¿ES CIERTO QUE LOS PRODUCTOS TECNOLÓGICOS SE FABRICAN PARA ROMPERSE?

“Pero si mi Smartphone con tapita tenía mejor batería”, piensan algunos. “Lo podía tirar contra una pared y seguía andando lo más bien”, recuerdan otros. Las cosas ya  no se hacen como antes, dicta la sabiduría popular, cuando todo estaba pensado para durar muchos años. Hoy parece que la regla que rige la producción y el diseño es la  innovación y la celeridad, pero no se presta atención a la usabilidad en el tiempo. En épocas de apresuradas innovaciones es legítimo preguntarse qué papel juega la sustentabilidad funcional en un ambiente donde la dicotomía es innovar o morir. De acuerdo a una investigación de Cisco e IMD Digital Vortex Research, en los próximos cinco años la disrupción digital desplazará un 40 por ciento a las tecnologías ahora existentes, que pasaran al cajón del olvido junto con otras tecnologías obsoletas. Lo que, a su vez, invita a desechar esa misma tecnología inservible. De acuerdo a los datos del reporte Crímenes del Desecho elaborado por el Programa Medioambiental de Naciones Unidas, hasta 50 millones de toneladas de desperdicio electrónico –en particular computadoras personales y teléfonos inteligentes– van a pasar a ser parte del paisaje de los basurales alrededor del mundo durante el 2017.

La rapidez de recambio tecnológico podría bien ser síntoma de un saludable entorno de innovación que acoge a la tecnología en la sociedad, que puja por encontrar más y mejores soluciones, pero por otro lado un visión pesimista podría entenderlo como consecuencia de la filosofía corporativa de presentar productos con vida útil cada vez más acotada pensando siempre en la venta de la próxima versión. ¿Se crean los bienes tecnológicos con una vida útil artificialmente planificada para encajar mejor en un mundo de consumidores hambrientos por novedades?

Un poquito más nuevo, un poquito mejor y un poquito antes

La hipótesis de que los productos de la industria y la manufactura deberían tener una vida útil vinculada a su consumo antes que a las posibilidades técnicas es de larga data. Durante la depresión norteamericana en la década de 1930, el bróker del Real State, Bernand London, publicó un célebre artículo titulado “Terminar la depresión a través de la obsolescencia programada” en el cual emitió una señal de alerta respecto a la nueva economía norteamericana: demasiados productos y pocos consumidores con poder de compra. La idea de London consistía en reemplazar periódicamente los bienes y capitales del país para estimular la economía y virtualmente desterrar el desempleo de la nación.

Hoy entendemos la obsolescencia programada como “la estrategia empresarial donde se acorta deliberadamente el ciclo de vida de un producto con la intención de revitalizar la demanda. Es el lado patológico del cambio tecnológico y, en algunos casos en ciertos países, constituye un delito, por ejemplo, cuando se trata de compras públicas. Podría ser en parte interpretado como parte de un fraude o de un abuso de confianza”, explica Fernando Peirano, economista, especialista en Innovación y Desarrollo, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Según la palabra del experto, la práctica de la obsolescencia planificada emerge sólo en determinados contextos. “Se da en los mercados de bienes durables y para que esta estrategia se despliegue se necesitan dos ingredientes: una oferta con una estructura oligopólica, donde pocos jugadores impongan reglas o dinámica y una marcada asimetría de información, es decir, cuando el comprador no tenga forma de verificar por sus propios medios las condiciones técnicas de los bienes”, desarrolla Peirano.

“Ejemplos extremos los encontramos cuando un bien de uso se diseña con un talón de Aquiles; una pieza que deliberadamente tiene la cualidad de hacer inservible a todo el artefacto y que el fabricante puede determinar que tenga una vida útil más corta que el resto del equipo. El uso de baterías que no pueden cambiarse podría ser un ejemplo de esto. Incorporar un chip que cuente las horas de uso de una lámpara de bajo consumo o el número de copias de una impresora o de una fotocopiadora”, ejemplifica el académico. Pero no es tan sencillo ponerse de acuerdo respecto a este fenómeno. De hecho, para Caren Kalafatich, abogada por la Universidad Nacional del Litoral especializada en derecho al consumidor y miembro de la Asociación Civil de Usuarios y Consumidores Unidos  “no hay una definición concreta de obsolescencia programada, la Unión Europea tiene una, Francia tiene otra de la mano del Centro de Defensa al Consumidor y en la academia depende del autor y el enfoque. A mí me parece más útil hablar de elementos que caracterizan la práctica.

Por ejemplo que sea un hecho comercial deliberado y planificado, que exista una muerte o inutilidad rápida del producto; ya sea técnica por falta de repuestos o abandono comercial, y por último en que se convierte al consumidor en usuario cautivo; o bien porque no hay servicio técnico o no existe el repuesto o bien porque la reparación es más cara que un nuevo modelo”.

Le pasó al amigo de un amigo

Pero más elocuente y explicativo que las definiciones enciclopédicas resultan los casos de la vida real. En el 2001 salió al mercado un disruptivo producto de Apple, el reproductor de música iPod. Si bien un éxito en ventas, presentó varias problemas en relación a la batería en una gran cantidad de usuarios. Debido al descontento generalizado, se entabló una class action en contra de Apple  en un caso que vino a denominarse Andrew E. Westley v. Apple Computer Inc. La situación era que, por un lado, la publicidad de Apple podía ser engañosa, ya que comunicaba con mucho entusiasmo que con un tamaño tan pequeño el iPod (con una capacidad variable de entre 10 y 40 GB) era capaz de reproducir una nueva canción al día durante los próximos 27 años. Y por el otro que cualquier intento de manipulación del producto resultaría en una revocación de la garantía. Por lo que la batería no sólo no duraba lo suficiente sino que era imposible de reparar.  Apple consideró que era más beneficioso llegar a un acuerdo con los demandantes, y el tema se dio por terminado en el año 2005.

