La Ley Ómnibus, después de un mes de negociaciones y en la cuarta jornada de tratamiento en el recinto, volverá a comisiones. El presidente del bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago, tomó la palabra y pidió votar el artículo 127, inciso 8, del reglamento de la Cámara de Diputados que ordena: «Que el asunto se envíe o vuelva a comisión». La votación se aprobó a mano alzada y el presidente Martín Menem anunció: «Se levanta la sesión».
Durante unos minutos el insólito episodio abrió el interrogante para saber qué pasaría con la votación en general aprobada el viernes pasado y con los artículos votados durante la sesión de este martes.
Sin embargo, tras salir del recinto, varios diputados mencionaron que en el reglamento de la Cámara figura el artículo 155, en el se estipula que «un proyecto que, después de sancionado en general, o en general y parcialmenteen particular, vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna».
Antes de que se suspenda la sesión, hubo un cuarto intermedio entre la oposición light y el oficialismo para intentar salvar la votación. Fue precedido de una frase categórica del presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal –bloque que ya había votar en contra el artículo 4 de facultades delegadas–. «Al oficialismo le pedimos que tenga una cuota de flexibilidad, les encanta seguir perdiendo», invitó Miguel Ángel Pichetto.
Quince minutos después, tras días y jornadas extensas de negociación la sesión se levantó con la vuelta a comisión.
Qué decía el artículo de privatizaciones que no se trató
El artículo 7 habilitaba a la privatización «total o parcialmente o liquidar empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional». Una de las concesiones que se le había arrancado al oficialismo en la negociación fue que en el proceso de privatizaciones que se llevara adelante intervendría la “Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones”.
Además, tras la votación en general del viernes se agregó un nuevo artículo, sin número, que indica que la declaración de «sujeta a privatización» de cualquier empresa del Estado «será hecha por el Poder Ejecutivo nacional, la cual deberá ser aprobada por ley del Congreso», dándole trámite de preferencia.
Y de la lista original de 41 empresas que el gobierno de Javier Milei quería poner a la venta se había retirado a YPF y se había divido el listado en cuatro anexos, a gusto de cada parte negociadora. No fue suficiente para evitar que el tema vuelva a comisiones, incluso tras haber sido aprobado a la ley en general.