Hace pocos días, casi un centenar y medio de miembros de la Junta de Calificación y Promoción del CONICET envió a las autoridades del organismo una carta en la que expresaron su profunda preocupación por la gravísima situación por la que atraviesa el sistema científico y tecnológico argentino.
La Junta de Calificación y Promoción es el órgano que asesora al Directorio sobre ingresos y promociones y está integrado por miembros de las más altas categorías de todas las disciplinas que integran la Carrera del Investigador Científico.
Las evidencias sobre la crítica situación por la que atraviesa el sistema científico y tecnológico argentino son múltiples y visibles. Prácticamente se ha suspendido el financiamiento de proyectos comprometidos y en desarrollo, se ha retrasado la ejecución de fondos de cooperación internacional, la Agencia Nacional de Promoción Científico y Tecnológica está paralizada y con un destino incierto y los salarios han acompañado el deterioro real del resto del sector público.
En estos meses la Junta de Calificación y Promoción se encuentra abocada a evaluar los postulantes a nuevos ingresos a la Carrera y a la promoción de investigadores.
Esta tarea se está llevando a cabo a pesar de que aún están pendientes de efectivización, y sin perspectivas ciertas, los 845 postulantes aprobados en la convocatoria 2022. Un número no despreciable de estos investigadores, que han atravesado un proceso de formación de varios años (la inmensa mayoría con programas de postdoctorado), desistirá de ingresar al sistema nacional atraídos por mejores expectativas en el exterior.
Resulta redundante señalar que no se trata de buscadores de empleo público, sino de portadores de capital humano acumulado con su esfuerzo personal y el de sus directores, así como con los recursos invertidos por toda la sociedad en su formación.
La función de ciencia y técnica representará en 2025 apenas el 0,157% del PIB, prácticamente la mitad que en el año 2023 y similar a la del crítico período 2001-02. Sin embargo, en esta ocasión este deterioro material se combina con una sistemática desvalorización del rol de la comunidad científica y del papel del Estado en su desarrollo.
A ello se suma, además, la ausencia total de una propuesta sobre cómo organizar el sector en el futuro. Las pocas pistas que existen muestran una decepcionante solidez conceptual y una profunda ignorancia de la experiencia comparada. El ejemplo más claro de ello es el principio de que el criterio de utilidad de la investigación es la disposición del sector privado a financiarla.
Es muy probable que, como muchas instituciones estatales, el CONICET y el sistema científico-tecnológico argentino necesite mejorar su eficiencia y su funcionamiento. Pero eso no se va a lograr con iniciativas que desconocen la experiencia internacional y tienen un sesgo ideológico tan pernicioso como el que condena. Tampoco con la eliminación o la agonía del sistema en su formato actual. Si las autoridades tuvieran algo constructivo para proponer en la materia sería útil que lo hicieran público y lo sometieran al debate necesario en las instancias pertinentes.
Mientras esto no ocurra el sistema científico-tecnológico argentino seguirá siendo objeto de una política destructiva y desmoralizadora que pone en riesgo terminal un activo público acumulado sobre la base del esfuerzo de toda la sociedad.
Roberto Bouzas es Profesor emérito, UdeSA e Investigador superior (j), CONICET