A través de un comunicado enviado a la redacción de esta página, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas expresó su preocupación por la falta de información integral sobre dos proyectos que amenazarían al río Uruguay.
En el escrito la entidad planteó que “las comunidades ribereñas, que dependen directamente del río para su subsistencia, se ven afectadas por dos megaproyectos que podrían transformarlo irreversiblemente”, en referencia la construcción de una planta de hidrógeno verde en la ciudad uruguaya de Paysandú y la profundización del dragado en el curso de agua.
A juicio de esta agrupación, ambos proyectos “podrían transformar irreversiblemente este importante ecosistema y la vida de quienes dependen de él”. “El río Uruguay, compartido entre Argentina y Uruguay, es gestionado por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que debería haber publicado información oficial sobre dos proyectos clave”, reclamaron, asegurando que ambas iniciativas tienen “enormes riesgos ecológicos y sociales”.
Enseguida, solicitaron esa información mediante acciones administrativas: “La falta de respuesta de la CARU y la ausencia de consultas previas son graves. Las comunidades afectadas no tienen acceso a los datos necesarios para evaluar los impactos de estos proyectos. El derecho a la información y la participación es fundamental para el ambiente y asegurar decisiones que no pongan en riesgo el bienestar de la gente”.
Para concluir su declaración, consideraron “imprescindible” que las comunidades puedan conocer estos proyectos y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas. “La defensa del río no es un asunto menor: es una lucha por preservar los bienes naturales, las cuencas, las identidades locales y las vidas plenas para todas las personas que habitan en la provincia y a lo largo de la cuenca”, finalizaron.
Acerca de la entidad
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas se presenta como un espacio federal de activismo y militancia para la justicia ecológica y social.
Mediante la incidencia jurídica, legislativa y comunicacional, buscan construir redes y acompañar a organizaciones socioambientales, comunidades y poblaciones de todo el país.
Un equipo interdisciplinario que pretende frenar la profundización del colapso ecológico y climático, mientras acelera las acciones hacia una transición socioecológica integral y justa.