labor es indispensable para asegurar un proceso penal justo y conforme a las garantías constitucionales”.