La titular de la CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, María del Carmen Verdú se prestó al dialogo con el programa «La Mañana de Uno» de la 106.1, Radio Uno de Federación, este lunes 27 de marzo. A pocos días de la presentación del informe anual sobre la represión estatal en Argentina, la abogada del CORREPI invita a ingresar en el sitio correpi.org para quien desee enterarse del estado represivo en el que se desenvuelve la sociedad.
¿Cuándo se crea la CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional?
-Pocos años después de la recuperación de la democracia.
Y lo hacen empujados por una realidad absolutamente injusta que estaba sucediendo.
-Lo que veíamos era que los organismos de derechos humanos tradicionales, las organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, no percibían estas prácticas, que en aquel momento eran casi exclusivas de la Policía porque Gendarmería y Prefectura todavía no tenían intervención en el patrullaje urbano como la tienen ahora. No percibían en estas prácticas ningún tipo de cuestión de origen político, de afectación a los derechos humanos, a las libertades individuales. De hecho, cuando intentamos llevar esta agenda a algunas de estas organizaciones la respuesta que recibimos fue, «nos vienen con temas de policías y ladrones». Partían de la equivocada idea que se habla de represión solamente si la víctima es un militante o un luchador revolucionario y ¡es el sistema el que decide a quien va dirigir su aparato represivo según la etapa! Durante muchos años nuestro primer debate fue demostrar que el gatillo fácil, las muertes en lugares de detención existían como políticas de Estado sino también que tenían un objetivo vinculado políticamente a la subsistencia del sistema.
Para algunos lectores este dialogo parecerá desubicado porque en ciudades chicas como Federación la Policía ha logrado un consenso en la población.
-Hay que tener en cuenta que en democracia hay un axioma al que recurren todos los gobiernos: para aquellos que decidan pintarse la cara con los derechos humanos, la defensa de las libertades públicas y la lucha anti represiva, siempre van a aplicar tanta represión como sea necesaria. Pero también van a tratar de obtener todo el consenso posible. Esto lo sabe hasta la maestra de primer grado que recién inicia sus clases. Si se para frente a sus alumnitos y se muestra débil, no logra de entrada establecer allí una relación de poder, va a tener problemas durante el resto del año porque la clase va a ser un zafarrancho. Según el estilo de la docente, los comprará con alguna historia interesante que los haga prestar atención o les pegará cuatro gritos y les aplicará una penitencia. Y acá es más o menos igual. Seamos prácticos y comparemos gestiones. En la gestión de Juntos por el Cambio, lo que se hacía era pegar cuatro gritos y aplicar la reprimenda. Desde la foto con el fusilador de Chocobar hasta los protocolos Bullrich para las fuerzas federales. En otro tipo de gestión como la actual o las anteriores de los Kirchner, siempre está la palabrita referida a los derechos humanos, a las libertades democráticas. Hay una diferencia notable entre una gestión y otra, ¡y las dos son burguesas, capitalistas, etcétera!
¿Cómo está la cuestión derechos humanos hoy?
-Respecto de las causas históricas, poco y nada puedo agregar porque no es el área de militancia de CORREPI. Como organización anti represiva que apunta directamente a cómo se reprime en democracia, no es ese el ámbito en el cual militamos. Si hablamos de los derechos humanos históricos en Entre Ríos yo recuerdo a Gómez y Balbuena, los primeros desaparecidos en democracia que tuvieron. O en los casos de este último año que se pueden consultar en nuestra página web correpi.org. Justamente el pasado 17 de marzo hicimos la presentación del informe de la situación represiva a nivel nacional. Allí se publicó la puesta en práctica de lo que llamamos la Agenda Urgente Antirepresiva, una serie de medidas que no requieren que la clase obrera tome el poder ni nada parecido y que, sin terminar con estas prácticas porque son sistémicas, sí se pueden reducir sensiblemente. Se puede reducir de manera sensible la brutalidad de las fuerzas en las calles. El 66% de los casos de gatillo fácil y fusilamientos, se producen en la vía pública, con el arma reglamentaria pero con funcionarios de las fuerzas de seguridad fuera de servicio. De ahí que pidamos la prohibición del uso del arma reglamentaria cuando se está fuera de servicio. El otro dato fundamental, el de las detenciones arbitrarias. Más allá de las hipótesis que legalmente posibilitan las detenciones, encontrarlos con las manos en la maza, las fuerzas de seguridad pueden detener a cualquiera en cualquier lugar. Tienen toda una batería de excusas para detener discrecional y arbitrariamente como los arrestos preventivos en materia contravencional, averiguación de antecedentes, las detenciones al boleo en manifestaciones, etc. En el próximo mes de septiembre se van a cumplir 20 años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el asesinato de Walter Bulacio, le dijo al Estado argentino, «muchachos, ustedes tienen que eliminar todo este sistema porque va en contra de todos los convenios internacionales de derechos humanos que ustedes firmaron». Hasta hoy eso no se ha cumplido y la mitad de las personas que mueren dentro de una comisaría, como Daiana Abregú en Laprida, como Florencia Magalí Morales en San Luis, no están presas por un delito.