Mientras tanto, en el vecino país de Brasil, en el año 2013 la compañía de Jobs y Wozniak volvió a tener problemas cuando Leticia Soster Arrosi volvió de un viaje al Uruguay y se encontró con la poco grata sorpresa de que el sistema operativo iOS que alimentaba a su iPhone 3G no soportaba la ejecución de las aplicaciones instaladas en el Smartphone. La damnificada intentó volver a instalarlas, pero Apple la anotició de que el sistema operativo debía ser como mínimo la versión iOS 4.3 para correr el software correctamente. El iPhone era un modelo obsoleto y la única alternativa para la consumidora, a efectos de seguir utilizando las funcionalidades que le entregaba anteriormente su Smartphone, era adquirir un modelo superior (iPhone 4, iPhone 4S, o iPhone 5). La Justicia brasileña falló a favor de la demandante respecto a una violación de la compañía del artículo 32 de la ley de Defensa al Consumidor que impone la obligación de los fabricantes e importadores de proveer repuestos y piezas de reposición mientras exista la fabricación o importación del producto, e incluso cuando dicha fabricación o importación haya cesado, la oferta de dichos repuestos debe mantenerse por un período de tiempo razonable. Apple no podía dejar de proveer soporte a un producto al menos por los tres años siguientes a la comercialización original. La compañía intentó, prematuramente, volver obsoleto a su modelo. Sin embargo, en ambos casos el conflicto se dirimió apelando a las reglamentaciones de defensa al consumidor.

“La tendencia es a reducir continuamente los ciclos de vida de los productos. De otra manera no se podría nunca lograr los objetivos de las empresas de vender más unidades cada año en mercados ya saturados. Cada vez es menos frecuente la reparación de productos. Los productos en general no se diseñan para que sea fácil la reparación, la cantidad de información técnica y repuestos que ofrecen los fabricantes es cada vez menor”, quien pinta este panorama sombrío es Victor Liste, ingeniero por la Universidad de Buenos Aires y fundador de la empresa de automatización IRBS .

Pero no son todas pálidas, el ingeniero suaviza su visión explicando que “hay casos donde el cambio de producto está más que justificado por las mejoras de la nueva versión. Un smartphone es superador de un celular común y mejora la productividad y eficiencia si está bien usado. En otros casos actualizar productos tiene beneficios ecológicos. Por ejemplo, cuando se renueva un aire acondicionado por otro que consume la mitad de la energía y brinda la misma potencia de enfriamiento”. Pero inmediatamente agrega que “nada impide que estos nuevos productos superadores se fabriquen para ser durables y reparables. Eso es lo que está faltando en muchos casos. Hay quienes dicen que esto no tiene sentido porque antes que se rompan surgirán tecnologías más eficientes, pero nada asegura que esto ocurra, y de hecho, se observa que muchas veces el cambio de producto sólo se realiza por la imposibilidad de repararlo a un precio lógico”.

En efecto, el fenómeno de la obsolescencia no aparece en un vacío económico y social. Se desarrolla y modifica en relación con el entorno corporativo donde se encuentra. Un claro ejemplo es el software. “Cada vez más, se impone el modelo de negocio de software como servicios (SaS). Entonces, las estrategias de los grandes fabricantes se mueven: de la obsolescencia programada y el reclamo por la compatibilidad con versiones anteriores pasamos a un terreno donde estar registrado nos permite acceder a actualizaciones casi diarias. Así la relación entre las empresas y los consumidores cambió completamente y ya no tiene sentido que nos estimulen a renovar nuestro paquete de software”, detalla Peirano, economista especialista en desarrollo e innovación.

Un jugador de peso que no puede seguir pasando desapercibido es el sector público, que es quien a fin de cuentas puede marcar algunas de las reglas de juego. “El Estado debe mitigar los efectos que da lugar las estructuras de mercado oligopólicas. Una de esos efectos no deseados es la obsolescencia programada. Puede velar por reducir las asimetrías de información, por ejemplo, obligando a certificaciones técnicas a cargo de organismos público o independientes de los fabricantes”, dice el economista, y agrega que “la asimetría de información no es algo que sufre solo el consumidor. Los Estados son organismos muy grandes y complejos y las compras de tecnología pueden llevar una parte muy importante de sus presupuestos”. Sin embargo, este no ha sido siempre el caso. Vale tan solo recordar el Plan Canje Automotriz de 1995 que vino a poner paños fríos en la economía local golpeada por el efecto tequila: se ofreció un bono de 4000 dólares a cambio de autos de más de 10 años.

El bono podía ser usado para cubrir el 20% apropiadamente de la compra de un auto 0 Km de fabricación nacional. Así se destruyeron más de 25.000 unidades, con un costo fiscal de 50 millones de dólares y un parte simular a cargo de las empresas automotrices y concesionarios. Sin ir a épocas lejanas, el Plan Renovate, del año 2015. Descuentos del 25 por ciento en toda la línea blanca  (heladeras, lavarropas y aires condicionados) si se entregaba un equipo usado. La política apuntaba a mejorar el perfil de eficiencia energética del rubro. Los nuevos equipos debían tener una eficiencia energética de grado A. Y también estimular la fabricación y las ventas. “Hay que tener lograr un equilibrio delicado: no conviene desalentar la competencia y la incorporación de novedades, obstaculizar la innovación”, dice el economista de la UBA.

 

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